(apro).- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) frenó la separación inmediata del cargo del gobernador de Nuevo León, Samuel García pero avaló que el Congreso de Nuevo León continúe con el juicio político que inició en su contra.
Este martes, el Pleno de la Corte declaró inválida una porción del artículo 203 segundo párrafo de la Constitución de Nuevo León que establece que al estar sometido a juicio político, el servidor público procesado debe separarse del cargo sin recibir sentencia.
Esto, al considerar que dicha porción otorga al Congreso local una facultad para sancionar a un servidor público sometido a juicio político, que únicamente le corresponde al Tribunal Superior de la entidad al momento de emitir la sentencia.
“Con la separación del cargo por ese supuesto en realidad se está actualizando su inhabilitación permanente o destitución; en tanto que estas sanciones, insisto, son materia única y exclusivamente de la resolución que emita el jurado de sentencia al resolver el juicio político”, explicó el ministro Luis María Aguilar Morales, quien presentó el proyecto de resolución.
“La medida consistente en la separación del titular del Poder Ejecutivo local, por ratificarse el dictamen de la comisión respectiva en el procedimiento de juicio político, en realidad se trata de la destitución del gobernador por una autoridad que carece de competencia para hacerlo, porque es distinta al jurado de sentencia”.
La propuesta de Aguilar Morales fue avalada por unanimidad del Pleno, en consecuencia, los ministros analizaron el acuerdo de la Comisión Anticorrupción del Congreso de Nuevo León, emitido en enero del año pasado en el que dio inicio al juicio político contra el gobernador, luego de que Samuel García omitió enviar el paquete fiscal 2023.
Aguilar Morales propuso declarar inválido el acuerdo de la Comisión Anticorrupción, pero sólo fue acompañado por los votos de las ministras Lenia Batres y Yasmín Esquivel.
En consecuencia, por mayoría de votos, el pleno avaló la determinación de la Comisión Anticorrupción, razón por la que el Poder Legislativo de Nuevo León podrá continuar con el juicio político instaurado contra García.
