Noticias de Yucatán
Defensores de derechos humanos, periodistas y
activistas han sido espiados por agentes del Estado mexicano, únicos
autorizados para comprar y usar el software “Pegasus” de espionaje de NSO
Group, que en teoría sólo debe ser usado para investigar a criminales y
terroristas, reveló el informe “Gobierno Espía: Vigilancia sistemática a
periodistas y defensores de derechos humanos” .
De acuerdo con el documento difundido este
lunes, entre enero de 2015 y julio de 2016 se registró una serie de ataques
contra periodistas y activistas mexicanos través del malware “Pegasus”. A estos
se suman los 12 intentos registrados en contra de científicos y activistas de
la Alianza por la Salud Alimentaria.
El informe fue elaborado por las organizaciones
Artículo 19, R3D y Social TIC, con asesoría técnica de Citizen Lab de Canadá.
El informe es publicado este día por el diario
estadounidense The New
York Times, que además cita que cada infección exitosa tendría
un costo que oscila alrededor de los 77 mil dólares.
Según decenas de mensajes examinados por The New York Times y
analistas forenses independientes, el software ha sido utilizado para vigilar a
algunas de las personas que han sido más críticas del gobierno, así como a sus
familiares, lo que muchos ven como un intento sin precedentes para debilitar e
intimidar a la gente que intenta ponerle fin a la corrupción que afecta a la
sociedad mexicana.
Para espiar a diez usuarios de iPhone, por
ejemplo, el fabricante cobra 650 mil dólares, además de la cuota de instalación
de 500 mil dólares, según las propuestas de comercialización de NSO Group que
revisó The New York Times.
“Desde hace mucho tiempo, los periodistas,
defensores de los derechos humanos y activistas anticorrupción en México han
enfrentado peligros enormes. Durante décadas los han seguido, acosado,
amenazado e, incluso, asesinado por realizar su trabajo; riesgos laborales más
comunes en Estados autoritarios que en los que forman parte de la Organización
para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, como es el caso de México”,
dice el reporte del Times.
El Presidente Enrique Peña Nieto “comenzó su
mandato en 2012 con la promesa de dejar atrás la historia atribulada del país y
poner a México en el lugar que se merece dentro del escenario mundial por medio
de reformas a la educación, a las telecomunicaciones o al sector energético. No
obstante, para 2014 se habían desvanecido gran parte de esas promesas tempranas
por escándalos y crisis, entre ellos la desaparición de 43 estudiantes
normalistas después de un enfrentamiento con la policía y las acusaciones de
que el mandatario y su esposa adquirieron una casa lujosa de un
constructor que después recibió varios contratos públicos”.
“Son escándalos que han derrumbado la imagen
perfectamente cuidada que Peña Nieto tuvo como candidato –un político enérgico
dispuesto a trabajar en conjunto con otros partidos para modernizar y
mover a México– y lo han pintado como un funcionario corrupto que
desconoce la realidad que viven los mexicanos. Ese cambio es el resultado,
en buena medida, del trabajo de los periodistas mexicanos que develaron los
casos y de los activistas y defensores que no han permitido que
sean olvidados”, dice el diario estadounidense.
La investigación señaló que este software
malicioso, desarrollado por la firma israelí NSO Group, es comercializado
únicamente a gobiernos. Desde 2011, se ha reunido evidencia de que al menos
tres instancias del Gobierno federal lo han adquirido: la Procuraduría General
de la República (PGR), el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN)
y la Secretaría de la Defensa Nacional; esta última, sin facultades legales
para ejercer acciones de vigilancia.
En agosto de 2016 los investigadores del
Citizen Lab de la Universidad de Toronto documentaron el mecanismo mediante el
cual el software “Pegasus” infecta los teléfonos inteligentes. Por lo general
el ataque se realiza al enviar un mensaje de SMS dirigido a la persona objeto
del ataque, con un texto que resulte imposible de no abrir y forzando a hacer
clic en un enlace adjunto.
El software se apodera del teléfono celular del
individuo y permite acceder a todos su datos y funciones, por lo cual es una
herramienta autorizada solo para perseguir criminales o terroristas.
Por su enorme potencial intrusivo, el software
“Pegasus” únicamente puede ser adquirido por entidades gubernamentales
facultadas para usarlo en casos relacionados con crimen organizado, terrorismo
o cuestiones de seguridad nacional, siempre y cuando cuenten con la
autorización judicial correspondiente.
Ninguno de los casos documentados en el informe
se encuentra en el supuesto anterior, ya que se trata de intervenciones
ilegales y constitutivas de violaciones a los derechos humanos, incumplimiento
de los protocolos internacionales en la materia.
De acuerdo con el documento, “cuando una
persona es atacada con “Pegasus”, recibe un mensaje SMS en su teléfono, el cual
contiene un texto que busca persuadirlo de hacer clic en un enlace infeccioso,
haciéndose pasar por una noticia, un aviso o el mensaje de un familiar o amigo.
Si la persona hace clic en el enlace, su teléfono recibe inadvertidamente un
software malicioso que permite al atacante, entre otras cosas, tener acceso a
todos los archivos guardados en el dispositivo, así como controlar la cámara y
el micrófono del celular”.
Entre los blancos del programa, según el
informe, se encuentran abogados que investigan la desaparición de los 43
estudiantes de Ayotzinapa, un economista que ayudó a redactar un proyecto
de ley anticorrupción, los periodistas Carmen Aristegui Flores y Carlos Loret
de Mola, y una estadounidense que representa a víctimas de abusos sexuales
cometidos por la policía.
Los intentos de espionaje incluso han alcanzado
a los familiares de los activistas y periodistas, incluido un adolescente.
Este reporte detalla los intentos de infección
con el malware “Pegasus” en contra de doce objetivos, agrupados en cinco casos.
Foto: Especial.
Por ejemplo, personal del Centro Prodh recibió
intentos de infección durante coyunturas como el décimo aniversarios de la
represión en Atenco, la discusión de la Ley General contra la Tortura o la
presentación del informe final del caso Ayotzinapa por parte del GIEI. En el
caso de Aristegui Noticias, los mensajes recibidos ocurrieron durante sucesos
como la exoneración del Presidente Enrique
Peña Nieto por el conflicto de interés de la
casa blanca o la publicación de reportajes relacionados con la figura presidencial.
Otro de los objetivos, Carlos Loret de Mola,
recibió intentos de infección cuando escribía sobre las ejecuciones
extrajudiciales en Tanhuato, Michoacán.
Por su parte, personal del Instituto Mexicano
para la Competitividad fue objetivo de ataques con el malware “Pegasus”
durante la discusión de la ley 3 de 3, en tanto que dos periodistas de
Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad recibieron mensajes tras la
publicación del reportaje sobre la red de empresas fantasma del gobierno de
Javier Duarte, en el cual colaboró la organización.
Los hallazgos de este reporte, refieren
organizaciones, apuntan a la comisión de graves delitos y violaciones a
derechos humanos, por lo que exigieron “una investigación exhaustiva, seria,
imparcial y transparente sobre los hechos denunciados y castigarse a todos los
responsables intelectuales y materiales”.
Fuente: Sin Embargo
