(Proceso).- Sonora surge como escenario de una reconfiguración del poder al interior del Cártel de Sinaloa, lo que ha disparado los homicidios dolosos, las desapariciones y otros delitos relacionados con el crimen organizado.
Esto obligó a un reacomodo de las fuerzas públicas, que se concretó cuando la policía estatal tomó el control de la seguridad en San Luis Río Colorado a través de un Mando Único Policial, que se extendió hasta Baja California, y luego de que Estados Unidos intensificó sus operaciones de combate al tráfico de fentanilo y de que señaló por primera vez una red con lavado de dinero con presencia en aquel municipio fronterizo.
Durante 2023 San Luis Río Colorado registró 12 desapariciones, mientras que del 1 de enero al 18 de septiembre del presente ya se cuentan 27 casos. Ésta es una tendencia que se muestra también a nivel estado, pues el año pasado se sumaron 317 y en lo que va de este año se cuentan 691.
Las cifras oficiales evidencian, además, que este delito se disparó justo después de las elecciones: sólo del 3 de junio al 18 de septiembre se registraron 498 casos.
La desaparición de personas, observa Antonio de Jesús Barragán Bórquez, sociólogo investigador del Colegio de Sonora especializado en la materia, no es un fenómeno nuevo y se desprende de prácticas implementadas al interior de las corporaciones policiacas.
“La desaparición se visibilizó en la Guerra Sucia. Hay que considerar que esta serie de conocimientos acumulados por el estado, durante los años de 1960 a 1970, fue apropiado por los militares y luego, con la militarización de la seguridad pública, por las fiscalías. A partir de entonces pasó a las policías y de las policías al crimen organizado”, explicó el estudioso.
La situación se expresa también en San Luis Río Colorado, a través de un alza de 43% en los homicidios dolosos del primer semestre, con respecto al año pasado, y de 48% con respecto al 2022, con lo que la cifra del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública llegó a 117 crímenes.
A nivel estado, lo ocurrido durante los primeros seis meses del año, cuyo saldo fue de 741 homicidios dolosos, rompe con una tendencia a la baja que la entidad atravesaba desde 2021, según los estudios del Comité Ciudadano de Seguridad Pública del estado de Sonora.
Se trata de crímenes que cuentan con menores de edad entre sus ejecutores, pues durante periodos de “guerra” el reclutamiento también se hace patente:
El 17 de agosto, la Mesa Estatal de Seguridad informó de la detención de siete menores dedicados al sicariato en Santa Ana, con lo que se concluye que las autoridades han detenido, al menos, a 214 niños, niñas o adolescentes reclutados por el crimen organizado en Sonora desde el 1 de enero de 2018 hasta la fecha.
Lavado de dinero sale a la luz
Fue durante el pasado mes de marzo cuando el Departamento del Tesoro de Estados Unidos señaló, por primera vez, operaciones de lavado de dinero del Cártel de Sinaloa en San Luis Río Colorado:
Se difundió un documento que contiene los nombres de 21 integrantes del Cártel de Sinaloa: a la cabeza, el Mayo Zambada y Los Chapitos: Iván Archivaldo Guzmán Salazar, Jesús Alfredo Guzmán Salazar, Joaquín Guzmán López y Ovidio Guzmán López.
Debajo de las cinco cabezas del cártel figuran 16 de sus operadores, según el gobierno estadounidense. En el centro están dos hermanos: Arturo D’Artagnan Marín González, de 26 años, y Porthos Marín González, de 28 años. Ambos son señalados por utilizar el negocio llamado Smart Depot, con presencia en Culiacán, Mazatlán y Cancún, para llevar a cabo una operación de lavado de dinero (Black Market Peso Exchange) para el Cártel de Sinaloa.
A continuación se menciona a Jorge Alejandro García Velazco, de 37 años, como operador de lavado de dinero de los hermanos Marín González. Dicho operador, detalla el documento oficial, es propietario de un taller de reparación de teléfonos móviles establecido en San Luis Río Colorado y cuya matriz se ubica en Los Mochis, Sinaloa.
Si bien es la primera ocasión en la que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos relaciona operaciones del Cártel de Sinaloa en San Luis Río Colorado, cuatro meses antes la DEA (Administración de Control de Drogas) señaló a Juan Carlos Morgan Huerta, conocido como Cacayo, operador del Mayo Zambada, como responsable de transportar toneladas de cocaína, heroína, metanfetaminas y fentanilo desde México hacia Estados Unidos.
La operación, según el gobierno estadunidense, funciona a partir de 12 personas y cuatro empresas, de las cuales tres se ubican en Nogales y otra en Hermosillo. Las de la frontera se dedican a la exportación, a la comercialización de mercancías y al sector restaurantero. La de la capital, a la minería.
Cacería de EU
Fue así que el 10 de abril de 2024, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés) anunció el inicio de un plan para combatir el tráfico de fentanilo, una actividad que “aceleró el abuso de drogas sintéticas”: fentanilo, heroína, metanfetaminas y otras. Abuso que desencadenó un “número sin precedentes en las muertes por sobredosis”.
Se llamó Operación Plaza Spike y comenzó en la frontera con Sonora: “(la operación) se concentra en un cuello de botella natural en el flujo del tráfico de fentanilo y empezará en la plaza ubicada al sur de Nogales, Arizona, para limitar la cantidad de drogas ilegales, particularmente el fentanilo, y el número de armas ilegales que llegan a las manos de los cárteles”, describe la hoja informativa de la iniciativa.
De modo que el primer objetivo del operativo se fijó en la captura de Sergio Valenzuela Valenzuela, identificado como Gigio, a quien el gobierno estadounidense atribuyó el 28 de septiembre de 2018 los delitos de conspiración para distribuir sustancias controladas y a quien señaló como el jefe de plaza del Cártel de Sinaloa, al servicio del Mayo Zambada, en Nogales, Sonora.
