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El proyecto para descentralizar a 12 secretarías y 15 entidades del gobierno federal, cuyas oficinas centrales están asentadas en la Ciudad de México, afectará no sólo a lostrabajadores involucrados, sino también a una gran cantidad de micro y pequeños establecimientos que dependen del consumo que realizan estos empleados y sus familias.
Uno de cada cuatro burócratas (26%) afiliados al ISSSTE está registrado en la capital del país, lo que representa 740.6 mil trabajadores y poco más de 2 millones de familiares.
El ingreso neto, una vez descontados los impuestos, de estos empleados representa aproximadamente 5% del PIB de la entidad y 39% del gasto familiar en la capital del país.
“Para la Ciudad de México habría un impacto importante con la descentralización, en términos de la operación normal de la economía, pero también de la informal que, como se ve, alrededor de donde hay oficinas está toda un cadena de negocios informales, los cuales venden comida u otros productos que dependen de la demanda que hace esa población”, dijo Aníbal Gutiérrez, profesor e investigador de la Facultad de Economía de la UNAM.
En la capital del país existen alrededor de 270 mil micros y pequeños comercios y restaurantes de no más de 50 trabajadores que dan empleo a 754 mil personas, todos ellos del sector formal, además de otra gran cantidad de comercios, fondas, taquerías y torterías informales donde están ocupadas de manera directa cerca de 760 mil personas, en total más de un millón y medio de empleados.
Adicional al impacto en el consumo, se debe incluir el impacto de la recaudación tanto en la Ciudad de México como en el Estado de México, no sólo derivada del impuesto sobre nómina, sino también la indirecta por la actividad económica generada por restaurantes, taxis, lavanderías y otros servicios, y el incremento recaudatorio de entidades receptoras de las oficinas federales, dijo recientemente José Besil, presidente del Instituto Mexicano de Contadores Públicos.
Raymundo Tenorio, director de la licenciatura en Economía y Finanzas del Tecnológico de Monterrey, dijo que aunque salgan algunas dependencias otras se van a crear y permanecer en la ciudad, por lo que no habría una baja económica significativa. Siempre la capital del país tendrá oportunidad para crecer y atraer consumo e inversión privada.
Costo-beneficio del proyecto. El proyecto de descentralización será un proceso complejo que tendrá un alto costo para los trabajadores y sus familias, las finanzas públicas y de los gobiernos locales, así como para la población, por lo que hace falta hacer un análisis más detallado de los beneficios que justifiquen el esfuerzo y gasto en cada dependencia, comentaron analistas económicos.
“Si se habla de descentralizar tendríamos que tener claro qué vamos a ganar tanto el gobierno federal, como los estatales, pero sobre todo la población. Se ve complicado y no hay un diagnóstico detallado que justifique 100% la ganancia que se va a tener”, advirtió Aníbal Gutiérrez.
Se calcula que la inversión para la descentralización ascenderá a 125 mil millones de pesos en seis años, de acuerdo con el Proyecto de Nación 2018-2024, elaborado por el equipo de Andrés Manuel López Obrador.
La cifra es 18% superior al gasto presupuestal destinado a la Secretaría de Desarrollo Social, similar al presupuesto de la Secretaría de Salud y la mitad de lo destinado a la Secretaría de Educación Pública en 2018. Sin embargo, se proyecta que sólo durante el primer año el gasto en obras
de infraestructura para la descentralización (unos 20 mil 925 millones de pesos) correrá totalmente a cargo del sector público y para los siguientes años habrá también participación del sector privado.
Adicionalmente se estiman gastos en diversos estudios sobre las capacidades físicas de las ciudades, aspectos sociales, propuesta de plan de ruta, creación de las entidades coordinadoras, estudios del mercado inmobiliario, así como los primeros planes maestros y proyectos ejecutivos en una primera etapa por un monto de casi 2 millones de pesos, por lo que el costo para el primer año puede ascender a 22 mil 805 millones.
Cuestionan objetivos de plan. De acuerdo con los expertos consultados, el proyecto tiene lógica si se trata de estimular el crecimiento en algunas otras regiones, pero puede ser tan costoso porque llegaría a ser prohibitivo y no alcanzar plenamente los objetivos planteados.
Los analistas coincidieron en que el plan tiene complicaciones y es inconsistente en un contexto de austeridad como el que pretende abanderar el nuevo gobierno, lo que hace el riesgo es que lo hagan tan gradual e incompleto que sólo genere gastos y no dé los resultados que se buscan.
Un problema adicional es que hay condiciones laborales, por ejemplo en términos de los sindicatos, si el personal de base está en condición de moverse, explicó el académico.
Entre las principales dudas que hay sobre la mudanza del personal es qué porcentaje está dispuesto a trasladarse, a dónde van a ir a vivir, en qué escuelas asistirán los hijos y con qué infraestructura van a estar.
En lo que corresponde a empleados por honorarios, de confianza y demás, también queda la inquietud de qué tanto están en disposición, incluso familiar, de moverse hacia otra entidad del país.
Creación de zonas de desarrollo. Raúl Feliz, catedrático del CIDE, considera que una forma lógica de organizar el gobierno a partir de la descentralización es que las oficinas donde están los secretarios de Estado estuvieran en la Ciudad de México siempre, aunque eso no significa que todas las entidades u oficinas de la dependencia tengan que estar en la capital del país.
Considera que las oficinas de los titulares de las secretarías deben estar lo más cerca posible de la oficina del Presidente.
Además, no se trata sólo de enviar las secretarias y dependencias a los estados, sino también crear zonas de desarrollo, por ejemplo, la idea sería organizar en Ciudad del Carmen, un hub de toda la industria energética y no sólo mandar las oficinas centrales de Pemex a ese sitio.
Finalmente, los detalles que se tienen hasta ahora sobre el proceso de descentralización no son suficientes para saber si la implementación que se quiere hacer es la correcta, concluyó el académico del CIDE.
