El ex alcalde descarta que haya sido a título personal el juicio que impulsó para que el Ayuntamiento de Mérida no formara parte de la Comey.
Como informamos, en sesión de Cabildo fue aprobada por mayoría la propuesta de la alcaldesa Angélica Araujo Lara para desistirse de la controversia constitucional marcada con el número 96/2008 para que la Comuna se integre a la Comey.
Bojórquez Zapata dice que el despacho de Armando Villareal, quien es especialista en este aspecto legal, tenía el encargo de llevar el caso, lo que significa una "garantía por su amplia experiencia".
El ex presidente municipal de la capital yucateca agrega que no recuerda el monto exacto que se entregó como pago de honorarios a Villareal para ocuparse de este tema, sin embargo, considera que fue entre 150 y 200 mil pesos.
También, niega la existencia de motivos personales en la promoción del juicio debido a que como alcalde se tienen facultades y atribuciones legales para hacerlo.
"Si fuera a título personal la corte la hubiera rechazado, ahora yo no sé por qué el temor de la actual administración si el proceso ya estaba dado, ya no iba costar más", explica.
"Sólo faltaba el veredicto de la Suprema Corte de Justicia", finaliza el director del Infonavit.
"No fue a título personal" (desistimiento por la Comey)
"No pueden dejar de cumplir la ley"
"La autoridad no puede responder a negociaciones entre partidos para dejar de cumplir con sus obligaciones, y generalmente, no lo hacen", indicó Manuel González Oropeza, magistrado de la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, sobre el caso del "carpetazo" en Yucatán.
"Yo creo que la sociedad está bien representada por ustedes (los medios de comunicación) cuando denuncian esos hechos, es suficiente porque eso además deslegitima cualquier solución que se haya hecho contraria a la ley", añadió.
En septiembre, como publicamos, el secretario ejecutivo del Consejo Electoral del Estado, Alejandro Góngora Méndez, declaró sobreseídas todas las quejas presentadas en las elecciones de mayo -hecho conocido como "carpetazo"-, a pesar de que algunas podían proceder contra el PRI y otras contra el PAN, según afirmó el PRD al señalar que esos partidos negociaron con la autoridad electoral para que no los sancionen.
Entrevistado en la X Conferencia de la Unión Interamericana de Organismos Electorales (celebrada en Mérida hace unos días), el magistrado aclaró que no sabe de esa negociación entre los partidos y la autoridad, y no la puede dar por cierta.
"Puede haber entendimiento entre los partidos, pero eso no obliga a las autoridades a acatar ese entendimiento".
Es muy importante, continuó, que las autoridades electorales sean ciudadanas, no sean cuotas de poder entre los partidos.
"La autoridad electoral debe ser autónoma y cumplir con su obligación de acatar la ley y hacerla acatar a los partidos".
El magistrado reiteró que no sabe si el "carpetazo" en verdad ocurrió, pero eso ni debiera ser posible ni correcto jurídicamente hablando, precisamente porque hay un orden público que hay que respetar, no el acuerdo entre las partes.-
Era posible proceder contra el "carpetazo"
(1)Se deben fortalecer las herramientas ciudadanas para denunciar y exigir que se tomen decisiones apegadas a derecho, afirmó ayer la presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, María del Carmen Alanís Figueroa, al referirse al "carpetazo" de las denuncias del reciente proceso electoral yucateco.
El presidente del Consejo General del Instituto Federal Electoral (IFE), Leonardo Váldes Zurita, señaló que "los ciudadanos mexicanos no sólo tienen derecho a que sus elecciones sean limpias y transparentes, sino también apegadas a derecho".
En septiembre, como publicamos, el secretario ejecutivo del Consejo Electoral del Estado, Alejandro Góngora Méndez, declaró sobreseídas todas las quejas presentadas en las elecciones de mayo -hecho conocido como "carpetazo"-, a pesar de que algunas podían proceder contra el PRI y otras contra el PAN, según afirmó el PRD al señalar que esos partidos negociaron con la autoridad electoral para que no los sancionen.
Al preguntarles sobre este caso a los funcionarios electorales federales en conferencia de prensa, ambos señalaron que también existen las vías para denunciar ese hecho.
