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Antonio Díaz Valencia, líder comunal de Aquila, se encuentra registrado como “persona ubicada” en el censo de la Estrategia Nacional de Búsqueda Generalizada, presentada el 14 de diciembre en la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador. El caso del profesor nahua, desaparecido hace un año junto con el abogado Ricardo Lagunes Gasca, adquirió relevancia internacional por la lucha legal que mantenían contra la empresa Ternium, que opera la mina Las Encinas. Pese a que no han sido localizados, ahora el Gobierno federal asegura tener “indicios” sobre el paradero del defensor.
“El hecho de que a mi papá lo tomen en esa categoría es totalmente mentira porque no hay indicios. ¿Qué significa eso? ¿Hay un carpetazo por parte de la Comisión Nacional de Búsqueda hacia el caso de mi papá? ¿Qué va a pasar? Genera mucha incertidumbre, da bastante coraje”, dice su hijo Keivan Díaz.
Díaz Valencia es una de las 269 personas desaparecidas registradas con una categoría errónea en el censo de la Estrategia Nacional, una versión pública para consulta elaborada a partir del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO). La cifra fue obtenida por este equipo tras hacer una revisión de casos que han sido documentados por la prensa o que figuran en bases de datos públicas.
Bajo las categorías de “Personas ubicadas”/”Con indicios”, “Se requiere información de identidad” y “Con identidad sin datos adicionales”/“Se busca reportante” se encuentran víctimas que cuentan con resoluciones internacionales en las que se determinó la responsabilidad del Estado mexicano en la desaparición, emitidas por los comités contra la Desaparición Forzada (CED) y para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), y también casos mediáticos sobre los que las familias buscadoras han hecho declaraciones durante años, según pudo constatar este medio.
El “nuevo censo” anunciado por López Obrador el pasado junio se dio a conocer en diciembre con el nombre de Estrategia Nacional de Búsqueda Generalizada. Su objetivo es demostrar que este no es el sexenio con mayor número de desapariciones, aunque, hasta el pasado agosto, el 40 por ciento de los reportes del RNPDNO correspondían a esta administración.
Díaz Valencia figura como ubicado –sin prueba de vida– porque, según la metodología hecha pública por el Gobierno, su nombre habría surgido después de que compararon el RNPDNO con bases de datos administrativas de programas sociales, vacunación por covid, IMSS, entre otras, sin que se haya informado en cuál se halló el indicio.
En el aniversario de la desaparición de Antonio Díaz Valencia y Ricardo Lagunes Gasca sus familiares realizaron una protesta en el Zócalo. Foto: Ulises Martínez/ObturadorMX
María Herrera busca a cuatro de sus hijos: Raúl y Jesús Salvador Trujillo Herrera, desaparecidos en Guerrero en 2008, y Gustavo y Luis Armando, ausentes desde 2010. En 2011, Herrera confrontó al presidente Felipe Calderón durante un diálogo entre autoridades y víctimas de la llamada “guerra contra las drogas”, y el año pasado, la revista Time la eligió como una de las 100 personas más influyentes del mundo por su labor como buscadora. Pero en el censo de López Obrador, la denuncia de tres de sus hijos no está confirmada.
El registro de Jesús Salvador indica que “Se busca reportante”. En esta clasificación están personas identificadas, pero de las que no se tienen indicios suficientes para su búsqueda debido a que los datos de quienes hicieron la denuncia “no han resultado útiles” para contactarlos. Sobre Raúl y Gustavo, el censo arroja que “se requieren datos” para confirmar su identidad. Las cuatro desapariciones son investigadas por la Fiscalía General de la República (FGR) y cuentan con fichas de búsqueda que la institución difunde en medios de comunicación y en el transporte público.
