La reforma al Poder Judicial no sólo plantea un retroceso en elementos clave de la independencia judicial, sino que tendrá elevados costos económicos que no han sido dimensionados, alertó México Evalúa.
En vez de asegurar imparcialidad y objetividad, la elección por voto directo de los jueces generaría incentivos para que las decisiones judiciales sufran presiones externas para beneficiar intereses económicos, políticos o criminales de grupos específicos, es decir, los coloca en mayor riesgo de corrupción, señaló la organización.
Para México Evalúa, las campañas pueden verse empañadas por la intervención de grupos de poder, incluido el crimen organizado. “Lo que deberíamos buscar es un sistema que asegure a la ciudadanía que los jueces cuentan con las capacidades técnicas, habilidades, experiencia previa y un buen desempeño”, abundó.
Además, de aprobarse el proyecto de dictamen se generará incertidumbre jurídica sobre el cumplimiento de contratos firmados por el gobierno, la inminencia de expropiaciones, e incluso el respeto a la propiedad privada.
Entre los costos directos o afectaciones presupuestales, identificó algunos como la cobertura de derechos laborales de los actuales trabajadores de los poderes judiciales federal y estatales, cuyas plazas serán rescindidas; los costos de organizar una elección de más de siete mil puestos judiciales por todo el país y los costos de capacitación de quienes llegarán a cargos judiciales.
Deben considerarse los costos indirectos o impacto económico del debilitamiento judicial, como son la incertidumbre jurídica y la consecuente fuga de inversiones, la elevación del costo de bienes y servicios derivada de la disminución de la competencia y la inhibición de la inversión, el costo de paralizar los juicios en curso, el costo de los tiempos en lo que se asumen las nuevas administraciones judiciales, así como multas por el incumplimiento de tratados, por mencionar algunos”, agregó, e hizo un llamado a considerar el impacto económico de la aprobación de la reforma.
RIESGOS
Incertidumbre jurídica y fuga de inversiones.
Elevación del costo de bienes y servicios derivada de la disminución de la competencia e inhibición de inversiones.
Costos por parálisis de los juicios en curso.
Multas por el incumplimiento de tratados.