Aunque Valenzuela Valenzuela permanece libre, Zambada García fue arrestado junto a Joaquín Guzmán López en El Paso, Texas, un día después de que la CBP anunció que la Operación Plaza Spike se extendería, precisamente, a El Paso.
Tanto el flujo de fentanilo, que se traduce en ocho toneladas de la droga decomisadas en San Diego y Tucson durante los últimos 11 meses (de octubre de 2023 a agosto de 2024), como la violencia que se desprende a partir de organizaciones criminales militarizadas, se entienden en Sonora a partir de dos hechos: la llegada del modelo de venta de los “tiraderos”, proveniente de Tijuana, y la cartelización, según afirma Barragán Bórquez.
“Si podemos entender lo que el trabajo etnográfico en la región nos ha dado, es que a partir de fines de los noventa se instala el nuevo modelo de comercio de drogas a nivel de ciudad, es cuando el mercado interno prolifera, surgen los “tiraderos”, que es un modelo de negocios que viene de Tijuana, Ciudad Juárez. Es un modelo de negocio muy lucrativo y muy rentable”, señala el investigador.
“Los que vendían tenían relaciones de cooperación entre ellos, muy pacíficas, pero a partir del 2000 se da la cartelización. Este concepto, que surge del análisis de la realidad en Altar y en Caborca, es de Natalia Mendoza Rockwell: nos dice que el proceso de cartelización se da cuando existe una transformación en las relaciones de poder a nivel comunitario”.
Así, una nueva organización criminal llega a desplazar a otra, a establecer “cierta burocracia del crimen, a delimitar fronteras”. Si bien esto ocurrió en todo el país, en el caso de la frontera de Sonora fue a inicios de los 2000 y en la región Guaymas Empalme en 2010, “con la llegada del Cártel de Sinaloa”, explicó el sociólogo.
Discurso optimista
En el primer mes de la puesta en marcha del Mando Único Policial en San Luis Río Colorado, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) desplegó operativos en la región con la participación cerca de 200 elementos y 100 vehículos de la policía estatal, de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) y la Secretaría de Marina, con estos resultados:
Decomiso de 40 máquinas tragamonedas; 14 personas detenidas por su presunta relación con delitos como homicidio, tentativa de, por narcomenudeo o por posesión de narcóticos y armas; el decomiso de nueve armas largas, tres vehículos, 724 cartuchos, mil 48 dosis de droga y tres mil 438 pesos.
Sobre las máquinas tragamonedas, expuso que su decomiso responde a que éstas se han convertido en un ingreso para el crimen organizado, además de que los lugares donde se ubican con frecuencia se tornan en puntos de venta de droga.
Según las cifras oficiales, del 21 de junio al 21 de julio 47 personas fueron víctimas de homicidio doloso en San Luis Río Colorado, mientras que del 22 de julio al 21 de agosto fueron 23.
También en este periodo se informó de la captura del Ñaka o Ñaka Bélico, presunto jefe de plaza de Los Deltas, una célula que opera para el Cártel de Sinaloa, capturado en el municipio General Plutarco Elías Calles, que colinda con Estados Unidos por el norte y con San Luis Río Colorado.
La detención del presunto jefe de plaza de Los Chapitos, a quien la FGJES señaló como objetivo prioritario y generador de violencia en Caborca, municipio que comparte frontera con la zona donde fue arrestado, se relacionó con el “halconeo”.
El Ñakas es señalado como probable jefe de plaza de un grupo criminal que opera en Caborca y figura en diversas carpetas de investigación. Su captura se realizó por su participación en el delito flagrante contra la seguridad pública, conocido como “halconeo”, así como por la posesión de un arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea”, informó la FGJES el pasado 15 de agosto.
Luego de su captura, el detenido fue trasladado a Hermosillo, donde fue señalado por los delitos de privación ilegal de la libertad, desaparición de persona cometida por particulares y asociación delictuosa. Se comenzó, además, una investigación por delincuencia organizada.
Otros dos acontecimientos enmarcados en el mes posterior a la implementación del Mando Único Policial, aunque sucedidos en otros municipios del estado, son el enfrentamiento de grupos criminales en un ejido de Santa Ana y la instalación de un Grupo Operativo Conjunto en la capital del estado que cuenta con cerca de 250 elementos y 85 vehículos.
Sobre lo primero, se informó que el enfrentamiento habría ocurrido durante las primeras horas del lunes 12 de agosto y que fueron detenidas dos personas por su presunta responsabilidad. Fue decomisada, además, un AK-47, una Glock, equipo táctico y un vehículo incendiado.
Sobre lo segundo, el alcalde Antonio Astiazarán Gutiérrez dijo a los medios que se trata de una coordinación entre los tres niveles de gobierno, acordada luego de que el munícipe fue invitado a la sesión de la Mesa Estatal de Seguridad para contener un alza en los delitos que permean la seguridad.
Sin embargo, el Ejecutivo aseguró que no se trata de un Mando Único Policial debido a que Hermosillo no presenta una “alteración grave del orden público”: “No es el caso de Hermosillo, y tampoco lo será”, dijo.
El 22 de agosto el comisario de la AMIC informó que fueron ejecutadas 19 órdenes de cateo, entre el 3 y el 21 de este mes, 21 órdenes de aprehensión por delitos de alto impacto y 66 por delito en general.
Los cateos, afirmó Carlos Alberto Flores, se dirigieron a combatir el narcomenudeo, el huachicol, a capturar sicarios y a decomisar máquinas tragamonedas.
“Como sabemos, la parte del narcomenudeo es el aspecto primordial que nos está generando la violencia en este municipio”, dijo.
