Noticias de Yucatán
Irrumpieron de madrugada, azotando la puerta de la habitación con pistola en mano. El joven pasante se arrepintió de haber elegido esa plaza. Escuchó casos de colegas suyos en la serranía de Oaxaca y de otros estados del país, pero no imaginaba ser una víctima más mientras ofrecía los servicios de salud a la comunidad.
Los delincuentes entraron a robar en el centro de salud de Santa Rita Tlahuapan, Puebla, lo golpearon y ataron de pies y manos. Enseguida, lanzaron la advertencia: “No te vayas a mover hijo de tu puta madre o te vamos a matar. Ya he matado a varias personas ¿Crees que no te puedo matar a ti?”. Al escuchar la amenaza, creyó que iba a morir. Pensó en su familia y en su novia. Recordó su infancia y cuando ingresó a la carrera de medicina en el Instituto Politécnico Nacional(IPN).
Ese 7 de junio de 2017, al estar encañonado, Alfredo Carbajal se dio por muerto. De ser así, se sumaría a otros pasantes de medicina en servicio social que fueron asesinados, amenazados, golpeados, violados, acosados, asaltados, robados y privados de la libertad en los últimos dos sexenios. Sus verdugos: pobladores de comunidades, pacientes, autoridades, personal médico y crimen organizado.
Pese al peligro que viven, al año son enviados cerca de 18 mil jóvenes a realizar su servicio social como médicos pasantes. Las autoridades federales, estatales y municipales son omisas. Consideran que son hechos aislados. Pero no lo son, responden a un modelo caduco, que no funciona y no vela por su seguridad e integridad.
Estudiantes, legisladores y organizaciones civiles consultados por EL UNIVERSAL coinciden en que el modelo debe replantearse. Ya sea al disminuir el periodo de un año a seis meses (como en la mayoría de carreras universitarias), o realizarlo en la misma entidad de la sede educativa y lugar cercano. Lo mismo que brindar mayor seguridad y apoyo económico a los estudiantes que son enviados a comunidades lejanas, o sino cancelarse.
En febrero de 2016, este diario documentó 84 denuncias de agresiones y amenazas en 21 entidades contra pasantes, de 2007 a 2015. A la fecha continúan como blanco del crimen. La violencia no cesa. De acuerdo con la repuesta a una solicitud de información vía Transparencia, la Secretaría de Salud (SSa) negó tener información, a pesar de que en años recientes sí la registró. El IPN reportó 13 casos (entre ellos, la violación de una pasante en Guanajuato en julio de 2017) de enero de 2016 a agosto de 2017. La UNAM señaló que su función no es llevar un registro y la UAM no respondió, según muestran varias solicitudes de información obtenidas vía transparencia.
A esto se suma una cifra negra que se desconoce, porque muchos de los afectados no denuncian o reportan los hechos por temor a represalias. Aunque la SSa señala que no existen datos, en otro oficio se observa un patrón en el abandono de plazas, que cada año crece. En 2011 se presentaron siete renuncias y para 2016 la cifra se disparó a 91, sin especificar los motivos, según documentos de la dependencia a cargo de José Narro Robles.
Aunque no especifica las causas de muerte, otro oficio muestra 20 fallecimientos de pasantes en el periodo que realizaron su servicio de 2010 a agosto de 2017. Este diario registró cuatro más a través de solicitudes de información al IPN y medios de comunicación. Es decir, un total de 24 (nueve mujeres y 15 hombres). Mediante una búsqueda en internet, se halló que cinco fueron por homicidio, uno por asalto, y otro más un supuesto suicidio.
En entrevista con EL UNIVERSAL, Sebastián García Saisó, director general de Calidad y Educación en Salud de la SSa, comenta que en las amenazas y agresiones suscitadas no hay evidencia de que sean vinculados por su actividad como pasantes.
“No es que no tengamos registros. No hay un análisis que diga que hay un fenómeno dirigido a pasantes por su actividad. Sí hay asaltos, hay incidentes donde han perdido la vida pasantes. Ha habido incluso violaciones, y esa lista la elaboramos nosotros hace dos años. Entonces sí hay percances, pero no están vinculados a su quehacer como médicos o pasantes”, asegura.
Para proteger la integridad de éstos existe la Norma Oficial Mexicana (NOM) 009 en la que, cuenta, se establecen las condiciones mínimas de seguridad. Aunque ésta “no es competencia de los prestadores de servicio de salud”, puesto que es competencia de las fuerzas del orden, de la autoridad municipal, estatal o federal.
