López Obrador ha reaccionado a la petición de la ONU para que el gobierno de México rinda cuentas sobre los casos de violencia durante el proceso electoral 2023-2024.
En este proceso se registraron más de 40 asesinatos de aspirantes, precandidatos y excandidatos a cargos públicos en diversos estados.
En una conferencia de prensa en Palacio Nacional, el presidente señaló que la ONU y otros organismos internacionales no actúan con integridad ni rectitud, y están al servicio de intereses particulares.
López Obrador criticó a los funcionarios de la ONU y de la DEA, señalando que ganan salarios mucho más altos que el suyo y que se dedican a dar recomendaciones sin resolver los problemas reales.
El presidente aclaró que sus constantes visitas al médico son preventivas, haciendo referencia a las críticas que ha recibido por su estado de salud.
López Obrador ha enfrentado rumores y especulaciones sobre su salud en los últimos meses, pero ha asegurado que se encuentra en buen estado y que solo acude al médico de manera preventiva.
Violencia electoral en México: más de 40 asesinatos registrados
La petición de la ONU surge en un contexto de preocupación por la violencia política en México, que ha cobrado la vida de numerosos candidatos y aspirantes a cargos públicos.
La ONU ha instado al gobierno mexicano a investigar y sancionar a los responsables de estos crímenes, así como a tomar medidas para garantizar la seguridad de los candidatos en futuros procesos electorales.
López Obrador ha reiterado su compromiso con la democracia y ha prometido que su gobierno trabajará para garantizar la seguridad y la integridad de los procesos electorales en el país.
Sin embargo, también ha hecho hincapié en la necesidad de cuestionar la actuación de organismos internacionales como la ONU, que a su juicio no siempre actúan de manera imparcial.
En medio de estas tensiones, se espera que el gobierno de México y la ONU continúen dialogando para abordar las preocupaciones sobre la violencia política en el país y buscar soluciones efectivas para proteger a los candidatos y garantizar la transparencia en los procesos electorales.
