La Diócesis de San Cristóbal de las Casas, dirigida por el obispo Rodrigo Aguilar Martínez, denunció un aumento de violencia en Chiapas.
En un comunicado publicado el 21 de diciembre dirigido al gobierno federal, organismos de derechos humanos, medios de comunicación y a la sociedad en general, la Diócesis dijo que “las voces de nuestros pueblos están siendo silenciadas por la violencia, las armas y la intimidación”.
“En Chiapas estamos viviendo en medio de grupos criminales que se disputan el territorio poniendo a la sociedad civil como barrera humana, sin que se haga valer el derecho del pueblo a la seguridad, el libre tránsito, la paz y otros, de manera permanente”.
Según el documento, desde hace más de dos años, la región fronteriza de Chiapas sufre azotes de violencia manifestada en amenazas, hostigamientos, cobro de piso, intimidaciones, desapariciones, secuestros, asesinatos, despojos, saqueo y explotación minera, “un sinfín de violaciones a los derechos humanos y colectivos”.
La Diócesis sostiene que el crimen organizado mantiene a los pueblos sitiados y que les preocupa enormemente la situación actual de Frontera Comalapa, Chicomuselo, Siltepec, Motozintla, Bella Vista, Maravilla Tenejapa, La Grandeza y Altamirano.
Qué pasa en Chiapas
De acuerdo con la Diócesis de San Cristóbal, cientos de familias han tenido que salir de sus hogares por amenazas y a diario se ve “gente armada a bordo de camionetas que ingresan a diversas comunidades sacando gente de sus casa”.
También aseguran que gente armada amenaza a autoridades ejidales y “han hecho descargas de sus armas frente a la población para aterrorizarlos y hagan lo que ellos les piden”.
Otra situación que destacan en el comunicado es que a pesar de la presencia de la Guardia Nacional, no hay seguridad, por lo que hicieron un llamado urgente a atender sus demandas de paz y restablecer el orden social.
Entre las exigencias, destaca el desarme de grupos criminales, recuperación del territorio para familias, una declaratoria oficial contra la explotación minera y bienes naturales y seguridad a los defensores de derechos humanos.
Por su parte, el Pueblo Creyente, conformados por la feligresía católica de la Diócesis de San Cristóbal, indicó que ellos no son ni quieren ser “parte de ningún grupo criminal”, porque tienen una misión concreta:
“La no violencia nos invita a estar de lado de las víctimas generadas por cualquier sistema, gobierno, sociedad o comunidad, como lo señaló Tatic Samuel en su carta pastoral en esta hora de gracia”.
Denunciaron, al igual que el obispo, una lucha de grupos criminales por el control del territorio, despojo de sus bienes materiales y naturales, y omisión del Estado “ante esta realidad tan dolorosa”.
Pueblo Creyente señaló que se encuentran en un “virtual estado de sitio” desde hace más de dos años, en el que padecen la presión y el control social de grupos criminales que someten a comunidades y pueblos.
“Exigimos la acción urgente de quien sea responsable de establecer estructuras justas de paz, restablecer el libre tránsito y el respeto a nuestros derechos humanos y colectivos”.
