El proceso electoral que desembocará en la elección del próximo 2 de junio llevará a que cientos de candidatos federales, estatales y locales disputen cargos de elección popular en zonas de fuerte control y presencia del crimen organizado, en al menos 40 distritos federales dispersos en una decena de estados del país.
Se trata de zonas que son asiento o blanco de organizaciones criminales como el Cártel de Sinaloa, el Cártel Jalisco Nueva Generación, Los Zetas o el Cártel de Santa Rosa de Lima y en las que la presencia de grupos armados es continua. También, de territorios que se hallan en disputa entre organizaciones antagónicas y en donde se libran de manera continua batallas por el control regional.
Un cruce de información realizado por MILENIO entre datos de presencia criminal de la Secretaría de la Defensa Nacional y el mapa de distritos electorales del país, así como partidos consultados, da cuenta de la complejidad que enfrentarán decenas de aspirantes a cargos como diputados federales, diputados locales y alcaldes, pues llevarán a cabo sus campañas en localidades en las que grupos delictivos operan, pelean o influyen en la vida local.
Por ejemplo, en Guerrero el proceso electoral se llevará en distritos de alta complejidad y criminalidad entre los que se encuentra el distrito 1, que comprende los municipios de Coyuca de Catalán, y Arcelia, escenario de la disputa entre La Familia Michoacana y los Tlacos, incluido San Miguel Totolapan, en una de cuyas comunidades fueron asesinadas 17 personas ayer.
O el distrito 7, que comprende Chilpancingo, Eduardo Neri y Leonardo Bravo, en donde Los Ardillos y Los Tlacos tranzaron hace unos días una tregua, tras varias semanas de enfrentamientos.
Al menos cuatro distritos de la entidad se ubican por los corredores de la droga y donde se tienen altos índices de violencia. El más llamativo es Acapulco, donde el narcomenudeo tenía uno de sus mayores mercados y que tras el huracán Otis quedó en una profunda reconstrucción para reactivar la economía en la zona.
En la Sierra de Guerrero se ubica el distrito 6 y donde se perpetraron 252 asesinatos en el año pasado y en el distrito 7 sumaron otros 170 casos.
El caso guerrerense no es el único; esta misma complejidad, de un proceso electoral que tendrá que desarrollarse en paralelo a batallas locales entre grupos criminales, se extiende a varias entidades del país, como Michoacán, cuyos distritos 1 y 2 contienen municipios de elevada dificultad y riesgo en materia de seguridad, al tratarse de puntos dominados por Cárteles Unidos o el Cártel Jalisco Nueva Generación. A manera de ejemplo, ambos distritos comprenden los municipios de Ario, La Huacana, Mugica, Parácuaro, Tumbiscatío, Apatzingán, Aquila, Coalcomán o Buenavista, todos ellos centro de movilización, operación o batalla de ambas organizaciones delictivas.
La complejidad de operar en territorios que llevan más de una década en procesos de deterioro de seguridad ha llevado, en algunos casos, a que pocos levanten la mano para contender en el proceso. Un partido consultado por MILENIO que pidió no dar detalles por seguridad de sus militantes, reconoció que en Michoacán no ha podido ni siquiera completar las listas de aspirantes a puestos federales, dado que varios aspirantes han declinado a competir debido a presiones criminales.
Rafael López Méndez y César Martínez
