El asesinato del alcalde de Chilpancingo ha provocado consternación en México. Apenas el pasado jueves, Alejandro Arcos Catalán lamentaba el homicidio de Francisco Gonzalo Tapia, su mano derecha y secretario general del Ayuntamiento. El viernes, el presidente municipal exigió mayor seguridad para desempeñar sus funciones y solicitó apoyo al Gobierno de Guerrero para garantizar la gobernabilidad en el Estado. “No somos gente de conflicto”, dijo en una entrevista radiofónica. El domingo se dio a conocer que fue decapitado por miembros del crimen organizado, a menos de una semana de tomar posesión. Tras una semana de barbarie, la presidenta, Claudia Sheinbaum, señaló este lunes que se analiza la posibilidad de que la Fiscalía General de la República atraiga las investigaciones del caso y la oposición calificó el crimen como un “acto terrorista”, mientras aumenta la indignación porque la ayuda que solicitó Arcos Catalán no llegó a tiempo para evitar la tragedia.
“Esto sobrepasó todos los límites, necesitamos garantizar la seguridad”, afirmó Alejandro Alito Moreno, líder del Partido Revolucionario Institucional (PRI), en entrevista con Gabriela Warkentin en W Radio. El asesinato de Arcos Catalán se informó después de que las fuerzas del orden recibieran sobre las cinco de la tarde el reporte del hallazgo de una cabeza colocada sobre una camioneta blanca, según los primeros reportes. En el interior del vehículo, aparcado afuera de un hotel cerca de la carretera entre Chilpancingo y Tixtla, se encontró el cuerpo del alcalde cubierto con una sábana. El secretario Tapia fue ejecutado a tiros tres días antes por un sicario, mientras caminaba en pleno centro de la capital del Estado. “Tal pareciera que en Guerrero, como en otras entidades federativas, si no pactan con el crimen organizado, ya no los van a dejar gobernar”, lamentó Moreno, quien confirmó horas más tarde el fallecimiento del político opositor de 43 años. “Él y su gente no lo aceptaron”.
La gobernadora Evelyn Salgado condenó “de manera enérgica” el asesinato y se comprometió a llevar a los responsables ante la justicia. También ordenó a la Secretaria de Seguridad que aumentara los operativos de vigilancia en la capital del Estado, donde se han disparado los temores entre sus más de 300.000 habitantes, al ver que ni siquiera las autoridades están a salvo de la ola de violencia que azota a la entidad. La Fiscalía estatal se limitó a confirmar los hechos en escueto comunicado, donde no se menciona el nombre ni el cargo de la víctima. “Sobre el lamentable suceso del presidente municipal, se están haciendo investigaciones necesarias para saber cuál fue el motivo y cuál fue el móvil y por supuesto hacer las detenciones correspondientes”, señaló Sheinbaum en La Mañanera.
El narco ya había estrechado el cerco sobre las autoridades recién electas en las votaciones de junio pasado. Ulises Hernández, que era capitán activo del Ejército y se barajaba como próximo titular de Seguridad de Chilpancingo, fue asesinado a tiros el pasado 27 de septiembre. Un comando armado alcanzó su vehículo, que también circulaba en la carretera a Tixtla, cuando abrió fuego contra Hernández y su acompañante, una mujer de 35 años que murió acribillada. Ese fin de semana se registraron al menos 16 asesinatos en Guerrero. “Lo pido y la de mi equipo de trabajo. Nosotros vamos a seguir trabajando, vamos a seguir luchando por nuestra comunidad”, dijo Arcos Catalán, al ser cuestionado por el periodista Ciro Gómez Leyva, sobre si necesitaba apoyo para su seguridad. Fue en esa misma carretera donde la Policía estatal asesinó a tiros en marzo pasado al normalista Yanqui Kothan, que protestaba por la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa en 2014.
Un día después del asesinato del capitán Hernández, el presidente municipal decidió cancelar los actos públicos por su toma de protesta, el pasado 30 de septiembre, por los estragos del huracán John, que dejó al menos 270.000 afectados y 23 fallecidos en Guerrero, uno de los Estados más pobres del país. “Atravesamos momentos adversos”, explicó Arcos Catalán en un comunicado. “Les pido que se unan a este proyecto de renovación, que juntos construyamos un Chilpancingo de paz, que sea el hogar que nuestros hijos merecen”, comentó el alcalde después de asumir el cargo.
