Un diputado federal denunció ayer a Jesús Rivero Covarrubias, titular de la Coordinación General de Comunicación Social (CGCS) del gobierno del Estado, ante tres instancias federales por presuntos desvíos de recursos públicos, aplicación irregular de los mismos y enriquecimiento ilícito.
Las denuncias también abarcan a las empresas y personas físicas, llamadas "fantasmas", e incluidas en la lista de proveedores de la CGCS publicada por el Diario y señaladas como presuntas responsables en un aparente tráfico de facturas.
Por su parte, la alcaldesa Angélica Araujo Lara rechazó que sea ilegal asignar a la empresa Hermes Consultores la activación de mecanismos motivadores del pago de impuesto predial. Sin embargo, la edil se negó a proporcionar los nombres de los propietarios.
El diputado federal por el PAN Daniel Ávila Ruiz denunció ayer al titular de la Coordinación General de Comunicación Social (CGCS), Jesús Rivero Covarrubias, ante tres instancias federales, por presuntos desvíos de recursos públicos, aplicación irregular de los mismos y enriquecimiento ilícito.
Las denuncias, presentadas en la ciudad de México, abarcan a las empresas y personas físicas, llamadas "fantasmas", e incluidas en la lista de proveedores de la CGCS publicada por el Diario y señaladas como presuntas responsables de participar en un aparente tráfico de facturas con oficinas públicas.
Perjuicio
Estas empresas, como reveló este periódico, recibieron de la CGCS diversos pagos realizados en exceso por concepto de servicios de cobertura y publicidad de programas y obras del gobierno.
Según Ávila Ruiz, estas prácticas "presumiblemente causan un perjuicio a la hacienda pública federal".
El diputado presentó sus denuncias ante el Órgano Interno de Control del Servicio de Administración Tributaria, con copia al secretario de Hacienda, Ernesto Cordero Arroyo; ante el secretario de la Función Pública, Salvador Vega Casillas, y ante la diputada Estela Damián Peralta, presidenta de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados.
El legislador yucateco pidió a su colega Damián Peralta que sea el conducto para que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) evalúe la posibilidad de realizar una auditoría a la CGCS, por la presunta comisión de actos de corrupción.
Ávila Ruiz también pidió la intervención de la ASF y de la Secretaría de la Función Pública para investigar posibles irregularidades en la aplicación del Programa de Estímulo a la Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación del Conacyt en Yucatán, que aparentemente favorece a un empresario.
En su denuncia el diputado panista menciona a Rivero Covarrubias y a todas las empresas y personas físicas que aparecen en las tres partes del reportaje que realizó la Unidad de Investigación Megamedia y en donde se informa del posible desvío de recursos públicos y la realización de pagos excesivos a proveedores, cuyas actas constitutivas, domicilio fiscal, objetos sociales y socios presentan irregularidades. Ávila Ruiz aporta en sus tres denuncias todos los datos publicados por el Diario: nombre de los proveedores, socios de las empresas, domicilios fiscales, número de facturas cobradas, etcétera. De esto se desprende, añade el legislador, la aplicación irregular de recursos públicos, así como la presunción de diversas actividades posiblemente constitutivas de actos de corrupción.
El legislador, que ha presentado otras denuncias por posibles actos ilícitos en la administración de Ivonne Ortega Pacheco, recuerda en las denuncias de ayer que "desde el inicio de este gobierno se ha hablado del gasto excesivo de recursos públicos por conceptos relacionados con imagen y comunicación social".
Estímulos
Respecto a las dudas sobre la aplicación en Yucatán del Programa de Estímulo a la Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación del Conacyt, el legislador pide a la SFP y a la ASF investigar el destino de $12.050,963 que representan el 18% de todos los recursos aplicados en el Estado procedentes de ese programa, y que benefician a tres empresas de Michel Wabi Madáhuar, propietario a su vez de Integradora de Yucatán S.A. de C.V., una compañía incluida en la lista de proveedores de la CGCS y beneficiaria también del Programa de Estímulos a la Investigación.
Ilegal
Según el diputado panista Ávila Ruiz, la anomalías reveladas por el Diario y retomadas por él en sus denuncias, van contra la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, que establece que "los servidores públicos se encuentran obligados a observar que la administración de los recursos públicos federales se realice con base en criterios de legalidad, honestidad, eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia, control y rendición de cuentas".
La ley dice, además, que es facultad de la Auditoría Superior de la Federación "la fiscalización del estricto apego a dichos criterios".- Hernán Casares Cámara
En contexto:Facturas | Investigación
El diputado Daniel Ávila Ruiz presentó tres denuncias en la capital por el caso de las "empresas fantasmas":
Cercano
En las tres figura el coordinador general de Comunicación Social del gobierno del Estado, Jesús Rivero Covarrubias, uno de los funcionarios más cercanos a Ivonne Ortega Pacheco.
Reportaje
En su denuncia menciona a Rivero Covarrubias y a todas las empresas y personas físicas que aparecen en los reportajes de Megamedia.
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