Un apartado de la NOM 009 indica que se “debe contar con un área exclusiva para habitación, descanso y alimentación en condiciones de privacidad y seguridad en el campo clínico. Un medio de comunicación externo como: teléfono, radiocomunicador o sistema de internet, cuando existan en la localidad las condiciones de infraestructura para ello”.
García dice que cuando se registra un acto de violencia en una comunidad y se ve amenazada la integridad de los pasantes, se retira inmediatamente la disponibilidad de la plaza para el servicio social. Para conocer su postura, se contactó a la Asociación Mexicana de Facultades y Escuelas de Medicina, pero al cierre de edición no hubo respuesta.
Replantear la actividad
El doctor Julio Bueno, integrante del movimiento #Yo soy 17, señala que existe una preocupación por estos actos: “Se siguen mandando pasantes a las zonas de riesgo y el gobierno no ha hecho absolutamente nada en estos años. Da coraje que exponen a los muchachos a que les pase algo”.
“No se ha hecho nada para mejorar el sector salud. Narro Robles llegó y se la pasó en campaña año y medio. Nunca se sentó en su escritorio a ver la problemática”, denuncia.
De seguir la violencia, afirma que el servicio debe cancelarse. “Lo que pasa es que con los pasantes sacan la chamba a muy bajo costo o más bien a ningún costo. Entonces, cubren las necesidades de médicos (...) Estoy de acuerdo en que el servicio social debe de modificarse, replantearse o cancelarse”, señala.
Martha Palafox Gutiérrez, senadora del Partido del Trabajo (PT) e integrante de las comisiones de Salud y Educación, dice que en los últimos tiempos ha habido pasantes muertos y que también son víctimas de extorsión, violación y secuestro en algunos de los lugares más peligrosos del país, como: Nayarit, Tamaulipas, Sonora, Chihuahua, Guanajuato, Michoacán y Guerrero.
Considera que el modelo debe replantearse dando certeza de seguridad, de transporte, de alimentación y de hospedaje a los prestadores de servicio: “Hay que hacer el replanteamiento o un nuevo modelo para que puedan acceder a la prestación de servicios”.
Palafox se muestra dispuesta a presentar un punto de acuerdo y si es necesario una iniciativa para que se busque un modelo adecuado: “Tenemos que dialogar con académicos, representantes, con investigadores de la UNAM, con jóvenes pasantes, para poder tener un criterio y plasmarlo en la ley”.
Carbajal dice que el servicio social no debería existir o reducirse a seis meses y hacerlo en el transcurso de la carrera: “Yo no veo porque en el caso de medicina no se pueda hacer. Justifican que es donde puedes aprender y estar a solas con los pacientes, pero la verdad, uno al acabar la carrera, ya sea a los cuatro o cinco años, haces uno más de internado. Tienes el conocimiento de un médico general”.
En enero, Narro Robles anunció la implementación de un nuevo modelo en las 32 entidades, enfocado en medicina familiar para prevenir enfermedades. Participan 3 mil 500 pasantes de 115 instituciones, que no sólo estarán en unidades médicas de primer nivel, sino que tendrán una rotación en hospitales comunitarios. Pero no se habló ni se incluyó velar por su seguridad y sus necesidades.
Un pasante amenazado, golpeado o que ha pasado por una experiencia de agresión violenta, puede presentar ansiedad, insomnio, irritabilidad, bajo rendimiento, desconcentración, taquicardia, disminución del apetito y de libido, explica Francisco Shimasaki, siquiatra del Hospital Fray Bernardino Álvarez.
Otros pueden progresar a episodios depresivos. Inician con el estrés postraumático, después pasan a un trastorno depresivo mayor. Al igual, existe un desánimo por la carrera de medicina y en ocasiones conlleva a la deserción, como le sucedió a Paola, el entusiasmo por su carrera y la empatía por los enfermos se perdió tras un año. Su primer incidente, a la semana de servicio, un paciente le gritó por negarse a adelantarle dos meses de medicamento para la diabetes. Salía pocas veces del centro de salud de Colima al que fue enviada porque temía ser “desaparecida”. En una ocasión, un hombre bajo efecto de drogas la interceptó y exigió un medicamento controlado. Intentó golpearla. El perro callejero al que a veces alimentaba la defendió y el agresor huyó. Pero lo que más recuerda es al narcotraficante que la acosaba y que un día terminó ejecutado.
Crecen las renuncias al servicio, con siete en 2011; 38 en 2012; 42 en 2013; 37 en 2014; 64 en 2015; 91 en 2016 y 21 hasta agosto de 2017. De las 300, 190 corresponden a mujeres, de acuerdo con datos obtenidos a través de Infomex. De las 39 instituciones que aparecen, la UNAM está en primer lugar con 103; el IPN tiene 47 y la Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG) les sigue con 25 en total.