La atención a las comunidades afectadas protagonizaron sus últimas publicaciones en redes sociales, aunque también dedicó palabras para Tapia, llamado a ser su principal operador durante su Administración. “Este acto de violencia nos priva de un gran amigo y un servidor público honorable, un hombre de firmes convicciones y valores inquebrantables”, afirmó el presidente municipal y exigió que el crimen no quedara impune. Por lo menos 17 aspirantes y políticos de Guerrero fueron asesinados durante el proceso electoral en Guerrero, de acuerdo con la consultora Laboratorio Electoral. Solo Chiapas, con 26, tuvo más homicidios políticos.
“¿Por qué no le otorgaron seguridad al alcalde cuando días antes habían asesinado a su secretario de Ayuntamiento?”, cuestionó la excandidata presidencial opositora Xóchitl Gálvez. El presidente nacional del Partido Acción Nacional (PAN), Marko Cortés, comentó que el asesinato de Arcos Catalán es un reflejo del fracaso de la estrategia de seguridad del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador y la nueva Administración de Sheinbaum. “Está claro que el Gobierno de México está superado por el crimen. Dejar un cuerpo decapitado en plena ciudad es terrorismo”, aseguró el dirigente. El PRI calificó la decapitación como un “crimen cobarde” y Moreno anunció que iba a formalizar la solicitud para que las autoridades federales se hagan cargo del caso. “Desafortunadamente, no pudo tener comunicación y la ayuda que solicitó nunca llegó”, lamentó Alito. “Que el fin de semana asesinen a las autoridades, a las personas que van a tomar el mando de la seguridad es delicadísimo”, agregó.
La brutalidad del asesinato dejó su huella en Guerrero y alcanzó niveles de violencia nunca antes vistos. Ningún gobernante en funciones había sido ejecutado y expuesto públicamente. “Me uno a las voces que exigen justicia”, declaró Norma Otilia Hernández, predecesora de Arcos en el cargo. Hace un año se hizo viral un video en el que Hernández desayuna con la cúpula de Los Ardillos, un grupo criminal que se disputa con Los Tlacos el control de los municipios del centro de Guerrero, como Chilpancingo y Tixtla. Meses después aparecieron narcomantas en la que Los Ardillos exigían a la entonces alcaldesa un nuevo desayuno. La funcionaria reconoció que se reunió con el cartel “iniciando su Administración” y fue expulsada de Morena, el partido de Sheinbaum y López Obrador, que no pudo mantener el Gobierno de la capital en los últimos comicios. Arcos se refirió a ella como su “amiga” durante la toma de protesta y reconoció su esfuerzo mientras estuvo en el poder.
Gustavo Alarcón, excandidato a alcalde por el PAN en 2021 y suplente de Arcos, está llamado a sustituirlo en la Presidencia Municipal y no se ha pronunciado sobre las versiones que circulan en la prensa local de que no está dispuesto a asumir el cargo. Otro de los puntos que provocó incertidumbre fue que los hijos y la esposa del alcalde, Sandy Solís, no habían sido localizados en las horas que siguieron al homicidio. Moreno dijo que no tenían información oficial al respeto. Solís, sin embargo, publicó un obituario a primera hora de esta mañana, en el que recordó a su marido como un hombre “de servicio” y dedicado a su comunidad. “Su legado es un faro de esperanza y unidad que nos guía en estos momentos de dolor”, dijo para agradecer los mensajes de apoyo y condolencias.
El obispo de Chilpancingo, José de Jesús González Hernández, famoso por impulsar este año una tregua entre los grupos delictivos para que haya paz en la ciudad, pidió a los fieles unirse a una jornada de oración y ayuno, y encomendarse a la virgen de Guadalupe para superar la violencia. Se ha barajado también que la Iglesia Católica vuelva a interceder frente al crimen organizado, aunque no ha habido aún un pronunciamiento oficial en ese sentido. Tras una semana de terror, el narco impone su ley en Guerrero, donde se han abierto más de 1.268 carpetas de investigación por homicidio entre enero y agosto de este año, según cifras oficiales. No se ha informado de detenidos tras la decapitación del alcalde. La impunidad en los homicidios ronda el 99% en el Estado, de acuerdo con solicitudes de información hechas a las autoridades.
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