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(apro).- La Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) pidió al gobernador Alejandro Murat Hinojosa que se transparente la investigación del accidente aéreo provocado por el helicóptero Black Hawk, con matrícula 1071 de la Fuerza Aérea Mexicana que dejó al menos 14 muertos y 15 heridos.
Durante la sesión pública, el ombudsman Arturo Peimbert Calvo informó que el pasado 21 de febrero sostuvo una reunión con el gobernador donde le propuso atender 10 puntos para reivindicar los derechos humanos de las víctimas en Jamiltepec por la caída de un helicóptero de la Secretaría de la Defensa Nacional.
Consideró que es necesario dar a conocer los procesos jurisdiccionales llevados a cabo en el fuero militar, las sanciones impuestas a los responsables y las medidas implementadas por las fuerzas militares para la no repetición de un acto similar.
La Fiscalía General de Oaxaca precisó que los hechos sucedieron aproximadamente a las 10:25 de la noche del pasado 16 de febrero cuando el helicóptero Black Hawk tuvo un accidente al realizar su aterrizaje en el Campo de la Colonia Aviación de Santiago Jamiltepec, donde se resguardaban familias por el sismo de 7.2 grados que sacudió a la región de la costa.
Adelantó que “por tratarse de un asunto de orden federal, se ha mantenido comunicación estrecha con la Procuraduría General de la República (PGR) desde el momento de ocurridos los hechos. En auxilio del Ministerio Público Federal, la Fiscalía General realizó ayer diversas diligencias como: levantamiento de cadáveres, identificación de cadáveres, dispensa de necropsias y entrega de los cuerpos a los familiares”.
Sin embargo, será la PGR la que determine las causas del accidente y fije las responsabilidades que correspondan.
Recomendaciones para reparación del daño
A casi 15 días del accidente, la Defensoría dio a conocer que entre los 10 puntos que presentó conforme a los más altos estándares de Reparación Integral del Daño, el Estado tiene la obligación de investigar los hechos (derecho a la verdad) y en su caso sancionar a los responsables.
Respecto a las medidas de rehabilitación propuso una atención integral a la salud para las víctimas y familiares directos, de forma preferencial y gratuita a través de los servicios que presta el Estado, incluyendo atención médica y psiquiátrica.
Además, el Estado se hará responsable de todos los gastos cuando se requieran traslados a otros lugares. Si las victimas cambian de residencia el Estado igualmente tiene la obligación de seguir brindando la atención médica correspondiente.
También debe otorgar becas, las cuales pueden ser mediante la creación de un Fideicomiso a favor de las niñas y niños que quedaron huérfanos para que no les falte nada y sigan estudiando hasta que culminen la universidad.
Y propuso hacer un listado de las victimas del evento y proponerles un trabajo estable y remunerado en alguna oficina del estado (no solo proyectos productivos).
Por lo que se refiere a medidas de satisfacción, pidió que el Estado Mexicano haga un acto público de reconocimiento de responsabilidad y disculpa pública en el que se señale que no obstante el hecho de haber sido un accidente, se reconocen las violaciones a derechos humanos cometidas.
En ese acto de disculpa deberán participar el gobernador Alejandro Murat, el secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, el secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos Zepeda, funcionarios del gobierno del estado, las víctimas y, como testigos, representantes de la ONU y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Esto sin contar que se debe difundir el acto de reconocimiento público de responsabilidad en el Diario Oficial de la Federación y el Periódico Oficial del Estado, así como en periódicos de circulación nacional y de circulación estatal.
Finalmente, el gobierno se debe comprometer a mejorar los protocolos para el uso de aeronaves en ambientes nocturnos y terrenos no propicios para el aterrizaje, así como mejorar la capacitación de los pilotos de las aeronaves.
En cuanto a las indemnizaciones compensatorias por daño material e inmaterial se debe crear un Fideicomiso para el aseguramiento, operación y trasparencia de este apartado donde los pagos sean erogados por una sola ocasión y constituyen el monto total de las reparaciones económicas que el Estado Mexicano otorgará para resarcir el daño ocasionado a las víctimas.
“Aquí sí puede entrar la entrega de un proyecto productivo a favor de cada una de las víctimas de violaciones a derechos humanos o en su caso a favor de su familiar directo”, puntualizó.
En el caso de las personas fallecidas se propone que el Estado reivindique su memoria, poniendo su nombre a algún espacio público (biblioteca, centro de salud, calle) que sirva como un duelo histórico de la comunidad hacia esas personas, pero también, como un recordatorio constante de lo que ahí sucedió, añadió Peimbert Calvo.