Solo Luis Armando figura con una denuncia confirmada. Esta categoría implica que la persona está “en investigación y búsqueda activa”, o que los familiares corroboraron su desaparición –tras surgir su nombre en el cruce masivo de datos–, ya fuera en las visitas “casa por casa” que realizaron integrantes de las comisiones de búsqueda estatales y servidores de la nación —que operan los programas sociales de la Secretaría de Bienestar— o en las llamadas telefónicas que se llevaron a cabo desde instituciones como la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, como parte de las jornadas de búsqueda en todo el país. Según las definiciones de la Estrategia Nacional, estos casos son objeto de un “seguimiento prioritario” por parte de las fiscalías y comisiones locales.
Para Leticia Hidalgo, madre de Roy Rivera, desaparecido en Nuevo León en 2011, las categorías del censo de López Obrador son “totalmente absurdas, incoherentes e incongruentes”, además de que no están incluidas en la Ley General de Víctimas ni en la Ley General en Materia de Desapariciones. Tampoco se encuentran en el Protocolo Homologado de Búsqueda, que define los pasos que las autoridades deben seguir para buscar a las personas desaparecidas y oficializar las localizaciones.
Juan Enrique Martínez, encargado de Litigio y Estrategia Internacional del Centro para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios, que acompaña a colectivos de búsqueda en Coahuila, considera que estas categorías están generando “una crisis” en las familias porque no tienen una explicación clara y precisa sobre qué significan.
Las denuncias confirmadas, señala, crean la idea falsa de que los familiares tienen que ir al Ministerio Público a corroborar que no ha sido localizado su ser querido, lo cual no es necesario. De hecho, desde 2016 se eliminó en el país el proceso legal conocido como ratificación de la denuncia.
“El rubro de denuncias confirmadas dice que son a los que se les está dando seguimiento [por las autoridades]; entonces, ¿es que a los demás no se les está dando seguimiento a la investigación?”, cuestiona Martínez.
De acuerdo con los resultados de la Estrategia Nacional, que generó protestas y el rechazo de los colectivos de familiares por considerar que busca “desaparecer a los desaparecidos”, de las 110,964 desapariciones registradas en el RNPDNO hasta el pasado agosto –actualmente la cifra supera las 114,000 víctimas–, solo 12,377 son “denuncias confirmadas”. Pudieron localizar, además, por informes de autoridades locales, o por contar con una prueba de vida o un acta de defunción, a 16,681 personas.
Reportaron también la ubicación de 17,843 personas, de quienes se conoce su paradero, pero las autoridades no cuentan con una prueba de vida, o bien sus nombres surgieron durante el cruce de datos sin que hayan sido localizadas. De 26,090 personas no tienen datos suficientes para identificarlas, y de 36,022, aunque han podido confirmar su identidad, requieren información para poder continuar la búsqueda.
¿En busca de reportantes?
Ivette Melissa Flores Román, desaparecida en Iguala, Guerrero, y Miguel Armando Mata Villa, desaparecido en Reynosa, Tamaulipas, ambos en 2012, y el hondureño Wilder Ubaldo Murillo, una de las víctimas de la masacre de Cadereyta, Nuevo León, ocurrida también en 2012, figuran en el censo de la Estrategia Nacional bajo la categoría de “Con identidad sin datos adicionales”, pero en los tres casos sus familiares fueron contactados, como parte de las jornadas de búsqueda masivas, para preguntarles si habían regresado.
Según las clasificaciones de la Estrategia Nacional, sus registros deberían indicar, en los casos de Flores Román –que cuenta con una resolución internacional del CEDAW– y Mata Villa, que la desaparición está confirmada, mientras que Murillo, cuyo cuerpo pudo ser identificado, debería figurar como localizado.
Bajo la categoría de “Se busca reportante”, este medio encontró el mayor número de casos clasificados de forma errónea: 166. Así fueron registrados Marco Antonio Amador y Javier Soto, hondureños desaparecidos en México en 2013 y 2003, respectivamente. María Elizabeth Martínez, madre del primero, y Jéssica Soto, hermana del segundo, afirman que periódicamente tienen reuniones con las autoridades mexicanas, pero nadie les avisó del nuevo censo y no se explican por qué no habrían de poder comunicarse con quien reportó el delito.
