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Un informe de Naciones Unidas publicado este lunes condenó duramente al Talibán por celebrar ejecuciones, lapidaciones y fustigamientos públicos desde que tomó el poder en Afganistán, y pidió a los gobernantes del país que detuvieran esas prácticas.
Apenas en los últimos seis meses, 274 hombres, 58 mujeres y dos niños fueron azotados en público en Afganistán, según un informe de la Misión de Asistencia de Naciones Unidas en Afganistán, o UNAMA, por sus siglas en inglés.
“El castigo físico es una violación de la Convención contra la Tortura y debe detenerse”, dijo Fiona Frazer, jefa de derechos humanos de la agencia. También pidió una moratoria inmediata sobre las ejecuciones.
El Ministerio talibán de Exteriores respondió que las leyes afganas se deciden de acuerdo a las reglas y recomendaciones islámicas y que la abrumadora mayoría de los afganos sigue esas normas.
“En caso de un conflicto entre el derecho internacional de derechos humanos y la ley islámica, el gobierno está obligado a seguir la ley islámica”, indicó el Ministerio en un comunicado.
El Talibán empezó a imponer esos castigos poco después de asumir el poder hace casi dos años, pese a promesas iniciales de que impondría un régimen más moderado que en su gobierno anterior en la década de 1990.
Al mismo tiempo se han ido soportando las restricciones sobre las mujeres, vetadas de espacios públicos como parques y gimnasios de acuerdo a una estricta interpretación de la ley islámica. Las restricciones han provocado indignación internacional, lo que aumenta el aislamiento del país en pleno colapso económico y empeora una crisis humanitaria.
El informe del lunes sobre castigos físicos documenta prácticas talibanes antes y después de su regreso al poder en agosto de 2021, cuando tomó la capital, Kabul, mientras las fuerzas de Estados Unidos y la OTAN se retiraron tras dos décadas de guerra.
El primer azote público tras la toma talibán se reportó en octubre de 2021 en la provincia norteña de Kapisa, dijo el documento. En ese caso, una mujer y un hombre acusados de adulterio fueron fustigados 100 veces cada uno ante eruditos religiosos y autoridades talibanes locales.
En diciembre de 2022, las autoridades talibanes ejecutaron a un afgano condenado de asesinato, en la primera ejecución pública desde que recuperaron el poder, según el informe.
El padre de la víctima de asesinato realizó esa ejecución con un rifle de asalto en la provincia occidental de Farah ante cientos de espectadores y mandos talibanes.
Zabihullah Mujahid, principal vocero del gobierno, dijo que la decisión sobre ese castigo se había tomado “de forma muy cuidadosa” tras el visto bueno de tres de las principales cortes del país y el líder supremo talibán, Mullah Hibatullah Akhundzada.
Los castigos corporales han sentido con gran número y frecuencia desde noviembre, cuando Mujahid recogió en un tuit unos comentarios del líder supremo sobre los jueces y el empleo de la ley islámica, dijo el informe.
UNAMA confirma 43 casos de fustigamientos públicos en Afganistán
Desde ese tuit, UNAMA documentó al menos 43 casos de fustigamientos públicos a 274 hombres, 58 mujeres y dos chicos. La mayoría de los castigos estaban relacionados con condenas de adulterio y “abandono del hogar”, según el informe. Otras supuestas infracciones eran robo, homosexualidad, consumo de alcohol, fraude y tráfico de drogas.
Abdul Malik Haqqani, el responsable de justicia nombrado por el Talibán, dijo la semana pasada en un mensaje en video que la Corte Suprema del Talibán ha emitido 175 veredictos llamados “de retribución” desde que asumió el poder, incluidos 79 fustigamientos y 37 lapidaciones.
Esos veredictos fundamentan el derecho a una supuesta víctima o familiar de la víctima de un crimen a castigar o perdonar al responsable. Haqqani dijo que los líderes talibanes están comprometidos con ejecutar esas sentencias.
En un principio, tras su derrocamiento inicial en la invasión estadounidense de 2001, el Talibán siguió realizando ejecuciones y castigos físicos en zonas que controlaba mientras libraba una insurgencia contra el gobierno afgano con apoyo estadounidense, dijo el informe.
UNAMA documentó al menos 182 casos en los que el Talibán ejecutó sus propias sentencias en el apogeo de su insurgencia entre 2010 y agosto de 2021, que supuso 213 muertes y 64 heridos.
Muchos países de mayoría musulmana toman normas de la ley islámica, pero la interpretación del Talibán es una excepción.
El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, ha tachado el veto talibán a que las mujeres trabajan como una violación inaceptable de los derechos humanos de los afganos.
Los gobernantes talibanes de Afganistán informaron el 5 de abril a Naciones Unidas de que las mujeres afganas que trabajaron para su delegación ya no podrían presentarse en sus puestos. Las agencias humanitarias han anunciado que esa prohibición afectará a su capacidad para ofrecer ayuda humanitaria urgente en Afganistán.
El Talibán ya había expulsado a las niñas de las escuelas a partir de sexto grado y vetado a las mujeres de la mayoría de empleos y vida pública. En diciembre prohibió que las mujeres trabajaran en organizaciones locales y no gobiernos, una medida que en principio no crearon a las oficinas de Naciones Unidas.
Durante el primer régimen talibán entre 1996 y 2001, las autoridades imponían castigos físicos y ejecuciones en público contra personas acusadas de crímenes, a menudo en espacios grandes como estadios deportivos y cruces urbanos.
