Noticias de Yucatán
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Marco Antonio Sánchez Flores, el joven que desapareció por cinco días luego de que fuera detenido por cuatro elementos de la Secretaría de Seguridad Pública local, intentó escapar del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía en el que es atendido desde el viernes 9 de febrero.
Reportes de la Policía capitalina señalan que Marco salió de la puerta cinco del hospital alrededor de las 12:40 horas. Posteriormente un elemento logró interceptar al joven y devolverlo a la institución médica.
La familia del estudiante de preparatoria únicamente confirmó a Apro el intento de huida del joven y, sin mencionar más detalles, indicó que su defensa legal –a cargo de la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia e Instituto de Justicia Procesal Penal (IJPP)– ya prepara un comunicado al respecto.
Desde ayer, Marco se vio activo en su red social de Instagram, en la que publicó siete fotografías de su estadía dentro del psiquiátrico.
En una de ellas aparece de frente usando unos audífonos, misma imagen en la que se nota mejorado físicamente.
OSC exigen garantías a su salud e integridad
Las organizaciones sociales y defensoras de derechos humanos que acompañan la defensa legal del joven Marco Antonio, manifestaron su preocupación por el presunto intento de escape del joven del Instituto Nacional de Neurología y exigieron a las autoridades correspondientes garantizar su salud e integridad.
En un comunicado “urgente”, la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM), el Instituto de Justicia Procesal Penal y la Oficina de la Defensoría de los Derechos de la Infancia (ODI) dijeron que la situación es “preocupante porque vuelve a colocar en riesgo su integridad y salud, que está bajo responsabilidad total del Sistema de Salud y el Estado Mexicano”.
Agregaron que la familia del joven lo pudo ver a la hora de la visita y “de manera informal les comentaron que el día viernes tendrían una reunión con el subdirector médico para ofrecer detalle de lo sucedido”.
De ser confirmado el hecho, las organizaciones de preguntaron: “¿Cómo fue posible que frente a las medidas de seguridad hospitalaria y el resguardo de la policía federal llegara a estar sin supervisión y posibilidades de salir por su propio pie del Instituto?”
Luego, reiteraron que Marco Antonio “sigue siendo revictimizado con la difusión de trascendidos. La familia y la defensa no reciben información oficial oportuna y las filtraciones a los medios se mantienen, lo que hace suponer que forma parte de una campaña para dañar su imagen y desvirtuar la gravedad del caso”.
Las organizaciones recordaron que este caso “paradigmático” demanda los más altos estándares de protección para el adolescente. Por ello, promovieron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que se dicten en su favor las medidas de protección necesarias. Luego, recordaron que recibieron “expresamente el compromiso de acompañamiento por parte de la comisionada Esmeralda Arosemena, Relatora sobre los Derechos de la Niñez de dicha Comisión el 8 de febrero”.
Además, recordaron que Marco Antonio “es una víctima adolescente, de posible desaparición forzada por parte de policías de la Ciudad de México, que requiere ser tratado de acuerdo con los más altos estándares nacionales e internacionales relativos al interés superior de la niñez”.
Si el Instituto confirma que el joven salió temporalmente del centro hospitalario donde está bajo su resguardo, agregaron, “será necesario recibir una explicación exhaustiva de los hechos y cómo se garantizará su integridad”.
Las organizaciones acotaron que, si bien, los reportes médicos dicen que su salud ha mejorado, “aún requiere cuidados médicos especializados”.
Poe estas razones, exigieron a las autoridades mencionadas “dejar de revictimizarlo, asegurándose de protegerlo según sus responsabilidades constitucionales, particularmente en lo que corresponde a su dignidad, su integridad y su intimidad”.
A la Procuraduría General de Justicia capitalina (PGJ-CDMX) le recordaron la urgencia de que “rinda cuenta detalladamente sobre los avances de la investigación a su cargo por las graves violaciones de derechos humanos de las que fue víctima a manos de los oficiales de policías de la Ciudad”.
También aclararon que la declaración ministerial del joven ocurrirá “cuando se encuentre en condiciones óptimas de ofrecer su testimonio sin poner en riesgo su integridad, salud y credibilidad”, además de que se hará de acuerdo con la familia y la defensa, “sin imponer un criterio administrativo o mediático por sobre las garantías judiciales del adolescente”.
De paso, recordaron que “la filtración de información del caso, los trascendidos y la falta de información oportuna a la familia y la defensa constituyen también una violación continuada de los derechos humanos de este adolescente víctima”.