Irrumpieron de madrugada, azotando la puerta de la habitación con pistola en mano. El joven pasante se arrepintió de haber elegido esa plaza. Escuchó casos de colegas suyos en la serranía de Oaxaca y de otros estados del país, pero no imaginaba ser una víctima más mientras ofrecía los servicios de salud a la comunidad.
Los delincuentes entraron a robar en el centro de salud de Santa Rita Tlahuapan, Puebla, lo golpearon y ataron de pies y manos. Enseguida, lanzaron la advertencia: “No te vayas a mover hijo de tu puta madre o te vamos a matar. Ya he matado a varias personas ¿Crees que no te puedo matar a ti?”. Al escuchar la amenaza, creyó que iba a morir. Pensó en su familia y en su novia. Recordó su infancia y cuando ingresó a la carrera de medicina en el Instituto Politécnico Nacional(IPN).
Ese 7 de junio de 2017, al estar encañonado, Alfredo Carbajal se dio por muerto. De ser así, se sumaría a otros pasantes de medicina en servicio social que fueron asesinados, amenazados, golpeados, violados, acosados, asaltados, robados y privados de la libertad en los últimos dos sexenios. Sus verdugos: pobladores de comunidades, pacientes, autoridades, personal médico y crimen organizado.
Pese al peligro que viven, al año son enviados cerca de 18 mil jóvenes a realizar su servicio social como médicos pasantes. Las autoridades federales, estatales y municipales son omisas. Consideran que son hechos aislados. Pero no lo son, responden a un modelo caduco, que no funciona y no vela por su seguridad e integridad.
Estudiantes, legisladores y organizaciones civiles consultados por EL UNIVERSAL coinciden en que el modelo debe replantearse. Ya sea al disminuir el periodo de un año a seis meses (como en la mayoría de carreras universitarias), o realizarlo en la misma entidad de la sede educativa y lugar cercano. Lo mismo que brindar mayor seguridad y apoyo económico a los estudiantes que son enviados a comunidades lejanas, o sino cancelarse.
En febrero de 2016, este diario documentó 84 denuncias de agresiones y amenazas en 21 entidades contra pasantes, de 2007 a 2015. A la fecha continúan como blanco del crimen. La violencia no cesa. De acuerdo con la repuesta a una solicitud de información vía Transparencia, la Secretaría de Salud (SSa) negó tener información, a pesar de que en años recientes sí la registró. El IPN reportó 13 casos (entre ellos, la violación de una pasante en Guanajuato en julio de 2017) de enero de 2016 a agosto de 2017. La UNAM señaló que su función no es llevar un registro y la UAM no respondió, según muestran varias solicitudes de información obtenidas vía transparencia.
A esto se suma una cifra negra que se desconoce, porque muchos de los afectados no denuncian o reportan los hechos por temor a represalias. Aunque la SSa señala que no existen datos, en otro oficio se observa un patrón en el abandono de plazas, que cada año crece. En 2011 se presentaron siete renuncias y para 2016 la cifra se disparó a 91, sin especificar los motivos, según documentos de la dependencia a cargo de José Narro Robles.
Aunque no especifica las causas de muerte, otro oficio muestra 20 fallecimientos de pasantes en el periodo que realizaron su servicio de 2010 a agosto de 2017. Este diario registró cuatro más a través de solicitudes de información al IPN y medios de comunicación. Es decir, un total de 24 (nueve mujeres y 15 hombres). Mediante una búsqueda en internet, se halló que cinco fueron por homicidio, uno por asalto, y otro más un supuesto suicidio.
En entrevista con EL UNIVERSAL, Sebastián García Saisó, director general de Calidad y Educación en Salud de la SSa, comenta que en las amenazas y agresiones suscitadas no hay evidencia de que sean vinculados por su actividad como pasantes.
“No es que no tengamos registros. No hay un análisis que diga que hay un fenómeno dirigido a pasantes por su actividad. Sí hay asaltos, hay incidentes donde han perdido la vida pasantes. Ha habido incluso violaciones, y esa lista la elaboramos nosotros hace dos años. Entonces sí hay percances, pero no están vinculados a su quehacer como médicos o pasantes”, asegura.
Para proteger la integridad de éstos existe la Norma Oficial Mexicana (NOM) 009 en la que, cuenta, se establecen las condiciones mínimas de seguridad. Aunque ésta “no es competencia de los prestadores de servicio de salud”, puesto que es competencia de las fuerzas del orden, de la autoridad municipal, estatal o federal.
Un apartado de la NOM 009 indica que se “debe contar con un área exclusiva para habitación, descanso y alimentación en condiciones de privacidad y seguridad en el campo clínico. Un medio de comunicación externo como: teléfono, radiocomunicador o sistema de internet, cuando existan en la localidad las condiciones de infraestructura para ello”.
