En Yucatán, 42 municipios no cuentan con algún tipo de planeación o gestión del territorio y sólo siete cuentan con un programa de ordenamiento territorial, lo que incluso genera el riesgo de que crezca la población de forma desordenada, no obstante, a partir de 2024 deberán comenzar a trabajar en ello.
De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en el Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Delegaciones, estos datos reflejan la necesidad de actualizar el marco jurídico estatal, por lo que se tienen que hacer los programas de Desarrollo Urbano.
No obstante, la Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial Y Desarrollo Urbano del Estado de Yucatán y la Ley De Procuración De Justicia Ambiental y Urbana fueron ya fueron publicadas este fin de semana en el Diario Oficial del Estado bajo el decreto 702/2023.
Las determinaciones de las y los legisladores de Yucatán indicaron que la creciente mancha poblacional en el territorio ha provocado la existencia de problemas en todas las vertientes tanto ambientales, como económicas y sociales, por lo que ya urgía contar con leyes de este tipo.
“La ley propuesta beneficiaría en primer lugar a todos los ciudadanos, residentes y turistas del estado, que podrían disfrutar de asentamientos planificados, donde puedan gozar de los servicios públicos de manera expedita, además gozarían de un asentamiento sostenible y respetuoso con el medio ambiente, propiciando una mejora significativa en su calidad de vida y en su salud”, indican en el decreto.
Igualmente, dentro de la creación de estas leyes, se indica la creación de la Procuraduría de Justicia Ambiental y Urbana, la cual para ser aprobada causó polémica entre las y los legisladores locales.
Por ejemplo, el diputado morenista Rafael Echazarreta Torres, ha considerado que al mismo tiempo con estas leyes y esta procuraduría nueva “es un secuestro a la propiedad privada”.
“Estamos legitimando al primer cartel inmobiliario gubernamental”, precisó.
Sin embargo, en el decreto se establece que el principal fin es: proteger, preservar y restaurar el ambiente y el equilibrio ecológico en Yucatán, así como la defensa de los derechos de las personas a disfrutar de un ambiente sano, y la utilización adecuada del territorio y los recursos naturales, a través de la promoción y vigilancia de la aplicación y el cumplimiento de las disposiciones legales en materia ambiental, territorial y urbana. (Noticaribe)
