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En un caso que ha levantado una ola de indignación a nivel nacional, la Fiscalía General del Estado de Querétaro solicitó una condena de tres años de prisión y una reparación del daño de más de 500 mil pesos en contra de una niña de 14 años, quien sufrió un aborto espontáneo tras haber sido violada. La audiencia intermedia del proceso judicial se realizó en el municipio de Huimilpan, y los detalles del caso han causado revuelo entre activistas y defensores de los derechos de las mujeres y la niñez.
Una víctima convertida en acusada
El proceso contra la menor comenzó luego de que la Fiscalía argumentara que su aborto espontáneo equivalía a la muerte de una persona, afirmando que la gestación de la niña había superado las 36 semanas. Durante su declaración a medios locales, el fiscal general, Víctor Antonio de Jesús Hernández, sostuvo que el estado tiene la obligación de investigar cualquier pérdida fetal avanzada. Sin embargo, activistas y especialistas en derechos humanos, como Mayra Dávila, presidenta de la asociación Adax Digitales, han subrayado que la menor quedó embarazada producto de una violación y que fue ella misma quien desconocía su estado hasta el momento en que sufrió una hemorragia que derivó en la pérdida del producto.
“Estamos viendo un caso de revictimización terrible,” mencionó Dávila a los medios, “donde, en lugar de recibir apoyo, la menor está siendo tratada como criminal.” La asociación que ella dirige ha brindado asesoría y respaldo a la menor, buscando anular la acusación por “homicidio” en contra de la niña y evidenciando cómo el proceso judicial está cargado de prácticas que, en palabras de Dávila, “son revictimizantes y no tienen fundamento en las leyes de protección a víctimas.”
Penalización y revictimización: el panorama legal en Querétaro
En Querétaro, el aborto sigue siendo ilegal bajo la mayoría de las circunstancias, y el caso de la niña ha reavivado el debate sobre los derechos reproductivos en el estado y en el país. A pesar de una sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que establece que los estados no deben criminalizar el aborto, Querétaro ha abierto siete investigaciones recientes por abortos.
Si bien la Fiscalía asegura que no se han judicializado estos casos, organizaciones como Adax Digitales insisten en que el solo hecho de abrir carpetas de investigación es una estrategia intimidatoria que viola los derechos de las mujeres.
La presidenta de Adax Digitales mencionó que, además de la condena solicitada, la Fiscalía exige una reparación de 518 mil pesos a favor del violador, con el argumento de “compensar la pérdida.” Este hecho ha sido duramente criticado por diversos colectivos, quienes señalan que “en lugar de sancionar al agresor, se busca beneficio económico para el responsable de la violación.”
La lucha por la justicia: asociaciones y colectivos en defensa de la menor
Organizaciones de derechos humanos han alzado la voz para exigir la liberación de la menor y la suspensión de cualquier acusación en su contra. De acuerdo con Dávila, el arraigo domiciliario impuesto a la niña permanece vigente, y la audiencia de juicio está programada para los próximos días. Este seguimiento judicial ha generado un ambiente de angustia para la menor y su familia, quienes, en lugar de obtener justicia por la violación y el trauma sufrido, se enfrentan a un proceso de criminalización que podría destruir su futuro.
La defensa ha solicitado la exclusión de pruebas que la Fiscalía insiste en presentar, muchas de las cuales, según las abogadas defensoras, “son irrelevantes y están diseñadas para prolongar el dolor de la víctima.” En su lugar, las asociaciones proponen políticas de acompañamiento psicológico y ayuda económica para la familia de la menor, mientras exigen que el agresor enfrente cargos por violación y daño emocional.
Exigiendo justicia en un sistema legal cuestionado
El caso de Querétaro ha generado cuestionamientos profundos sobre la imparcialidad y la empatía del sistema de justicia en México, especialmente en temas de violencia sexual y derechos de la niñez. Activistas señalan que la insistencia de la Fiscalía en perseguir penalmente a la víctima, en lugar de protegerla, representa una falla sistemática en la protección de los derechos humanos.
Organizaciones y colectivos continúan presionando para detener el juicio en contra de la menor y que se establezca un precedente que asegure la protección de víctimas de violación y violencia obstétrica. Este caso, aseguran, “es un recordatorio alarmante de los obstáculos que enfrentan las víctimas al intentar acceder a la justicia en el país.”