Para el Gobierno federal no debería resultar difícil contactar a los y las familiares que dicen buscar, como no lo fue para este equipo. Una es Hidalgo, madre de Roy Rivera; el Comité de Derechos Humanos de la ONU emitió en 2021 un dictamen en el que estableció la responsabilidad del Estado en la desaparición de su hijo. También se entrevistó a Grace Fernández Morán, hermana de Dan Jeremeel, de quien no se sabe su paradero desde 2008; el mismo comité de la ONU evalúa el caso.
Fernández Morán dice que el seguimiento del expediente por parte de las autoridades y el cruce de información con otros registros federales, como el de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, debería evitar que haya datos desactualizados al buscar contactar a los familiares.
“Tienen vinculado mi nombre con el de mi hermano y el número de expediente. ¿Por qué no hacer esas confrontas administrativas antes de ir a joder a la familia más de lo que emocionalmente ya lo estamos? ¿Que a quince años [de la desaparición de Dan Jeremeel] resulte que no saben a quién están buscando? No me jodas”, reclama la buscadora.
En la misma categoría están tres personas de una misma familia: Nitza Paola Alvarado Espinoza, José Ángel Alvarado Herrera y Rocío Irene Alvarado Reyes, desaparecidos por el Ejército en el ejido Benito Juárez, municipio de Buenaventura, Chihuahua, en 2009. El caso cuenta con una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitida en 2018 que responsabiliza al Estado mexicano.
Este medio revisó más de 350 casos con Acciones Urgentes activas, un mecanismo humanitario del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU que solicita tomar de manera inmediata las medidas necesarias para buscar a una persona desaparecida. A pesar de que las autoridades deben informar periódicamente a este comité sobre las acciones que realizan, en 93 de estos casos figura la categoría de “Se busca reportante”, mientras que 31 están clasificados como “Se requiere información de identidad”.
Esta última categoría se refiere a casos que no cuentan “con el nombre completo o datos suficientes” para establecer la identidad de la persona desaparecida, o en los que se desconoce quién realizó la denuncia. Además, podría incluir a personas que no están en registros administrativos o cuyos nombres arrojan múltiples coincidencias.
Indicios desconocidos
“Se me hace muy injusto que estén nuevamente revictimizando a mi hija, caray. O sea, si tienes un indicio, pues lo primero, antes de lanzarlo a una base, creo que es ir y ver a la familia y ponerle las pruebas de frente tanto con la fiscalía federal como con la fiscalía estatal, y después salir a hablar”, dice molesta Araceli Salcedo, madre de Fernanda Rubí Salcedo Jiménez, desaparecida en 2012, quien figura como “persona ubicada” en el censo.
Al buscar su nombre, junto al folio único de búsqueda se lee únicamente: “Información reservada por Fiscalía General de Veracruz”, y el resto de datos solo incluyen la palabra “Confidencial”. La buscadora asegura que ella no pidió que se ocultara la información sobre su hija y tampoco sabía, hasta el momento en que este medio la contactó, que las autoridades federales tenían indicios sobre Fernanda Rubí.
Captura de una de las clasificaciones erróneas. Fernanda Rubí Salcedo Jiménez figura como ubicada, y su información está reservada. De ninguno de estos datos tenía conocimiento su madre, Araceli Salcedo.
Sergio Rivera Hernández, defensor nahua desaparecido en la Sierra Negra de Puebla en 2018, figura también como ubicado y sus datos han sido reservados por la fiscalía estatal. Omar Esparza, dirigente del Movimiento Agrario Indígena Zapatista, del que forma parte Rivera, pide que, si realmente tienen una pista del paradero de su compañero, lo localicen con vida de manera urgente.
Este medio identificó 44 casos bajo la clasificación de “Persona ubicada”, incluidas seis personas desaparecidas durante la Guerra Sucia: en 1974, Fidel Serrano Barrientos, Fidel Serrano Zamora, Leonardo Bello Ramos y Mario Alberto Ortiz Vallejo, y en 1976, Rebeca Padilla Rivera y Roque Armenta Sotelo.