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Marco Antonio Sánchez Flores, el joven que desapareció por cinco días luego de que fuera detenido por cuatro elementos de la Secretaría de Seguridad Pública local, intentó escapar del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía en el que es atendido desde el viernes 9 de febrero.
Reportes de la Policía capitalina señalan que Marco salió de la puerta cinco del hospital alrededor de las 12:40 horas. Posteriormente un elemento logró interceptar al joven y devolverlo a la institución médica.
La familia del estudiante de preparatoria únicamente confirmó a Apro el intento de huida del joven y, sin mencionar más detalles, indicó que su defensa legal –a cargo de la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia e Instituto de Justicia Procesal Penal (IJPP)– ya prepara un comunicado al respecto.
Desde ayer, Marco se vio activo en su red social de Instagram, en la que publicó siete fotografías de su estadía dentro del psiquiátrico.
En una de ellas aparece de frente usando unos audífonos, misma imagen en la que se nota mejorado físicamente.
OSC exigen garantías a su salud e integridad
Las organizaciones sociales y defensoras de derechos humanos que acompañan la defensa legal del joven Marco Antonio, manifestaron su preocupación por el presunto intento de escape del joven del Instituto Nacional de Neurología y exigieron a las autoridades correspondientes garantizar su salud e integridad.
En un comunicado “urgente”, la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM), el Instituto de Justicia Procesal Penal y la Oficina de la Defensoría de los Derechos de la Infancia (ODI) dijeron que la situación es “preocupante porque vuelve a colocar en riesgo su integridad y salud, que está bajo responsabilidad total del Sistema de Salud y el Estado Mexicano”.
Agregaron que la familia del joven lo pudo ver a la hora de la visita y “de manera informal les comentaron que el día viernes tendrían una reunión con el subdirector médico para ofrecer detalle de lo sucedido”.
De ser confirmado el hecho, las organizaciones de preguntaron: “¿Cómo fue posible que frente a las medidas de seguridad hospitalaria y el resguardo de la policía federal llegara a estar sin supervisión y posibilidades de salir por su propio pie del Instituto?”
Luego, reiteraron que Marco Antonio “sigue siendo revictimizado con la difusión de trascendidos. La familia y la defensa no reciben información oficial oportuna y las filtraciones a los medios se mantienen, lo que hace suponer que forma parte de una campaña para dañar su imagen y desvirtuar la gravedad del caso”.
Las organizaciones recordaron que este caso “paradigmático” demanda los más altos estándares de protección para el adolescente. Por ello, promovieron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que se dicten en su favor las medidas de protección necesarias. Luego, recordaron que recibieron “expresamente el compromiso de acompañamiento por parte de la comisionada Esmeralda Arosemena, Relatora sobre los Derechos de la Niñez de dicha Comisión el 8 de febrero”.
Además, recordaron que Marco Antonio “es una víctima adolescente, de posible desaparición forzada por parte de policías de la Ciudad de México, que requiere ser tratado de acuerdo con los más altos estándares nacionales e internacionales relativos al interés superior de la niñez”.
Si el Instituto confirma que el joven salió temporalmente del centro hospitalario donde está bajo su resguardo, agregaron, “será necesario recibir una explicación exhaustiva de los hechos y cómo se garantizará su integridad”.
Las organizaciones acotaron que, si bien, los reportes médicos dicen que su salud ha mejorado, “aún requiere cuidados médicos especializados”.
Poe estas razones, exigieron a las autoridades mencionadas “dejar de revictimizarlo, asegurándose de protegerlo según sus responsabilidades constitucionales, particularmente en lo que corresponde a su dignidad, su integridad y su intimidad”.
A la Procuraduría General de Justicia capitalina (PGJ-CDMX) le recordaron la urgencia de que “rinda cuenta detalladamente sobre los avances de la investigación a su cargo por las graves violaciones de derechos humanos de las que fue víctima a manos de los oficiales de policías de la Ciudad”.
También aclararon que la declaración ministerial del joven ocurrirá “cuando se encuentre en condiciones óptimas de ofrecer su testimonio sin poner en riesgo su integridad, salud y credibilidad”, además de que se hará de acuerdo con la familia y la defensa, “sin imponer un criterio administrativo o mediático por sobre las garantías judiciales del adolescente”.
De paso, recordaron que “la filtración de información del caso, los trascendidos y la falta de información oportuna a la familia y la defensa constituyen también una violación continuada de los derechos humanos de este adolescente víctima”.