García dice que cuando se registra un acto de violencia en una comunidad y se ve amenazada la integridad de los pasantes, se retira inmediatamente la disponibilidad de la plaza para el servicio social. Para conocer su postura, se contactó a la Asociación Mexicana de Facultades y Escuelas de Medicina, pero al cierre de edición no hubo respuesta.
Replantear la actividad
El doctor Julio Bueno, integrante del movimiento #Yo soy 17, señala que existe una preocupación por estos actos: “Se siguen mandando pasantes a las zonas de riesgo y el gobierno no ha hecho absolutamente nada en estos años. Da coraje que exponen a los muchachos a que les pase algo”.
“No se ha hecho nada para mejorar el sector salud. Narro Robles llegó y se la pasó en campaña año y medio. Nunca se sentó en su escritorio a ver la problemática”, denuncia.
De seguir la violencia, afirma que el servicio debe cancelarse. “Lo que pasa es que con los pasantes sacan la chamba a muy bajo costo o más bien a ningún costo. Entonces, cubren las necesidades de médicos (...) Estoy de acuerdo en que el servicio social debe de modificarse, replantearse o cancelarse”, señala.
Martha Palafox Gutiérrez, senadora del Partido del Trabajo (PT) e integrante de las comisiones de Salud y Educación, dice que en los últimos tiempos ha habido pasantes muertos y que también son víctimas de extorsión, violación y secuestro en algunos de los lugares más peligrosos del país, como: Nayarit, Tamaulipas, Sonora, Chihuahua, Guanajuato, Michoacán y Guerrero.
Considera que el modelo debe replantearse dando certeza de seguridad, de transporte, de alimentación y de hospedaje a los prestadores de servicio: “Hay que hacer el replanteamiento o un nuevo modelo para que puedan acceder a la prestación de servicios”.
Palafox se muestra dispuesta a presentar un punto de acuerdo y si es necesario una iniciativa para que se busque un modelo adecuado: “Tenemos que dialogar con académicos, representantes, con investigadores de la UNAM, con jóvenes pasantes, para poder tener un criterio y plasmarlo en la ley”.
Carbajal dice que el servicio social no debería existir o reducirse a seis meses y hacerlo en el transcurso de la carrera: “Yo no veo porque en el caso de medicina no se pueda hacer. Justifican que es donde puedes aprender y estar a solas con los pacientes, pero la verdad, uno al acabar la carrera, ya sea a los cuatro o cinco años, haces uno más de internado. Tienes el conocimiento de un médico general”.
En enero, Narro Robles anunció la implementación de un nuevo modelo en las 32 entidades, enfocado en medicina familiar para prevenir enfermedades. Participan 3 mil 500 pasantes de 115 instituciones, que no sólo estarán en unidades médicas de primer nivel, sino que tendrán una rotación en hospitales comunitarios. Pero no se habló ni se incluyó velar por su seguridad y sus necesidades.
Un pasante amenazado, golpeado o que ha pasado por una experiencia de agresión violenta, puede presentar ansiedad, insomnio, irritabilidad, bajo rendimiento, desconcentración, taquicardia, disminución del apetito y de libido, explica Francisco Shimasaki, siquiatra del Hospital Fray Bernardino Álvarez.
Otros pueden progresar a episodios depresivos. Inician con el estrés postraumático, después pasan a un trastorno depresivo mayor. Al igual, existe un desánimo por la carrera de medicina y en ocasiones conlleva a la deserción, como le sucedió a Paola, el entusiasmo por su carrera y la empatía por los enfermos se perdió tras un año. Su primer incidente, a la semana de servicio, un paciente le gritó por negarse a adelantarle dos meses de medicamento para la diabetes. Salía pocas veces del centro de salud de Colima al que fue enviada porque temía ser “desaparecida”. En una ocasión, un hombre bajo efecto de drogas la interceptó y exigió un medicamento controlado. Intentó golpearla. El perro callejero al que a veces alimentaba la defendió y el agresor huyó. Pero lo que más recuerda es al narcotraficante que la acosaba y que un día terminó ejecutado.
Crecen las renuncias al servicio, con siete en 2011; 38 en 2012; 42 en 2013; 37 en 2014; 64 en 2015; 91 en 2016 y 21 hasta agosto de 2017. De las 300, 190 corresponden a mujeres, de acuerdo con datos obtenidos a través de Infomex. De las 39 instituciones que aparecen, la UNAM está en primer lugar con 103; el IPN tiene 47 y la Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG) les sigue con 25 en total.
