La Fiscalía General de la República (FGR) detuvo y vinculó a proceso a Araceli Ciriaco Arroyo, integrante de un sindicato afiliado a la Confederación de Trabajadores de México (CTM) por el delito de lavado de dinero, ya que en complicidad con otras personas usó varias empresas fantasma para ocultar las actividades ilegales.
La Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) acusó a la detenida de los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
“En octubre de 2021, el juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México, con sede en Almoloya de Juárez (Altiplano), libró orden de aprehensión en contra de Araceli ‘C’, a quien se le atribuyó, por lo menos durante el periodo de 2014 a 2015, realizar operaciones ilícitas desde un conglomerado de alrededor de 100 personas morales y desde un sindicato del que formaba parte”.
La detención de la mujer, por elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM) de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), ocurrió en calles de San Miguel Topilejo, en la alcaldía Tlalpan de la Ciudad de México.
El Ministerio Público Federal aportó los datos de prueba para que se estableciera la vinculación a proceso, cuatro meses como plazo de investigación complementaria, además se le dictó la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, por lo que quedó detenida en el Centro Federal de Readaptación Social número 1 “Altiplano”, en Almoloya de Juárez.
Sindicato con mínimos registros
De acuerdo con la investigación, el Sindicato de Trabajadores de la Industria de Transportes en General Construcción, Acarreos, Fabricación, Demolición, Trituración y Similares de la República Mexicana, tenía pocos registros ante la CTM, uno de los escasos contratos colectivos en los que aparece como titular es con la empresa Marine Tech, en Ciudad del Carmen, Campeche, pero esa empresa se dedica al alquiler de artículos para el hogar.
Se presume que de 2012 y hasta 2018 trianguló recursos por 348 millones de pesos, por medio de facturas falsas, los recursos fueron enviados después a terceros sin relación con el sindicato, estos movimientos fueron detectados por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en 2016, por lo que sus cuentas bancarias fueron bloqueadas y se turnó el caso a la entonces FGR.
Por este caso se consiguieron 45 órdenes de aprehensión contra integrantes del sindicato, así como de particulares que participaron en el delito, uno de los detenidos fue el líder sindical Leopoldo Rosendo Quintanar Medina, quien fue ingresado al penal de El Altiplano, para él y otros detenidos se solicitaron condenas de entre 50 y 70 años.
