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Piden que se suspenda a empleados del Insejupy coludidos con la mafia inmobiliaria

13 abril 2018
Noticias de Yucatán 
Ante las denuncias e investigaciones que pesan contra al menos cuatro ambos empleados del Insejupy, trabajadores del Instituto pidieron que se les separe del cargo hasta que en tanto no concluyan las pesquisas.

Los solicitantes dicen que esta medida (la de separar a los investigados de sus cargos) permitirá salvaguardar el buen nombre del Instituto, de sus trabajadores y de otros 150 que integran el Catastro más los del Registro Público de la Propiedad y el Archivo Notarial, dependencias agrupadas en el Insejupy.

Los inconformes hicieron llegar un escrito en el que piden la suspensión inmediata de los investigados pues consideran que los presuntos actos de corrupción de estas personas afectan a la institución y a sus trabajadores en general.

Los implicados, como hemos publicado, son Nery Gabriela Ortega Gahona y Juan Alejandro Paredes Sánchez, quienes habrían accedido a un supuesto registro irregular a cambio de una fuerte suma de dinero.
Nery Gabriela Ortega Gahona

Pero también salieron a relucir presuntas irregularidades cometidas por Sergio Martín Cuevas Ortega, quien supuestamente suplantó la personalidad de un dibujante de planos inscrito en el padrón del Insejupy e incluso habría acudido al Catastro a realizar trámites y hasta habría tomado cursos haciéndose pasar por Eliezer Arsenio Chan Noh.

Cuevas Ortega, quien es empleado de confianza, estaría protegido por su jefa, Gabriela Dájer Herrera.

Lo más sano, señalan los solicitantes en el documento, es que a los cuatro se les separe de sus puestos hasta que concluyan las investigaciones ministeriales, pues se sabe que hay abierta en la Fiscalía una carpeta de investigación contra al menos dos de ellos.

De permanecer en sus puestos, añaden, se envía el mensaje de que gozan de protección o que se tolera que incurran en presuntos actos de corrupción.
Sergio Martín Cuevas Ortega, quien suplantó la personalidad de un dibujante de planos

En publicaciones previas hemos señalado que, como parte de la investigación que se realiza a partir de la denuncia 2797/2017, interpuesta por un caso de despojo de un bien inmueble, salieron a relucir los nombres de Nery Gabriela Ortega Gahona y Juan Alejandro Paredes Sánchez, quienes habrían recibido una fuerte suma de dinero para hacer una inscripción irregular.

Como hemos informado, varios yucatecos han resultado afectados por redes de la delincuencia que se han apropiado ilegalmente de predios con el apoyo de notarios y abogados que se prestan a estos ilícitos, y cuyos actos presuntamente han sido registrados ante el Insejupy mediante empleados deshonestos. Yucatán Ahora

No cumple un nuevo instituto

30 abril 2012
Noticias de Yucatán ()

"Madruguete" del gobierno en el caso del Insejupy
Publicada: Lunes, 30 de abril de 2012 3:00 am  |  Mérida  |  42 de 104  | 
Edificio del Registro Público de la Propiedad, que está a cargo del Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial del Estado (Insejupy)
A tres meses de su creación por parte delgobierno, el Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán (Insejupy) no cumple con sus objetivos básicos.
De acuerdo con datos recabados, este instituto que preside Pablo Castro Alcocer, ex subconsejero Jurídico del gobierno estatal, no es autónomo, como prevé la leyque lo creó, porque aún carece de patrimonio propio, entre otras cosas.
En el Registro Público de la Propiedad, una de las dependencias que absorbió el nuevo organismo, se siguen emitiendo recibos a nombre de la Secretaría de Haciendaestatal y no del Insejupy, como debe ocurrir.
Los servicios del Registro Público de la Propiedad significan ingresos anuales de $80 millones, que siguen llegando al gobierno estatal y no al nuevo instituto.
La ley que permitió su creación, por otro lado, contradice artículos de las leyes del Notariado, del Registro Público y del Catastro, según juristas consultados.
Esa ley prevé un plazo de 90 días como máximo para registrar una escritura en el Registro Público, sin derecho a prelación, cuando la norma anterior permitía ese derecho desde el primer aviso al Registro y daba de plazo también de noventa días para cumplir con todo el trámite.- Hernán Casares Cámara
En sus propias palabras
LUIS LÓPEZ MARTÍN
Ante la discrepancia entre la ley del Insejupy con otras normas, las agrupaciones de notarios y algunos abogados se reunieron con la Consejería Jurídica para discutir el asunto y elaborar el reglamento de esa ley en forma conjunta, aunque el viernes, el Diario Oficial publicó ese reglamento.
Consultado al respecto, el presidente del Consejo de Notarios de Yucatán, Luis López Martín, dijo que esa publicación “nos tomó por sorpresa. No conocemos su contenido y si éste incluye las observaciones que hicimos a las autoridades”. Tardaremos una semana, añadió, en analizar el reglamento “y si éste cumple con preservar la seguridad jurídica patrimonial que los notarios otorgan a los contratos que se celebran con nosotros”.

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