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José de la Cruz tiene 33 años, hasta hace 10 meses era cabo del Ejército, pero causó baja por padecer insuficiencia renal crónica.
Tres sesiones de hemodiálisis a la semana, un proceso para limpiar su sangre, y algunos medicamentos lo mantienen con vida.
Pero no tiene dinero. Desde diciembre de 2017 no cuenta con atención médica especializada pues la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) le informó que su enfermedad no la adquirió en actos de servicio por lo que no tiene asegurado un haber de retiro, es decir una pensión, ni el servicio médico para tratar su padecimiento.
La Sedena, al darnos nuestra baja sin derecho al servicio médico simplemente nos está condenando a la muerte”, afirmó el militar dado de baja por enfermedad, José de la Cruz Pérez López.
José vive en una ranchería del municipio de Jalapa, en Tabasco, una comunidad ubicada a 43 kilómetros de Villahermosa, donde está el hospital en el que los martes, jueves y sábados recibe el tratamiento a bajo costo gracias al seguro popular.
Camina con dificultad para llegar al hospital, luego a esperar su turno para ser atendido y recibir la hemodiálisis.
José, quien ingresó al 17 Batallón de Infantería en agosto de 2004, asegura que los médicos militares no le dieron la causa de su enfermedad. Pero rechaza que la haya contraído fuera de servicio.
Yo de 24 horas pasaba 24 horas dentro de un cuartel, 13 años cinco meses no es posible que no haya sido en actos de servicio”, detalló José.
La Sedena le ofreció un pago único que se ha negado a recibir porque sostiene que no le alcanzará para nada.
Es una compensación de 124 mil 600 pesos que, si yo me pongo a ver en mi enfermedad, en seis meses me lo gasto. El tratamiento es muy costoso, mil 600 cada sesión y son tres a la semana para poder vivir”, insistió el militar Pérez López.
La salud de José se ha complicado. Una hemodiálisis mal aplicada le provocó una infección en su brazo izquierdo que no se ha atendido por falta de dinero.
Aunque ha interpuesto dos quejas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos y se ha inconformado ante la Sedena, hasta ahora no ha habido respuesta a su favor.
El de José no es el único caso. Jhovany Álvarez, tiene 28 años y vive en Irapuato Guanajuato.
El 1 de octubre pasado le notificaron su baja definitiva del Ejército por padecer insuficiencia renal crónica.
Al igual que a José, le indicaron que se enfermó fuera de servicio y no tiene derecho a un haber de retiro ni al servicio médico.
Yo entré con todo el anhelo y con toda la pasión por servir a mi país, al Ejército y pues se me hace injusto que ahorita me esté desamparando”, comentó Jhovany Álvarez García.
Jhovany tiene esposa y una hija de 8 años. Ingresó a las Fuerzas Armadas cuando tenía 18 años por vocación pues su abuelo y su padre también fueron militares.
Aunque tampoco conoce la causa de su enfermedad, considera que pudo haber sido por sus labores en el desmantelamiento de laboratorios clandestinos de droga, pues dice, no tenían el equipo adecuado.
Los peritos si llevaban protección, pero nosotros los que hacíamos el trabajo pesado de subir las cosas o enterrar pues no teníamos protección alguna y a partir de ahí le digo que empecé a los pocos meses con mis náuseas, con mis dolores de cabeza”, señaló Álvarez García
Jhovany recibió en agosto de 2012 un trasplante de riñón que le donó su padre. Pero su cuerpo lo rechazó. A principios de 2015 la enfermedad regresó.
Ahorita ya sin seguro médico y sin un haber que percibir, una paga por haberme dado de baja, pues no sé cómo le iré a hacer”, reiteró Jhovany.
Despierta documentó otros casos de militares en activo que están en proceso de baja por padecer insuficiencia renal crónica y temen quedarse sin servicio médico.
Justicia Militar no se detiene a pensar en el gran problema en el que nos mete a nosotros, a nuestras familias, desde luego también a nuestros padres, hermanos porque los recursos que se requieren para salir adelante con esta enfermedad son exorbitantes”, denunció un militar con insuficiencia renal que decidió guardar el anonimato.
De acuerdo con una solicitud de información pública de enero de este año, la Sedena atendió durante 2017 a 684 militares en activo, en retiro y a sus familiares en sus hospitales y unidades médicas en todo el país por enfermedades renales, lo que representó un costo de 50 millones 793 mil 800 pesos.
Sobre los casos de José de la Cruz y Jhovany Álvarez, Sedena respondió a Despierta que por contener datos personales no puede difundir información sin su autorización. Reitera que la enfermedad los incapacitó para seguir trabajando y que ésta fue adquirida fuera de servicio sin explicar cómo lo determinaron los médicos.
Sedena indica que debido a que estos procesos se llevan a cabo en forma de juicio, tienen derecho a impugnar las resoluciones.
Con información de Arturo Ortiz
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