Noticias de Yucatán
(Proceso).- Fracasada su aspiración presidencial –ahora pretende el Senado por la vía plurinominal del PAN– y con la repulsa popular a cuestas que le reclama el tiradero que tiene en la Ciudad de México, la cual gobierna bajo el cobijo del PRD, Miguel Ángel Mancera está dispuesto a renunciar en los próximos días a la Jefatura de Gobierno para, dice, “enfocarse en la construcción de un gobierno de coalición”.
Quien también fue procurador general de Justicia de la capital del país en la Jefatura de Gobierno de Marcelo Ebrard, abandonará las riendas de la ciudad y los trabajos de reconstrucción –cuestionados por el presunto uso político de ocho mil 792 millones de pesos– después del sismo del 19 de septiembre del año pasado que dejó un saldo de 228 muertos y cinco mil 765 viviendas afectadas.
Por una curul, Mancera Espinosa romperá la promesa que hizo a los capitalinos el pasado 9 de diciembre: “Mi lugar está aquí, encabezando las tareas de reconstrucción de mi querida ciudad, sirviéndole a mi gente (…) Me quedo para cumplir con la consolidación de una ciudad que dará muestra de cómo se recupera de sus heridas día a día”.
Así, el aún jefe de Gobierno operó una gestión “sin militancia partidista (no está afiliado al PRD)”, marcada por la indefinición e improvisaciones. Tampoco supo capitalizar el 63.5% de la votación que obtuvo en 2012 (la más alta para un jefe de Gobierno); por el contrario, dilapidó su popularidad: en julio de 2017, según una encuesta de Reforma, la cifra se revirtió a 64% de desaprobación.
En ese lapso, la Ciudad de México alcanzó graves índices de inseguridad, corrupción, opacidad, impunidad y casos de represión, calamidades que contribuyeron al desencanto hacia el PRD, abriéndole las puertas al partido Morena para que ponga fin a la hegemonía perredista el 1 de julio.
Aliado de Peña
En la mañana del 3 de diciembre de 2012, aún sin asumir la Jefatura de Gobierno, Miguel Ángel Mancera acudió, como testigo, a la firma del Pacto por México, en el Castillo de Chapultepec.
Ya como mandatario local, no cuestionó al gobierno de Peña Nieto ni siquiera ante escándalos como La Casa Blanca o la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, en Guerrero.
Más tarde, en febrero de 2017, el Congreso de la Unión aprobó la Reforma Política del Distrito Federal que dio paso a la primera Constitución Política de la Ciudad de México y cuyos efectos estarán reflejados en los próximos comicios locales con la elección de alcaldías y el Congreso de la capital del país.
Con su asistencia a la firma del Pacto por México también comenzó el distanciamiento de Andrés Manuel López Obrador, quien de aprobar su candidatura al gobierno del Distrito Federal, y de ser compañero de juego en el beisbol, pasó a responsabilizarlo de operar en favor del PRD durante las pasadas elecciones intermedias.
Bajo la operación política del entonces secretario de Gobierno, Héctor Serrano, Mancera también rompió con Marcelo Ebrard, cuestionado por las irregularidades que causaron el cierre temporal de la Línea 12 del Metro. Ebrard, en su defensa, denunció que era víctima de una persecución política y se fue del país durante cinco años, viviendo entre Francia y Estados Unidos.
Inseguridad
Contrario al lema de campaña “Decidamos juntos”, que Mancera utilizó para ganar la Jefatura de Gobierno, en la práctica su administración ha sido criticada por sus actos de represión. El uso que Mancera ha hecho de los granaderos deterioró aún más la imagen de esta desprestigiada corporación.
De acuerdo con el informe Violaciones a los derechos humanos en la Ciudad de México, los saldos de la represión contra manifestantes, presentado por organizaciones defensoras de los derechos humanos, al menos 500 jóvenes fueron detenidos de manera arbitraria en los primeros tres años de su gestión.
La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) ha emitido al menos ocho recomendaciones por detenciones arbitrarias, tortura, violaciones al debido proceso, estigmatización, criminalización de la protesta, violación a la libertad de expresión y manifestación, así como por agresiones a periodistas.
En las recomendaciones también fue señalada como responsable la Procuraduría General de Justicia capitalina, cuyo titular, Rodolfo Ríos, renunció en junio pasado, dejando en el limbo la investigación de casos polémicos, como el multihomicidio de la colonia Narvarte.
El mayor de los reclamos al gobierno mancerista es la crisis en materia de seguridad pública. El 30 de enero último, la organización civil Semáforo Delictivo reveló que en 2017 las ejecuciones del crimen organizado en la Ciudad de México aumentaron 114%; porcentaje contrario a la creencia del Jefe de Gobierno, quien asegura que en la ciudad no operan cárteles.
Incluso, Mancera no reconoció la infiltración del narcotráfico ni cuando la Marina, el 20 de julio de 2017, incursionó en la delegación Tláhuac y eliminó a Felipe de Jesús Pérez Luna, El Ojos, jefe del cártel que asumió el nombre de la demarcación.
A mediados de 2017, el jefe de Gobierno sólo reconoció el repunte de la inseguridad; no obstante, acusó que la situación se debe a la “laxitud” del Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio que, dijo, es “hipergarantista” y permitió la liberación de 12 mil reos.
Otro lastre
La percepción de la corrupción es otro punto negativo del gobierno capitalino. En marzo de 2015, el secretario de Obras, Alfredo Hernández, renunció cuando la prensa difundió que dio contratos por 70 millones de pesos a la empresa donde trabajaba su esposa. La Contraloría General lo inhabilitó por tres años.
