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El presunto desvío de recursos en Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), organismo creado en la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, ya suma 17 mil millones de pesos, luego de que se detectara otro esquema de desvío, que consistió en la existencia de una nómina paralela de 400 personas que cobraban sin trabajar.
Se trata de otra de las aristas que investiga la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) y que hasta hace unos meses había rebasado los 15 mil millones de pesos de acuerdo con las observaciones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), en la institución que fue dirigida por Ignacio Ovalle, y quien ahora es director del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal.
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) había alertado anomalías en el gasto administrativo desde 2019, pero en ese momento no tuvo acceso a la desagregación de los gastos. En la revisión de ese año, la Auditoría detectó que Segalmex ejerció 1 mil 148 millones de pesos en gastos de operación de los programas, lo que significó 14.2% del presupuesto, pese a que el límite máximo para ese tipo de gastos era de 5%.
Estos gastos, además, no estuvieron desagregados, debido a la autorización de la Secretaría de Desarrollo Rural (Sader), de quien dependía Segalmex, y dirigida por Víctor Manuel Villalobos, según documentó la Auditoría.
De acuerdo con fuentes de la Fiscalía, con este nuevo caso de desvío dentro de Segalmex, aunado a los esquemas detectados por la Auditoría Superior de la Federación, el monto presuntamente desviado asciende a 17 mil millones de pesos; cálculo hecho con base a las irregularidades solventadas (es decir, eliminadas) y las firmes de la Auditoría.
Esa cifra es comparable con el presupuesto anual para siete hospitales que atienden a las personas sin seguridad social: Hospital General ”Dr. Manuel Gea González” y ”Dr. Eduardo Liceaga”; el Hospital Infantil de México Federico Gómez; el Hospital Juárez de México y los institutos nacionales de Cancerología, Cardiología Ignacio Chávez y de Ciencias Médicas y Nutrición.
También significa tres veces el presupuesto que se destinó a la atención de víctimas para el pago de traslados y para el Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, en un país donde existen más de 100 mil personas desaparecidas.
De acuerdo con información oficial, existen al menos 69 denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) de las cuales 55 fueron presentadas por Segalmex, Diconsa y Liconsa, 4 por la Procuraduría Fiscal, 9 por la Unidad de Inteligencia Financiera y una por la Secretaría de la Función Pública.
Esto ha originado que 87 personas hayan sido denunciadas y se encuentren en investigación. Aunque en el organigrama, el cargo más alto con una investigación es René Gavira, exdirector administrativo de Segalmex.
Los esquemas de desvío en Segalmex
Una de las investigaciones más avanzadas se refiere a la colocación de bonos bursátiles por 950 millones de pesos de recursos públicos, autorizada por René Gavira Segreste, exdirector de la Unidad de Administración y Finanzas de Segalmex y Liconsa, caso por el que se encuentra vinculado a proceso.
Este esquema consistió en utilizar dinero público para colocar bonos bursátiles y mientras estos aumentaban su valor, las ganancias eran transferidas a Gavira, mientras que las pérdidas eran absorbidas por las empresas paraestatales.
Aunque Gavira es el principal imputado, la fiscalía también ha investigado a más presuntos implicados en Segalmex, desde funcionarios hasta socios de empresas. Además, durante las investigaciones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), una vez fuera del cargo, Gavira aseguró que el director de Segalmex, Ignacio Ovalle, le ordenó hacer dichas inversiones bursátiles, aunque no presentó pruebas de ello.
Animal Político confirmó esto luego de obtener el oficio firmado por Ovalle el 6 de febrero de 2020, en el que se confirma que él autorizó a René Gavira, entonces titular de la Unidad de Administración y Finanzas, que realizara las inversiones bursátiles, supuestamente para “autogenerar a futuro recursos financieros propios” con los que Segalmex cumpliría con su objetivo de garantizar que la población más pobre tuviera acceso a la alimentación.
“Con la finalidad de robustecer el flujo de efectivo de la Entidad, obtener los mejores rendimientos a mediano plazo sobre los recursos propios que afectan la operación de Segalmex, como Director General del Ente, se autoriza la compra de papel certificado bursátil fiduciario con cupón de seis meses a un plazo máximo de un año, y un rendimiento anual del 11%. Así como de las inversiones a corto y mediano plazo en las que la empresa obtenga rendimientos que favorezcan las finanzas de la misma”, dice el documento.
Sin embargo, en una declaración ministerial, Ignacio Ovalle admitió que pudo haberlo firmado, pero sin darse cuenta de lo que estaba autorizando, porque a diario recibía documentos para firmar.
Por este caso, la Fiscalía General de la República inició la investigación por presunto lavado de dinero.
Anomalías en Segalmex
Las anomalías en Segalmex iniciaron desde el primer año de gobierno de López Obrador, es decir, desde el inicio de funciones del nuevo organismo, como documentó la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
En 2019 se perdieron 3 mil 27 millones de pesos del programa Precios de Garantía para Productos Alimentarios Básicos (PGPAB), e incluso la Cámara de Diputados decidió incrementar a 8 mil 100 millones de pesos el presupuesto en ese año, pese a que solo le había aprobado 2 mil 100 millones de pesos.
Pero de ese presupuesto, Segalmex entregó 3 mil 923 millones de pesos en subsidios para la compra de los granos y mil 148 millones de pesos en gastos de operación, pero no logró comprobar en qué gastó 3 mil 27 millones de pesos.
En 2020, la ASF nuevamente detectó presunta corrupción por 8 mil 638 millones en Segalmex, Diconsa y Liconsa, que tuvieron irregularidades en contrataciones y comprobación de pagos, falta de mercancías y salidas de efectivo injustificadas.
El informe general señaló que en Segalmex se detectaron las mayores anomalías por 5 mil 640 millones, principalmente en los rubros de inventarios, ingresos, pagos por bienes y servicios, así como su registro contable y presupuestal, mientras que en Diconsa las observaciones fueron por mil 413 millones y en Liconsa por mil 583 millones.
Entre las irregularidades se detectó, además, la pérdida de bienes y recursos, como maíz y frijol, productos de la canasta básica cuya entrada a almacenes no se acreditó y salidas de efectivo.
En paralelo, la Secretaría de la Función Pública (SFP) ordenó una fiscalización a Segalmex, Diconsa y Liconsa sobre los recursos públicos correspondientes a los ejercicios fiscales 2019, 2020 y 2021, en las que detectó “posibles irregularidades cometidas por servidores públicos, proveedores y prestadores de servicios, que pudieran derivar en responsabilidades administrativas o penales”.
Los hallazgos de la última revisión se publicaron en febrero de 2022, un mes después de que el gobierno diera a conocer el inicio de una investigación administrativa y la presentación de denuncias ante la FGR por posibles irregularidades cometidas por funcionarios, proveedores y prestadores de servicios.
El 14 de marzo pasado, este medio dio a conocer que la FGR investigaba más de 20 denuncias sobre presuntos actos de corrupción y desvíos de recursos en Segalmex, Diconsa y Liconsa.