Los registros de Antonio Verástegui González y su hijo Antonio de Jesús Verástegui Escobedo muestran un error inexplicable en las categorías del censo. Aunque se inició una sola averiguación previa por la Procuraduría General de Justicia del Estado de Coahuila tras su desaparición en 2009, tienen distinta clasificación. Solo el padre, Antonio, figura como denuncia confirmada, mientras que su hijo es uno de los casos en que se busca al reportante.
Jorge Verástegui González, hermano y tío de las víctimas, cree que revisar las denuncias de desaparición para actualizar el RNPDNO “no era una mala idea” y que se podría haber aprovechado para entender las circunstancias en que ocurrieron los hechos. También habrían podido localizar, agregó, a personas que siguen desaparecidas, y no a quienes han regresado a sus casas y su reporte no fue actualizado, además de identificar los lugares donde se les privaba de la libertad o estaban inhumadas. En lugar de eso, el buscador prevé que el sexenio acabará sin que se sepa el número real de personas desaparecidas en México.
“Me parece que cualquier número que vayan a dar [en el Gobierno federal] va a estar rodeado de mucha desconfianza, y vamos a regresar al punto donde los desaparecidos van a ser reducidos a números, no personas”, dijo el abogado, quien es cofundador de Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila.
La Secretaría de Gobernación (Segob) no respondió a una solicitud de entrevista para aclarar el porqué de las categorías erróneas en el censo.
Suma de incógnitas
No hay certeza de cuál es la base de datos de personas desaparecidas que fue cruzada con registros administrativos para obtener los llamados “indicios”. La versión para consulta del RNPDNO que publicó la Segob el pasado 14 de diciembre en la página de la Estrategia Nacional contaba con poco menos de 97,000 registros, al corte del 22 de agosto de 2023. En las semanas siguientes, la Segob cargó una nueva base de datos, que fue revisada por este medio en los primeros días de enero. A diferencia de la anterior, en esta se especificaban las categorías en cada caso, pero reportaba menos desapariciones: 94,283.
No todos los casos están incluidos en el censo. Alicia de los Ríos Merino, guerrillera de la Liga Comunista 23 de Septiembre desaparecida en 1978, no se encuentra registrada en la base de datos de la Estrategia Nacional, pero su nombre sigue inscrito en la plataforma de consulta pública del RNPDNO, en la que se pueden realizar búsquedas por nombre. Su hija, la abogada e historiadora Alicia de los Ríos, tramitó la denuncia ante la entonces Procuraduría General de la República en 2002. No se explica por qué en una lista aparece y en la otra, más reciente, no.
Algunos registros no cuentan con la fecha de desaparición de la persona en el censo de la Estrategia Nacional, pero sí en el RNPDNO. Ocurre con José Nicanor Araiza Hernández, desaparecido en Villa de Cos, Zacatecas, en 2018, y en los casos anteriormente citados de Miguel Armando Mata Villa, Dan Jeremeel Fernández Morán, Roy Rivera Hidalgo, y Nitza Paola y Rocío Irene Alvarado, que también cuentan con fichas de búsqueda en el programa “¿Has visto a..?”, en las que se consigna cuándo desaparecieron.
Para el abogado Martínez, del Fray Juan de Larios, el gobierno de López Obrador “ha pasado de noche” sobre la petición que el CED incluyó en su informe tras visitar el país en 2021: definir una estrategia de prevención de las desapariciones.
“Una de las cosas más graves”, lamenta Verástegui, “es que, sin ningún pudor, [las autoridades federales] dijeron que la gran estrategia era esa: hablarle a las familias para preguntarles si habían encontrado a su familiar desaparecido. Me parece que debería ser un escándalo que un gobierno reconozca que en cinco años de su administración no se les había ocurrido hacer eso y que ahora es lo único que se les ocurre hacer y no otra cosa”.