Organizaciones sociales, como Suma Urbana, denunciaron la existencia de un “cártel inmobiliario” que es presuntamente operado por Simón Neumann, exsecretario de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi) y actual asesor del Ejecutivo local en temas de desarrollo urbano, y por Fausto Ernesto Galván Escobar, coordinador general de Gestión para el Crecimiento y Desarrollo de la Ciudad, de la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco).
La investigación sobre ambos señalamientos fue publicada por el portal de noticias La Silla Rota, apenas el pasado 19 de febrero.
Desde que era titular de la entonces Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) y se enfundó en un chaleco antibalas para encabezar el rescate de un secuestrado, quedó claro que a Mancera le gustan las cámaras de televisión. Durante su campaña por la Jefatura de Gobierno, las llamadas revistas del corazón lo presentaron como el “George Clooney mexicano” y hablaban de su historia de éxito profesional. Siempre sonriente y alineado, luciendo trajes Hugo Boss o jeans Levi’s, se mostraba como un deportista y al lado de actrices famosas.
Pero el lujo no sólo lo llevaba puesto. Un mes antes de cumplir su primer año de gestión, ordenó la remodelación de su oficina en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, trabajos que le costaron a los capitalinos casi tres millones de pesos, como lo documentó la agencia Apro en abril de 2014.
En sus ediciones 1948 y 2148, Proceso también documentó los gastos del gobierno capitalino en publicidad: 180 millones en 2013; poco más de 435 millones para 2016 y al menos 243 millones de pesos de enero a septiembre de 2017. La mayor parte de esos recursos se invirtieron en televisión, particularmente en las cadenas Televisa y TV Azteca.
Dispendio
En mayo de 2016, el partido Morena y el PAN –éste, antes de su alianza con el PRD– acusaron al gobierno capitalino de aprobar una “acción institucional de Ingreso Económico Temporal” para contratar a 40 mil trabajadores eventuales por 500 millones de pesos para, en plena veda electoral, promover el voto en favor de los perredistas a la Asamblea Constituyente.
Según la exdiputada Esthela Damián, en un análisis histórico de la Cuenta Pública de 2012 a 2017 se observa que delegaciones como Coyoacán, Álvaro Obregón, Iztapalapa, Venustiano Carranza (del PRD), Benito Juárez (del PAN), Cuajimalpa y Magdalena Contreras (del PRI) “han recibido muchísimo dinero por ampliaciones líquidas”.
En entrevista con Proceso, la expresidenta de la Comisión de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda de la ALDF explica que se trató de “decisiones directas del gobierno, bajo un esquema discrecional de entrega de recursos adicionales por fuera de lo que establece el paquete económico. Se hace a discreción del titular del gobierno y de la Secretaría de Finanzas”.
De acuerdo con información recabada por este semanario, esas demarcaciones son controladas por líderes de distintos grupos que se alinearon con Héctor Serrano, uno de los principales operadores políticos del Frente a nivel nacional y local.
En el paquete económico aprobado para 2018 (año electoral), los recursos para las delegaciones del PRD aumentaron entre 15% y 27%; para las del PAN 29% (Benito Juárez) y 11.2% (Miguel Hidalgo); para las priistas 49.9% (Cuajimalpa), 53% (Magdalena Contreras) y 16.4% (Milpa Alta). Por el contrario, los recursos para las demarcaciones de Morena apenas tuvieron un incremento de 10%, excepto Tláhuac, con 11.9 por ciento.
En el rubro de recursos adicionales, las perredistas y priistas recibieron entre 410 millones y 606 millones de pesos, respectivamente, mientras que las morenistas apenas 140 millones.
El pasado 23 de enero, en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México se publicaron dos “acciones institucionales” –no sujetas a fiscalización– de la delegación Iztapalapa, gobernada por el PRD. Con un monto de 108.3 millones de pesos, se anunció el pago de “apoyos mensuales” a mil tres personas para ser “monitores” y “auxiliares” que, sin contrato alguno, “impulsen la participación” de los habitantes locales en programas y acciones delegacionales. Esa demarcación, la más poblada de la ciudad, tiene mil tres secciones electorales.
Dos días después, diputados federales y locales de Morena interpusieron una denuncia ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales por el presunto uso de “recursos públicos para fines electorales” en Iztapalapa.
Abandonan el barco
El viernes 23, Miguel Ángel Mancera dio a conocer la renuncia de Patricia Mercado como secretaria de Gobierno; ella, al igual que su ahora exjefe, buscará el Senado por la vía plurinominal, es decir, sin hacer campaña.
Mercado es una baja más en su gabinete. En los últimos meses, los titulares de al menos seis dependencias (Salud, Sedeco, Consejería Jurídica, Movilidad, Turismo y Sederec) abandonaron sus responsabilidades en la ciudad para buscar otros cargos públicos o de partido.
En lugar de Mercado, el jefe de Gobierno nombró a un funcionario muy cercano a él desde hace años: el exconsejero jurídico y extitular de Desarrollo Social, José Ramón Amieva, quien se perfila para quedarse al frente de la ciudad cuando Mancera se vaya en busca de la curul que le dará fuero durante otros seis años, si es que no prospera la impugnación a su candidatura que promovió Gustavo Madero, bajo el argumento de que la nominación viola el artículo 55 de la Constitución.