La magistrada presidenta dijo que se pudo proceder si existieran las pruebas para ello, no sólo en el terreno de la legalidad electoral sino también en lo referente a la responsabilidad de los funcionarios públicos.
El presidente consejero resaltó que debe prevalecer la cultura de la legalidad electoral y si existió alguna irregularidad hay autoridades comprometidas ante las que se debió acudir para evitar la impunidad.
Los medios de comunicación, continuó, también deben ser trascendentes en la construcción de una nueva política y educación cívica, no basta que los organismos electorales envíen el mensaje al ciudadano, es necesario que les llegue y conozcan sus derechos.
"Es como construir una especie de pedagogía democrática a ese ciudadano mejor dotado en términos de sus derechos y sus capacidades de defenderlos", afirmó
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Partidos se salvan de multas
El "carpetazo" a las quejas electorales evitó que se pudiera imponer a los partidos multas de hasta más de medio millón de pesos cada una, y quizás por esa conveniencia ningún instituto político impugnó esa decisión en los tribunales.
De acuerdo con los artículos 381 y 391 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado, si algunas de las quejas hubiesen procedido, lo más probable era que se impusieran fuertes multas a los partidos.
El artículo 381 establece: "En cualquier momento los partidos políticos, precandidatos, candidatos o cualquier ciudadano podrán presentar ante el Consejo General Electoral del Estado denuncias por las infracciones consistentes en el uso indebido de recursos ordinarios o el exceso en los gastos de precampaña o campaña, realizados por los partidos políticos, precandidatos o candidatos".
El 391 indica que las sanciones aplicables por las infracciones señaladas en el artículo 381 consistirán conjunta o separadamente en:
Amonestación pública, multas de 5,000 hasta 10,000 días de salarios, según la gravedad de la falta, también la reducción de hasta el 50% del financiamiento público que se asigna a los partidos, incluso hasta la pérdida del registro de los candidatos.
En mayo pasado, el secretario ejecutivo del Ipepac, Alejandro Góngora Méndez, pidió que se impusiera una multa de casi medio millón de pesos al PAN por no acatar las medidas cautelares que le habían ordenado, pero ese caso se incluyó también en el "carpetazo"
"Peloteo" para dar respuesta
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Integrantes del Consejo General Electoral del Estado se "pelotearon" quien responderá sobre la acción ilegal del "carpetazo" a las quejas electorales, y la presidenta estatal del PAN, Magaly Cruz Nucamendi, reiteró que su partido siempre planteó que fue una mala decisión desechar esos expedientes.
"El 'carpetazo' a las quejas electorales de los partidos fue por falta de coordinación de los consejeros y el secretario ejecutivo, Alejandro Góngora Méndez; para el PAN siempre fue una mala decisión", añadió la diputada Magaly Cruz.
Sin embargo, dijo que ignora si el PAN podría hacer algo por corregir esa decisión o sancionar al responsable.
Ayer publicamos que es ilegal el "carpetazo" a las quejas electorales, porque no se apega a las leyes. Por lo menos no encuadra en las causales para declarar el sobreseimiento como lo marcan los artículos 357 y 358 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado.
En el Consejo Electoral se buscó respuesta a esa ilegalidad, pero su presidente, Fernando Bolio Vales, manifestó, por medio del jefe de prensa, Miqueas Be Palma, que no tenía nada que decir del tema y agregó que en todo caso el secretario ejecutivo, Alejandro Góngora Méndez, es quien debe responder.
Entrevistada también, Magaly Cruz declaró que al menos el PAN nunca se desistió de sus denuncias.
Al contrario, señaló, siempre insistió en que sus quejas estaban debidamente sustentadas y debían proceder.
Sin embargo, el PAN no impugnó el sobreseimiento de quejas electorales que dispuso el secretario ejecutivo.
Magaly Cruz habló también sobre un desplegado en el que la senadora panista Beatriz Zavala Peniche indica que pedirá a su partido que dé continuidad a las quejas, porque es la primera interesada en limpiar el reciente proceso electoral.
"La senadora sí me informó de esa publicación, pero lamentablemente cuando se publicó ese desplegado, el pasado domingo, ya habían vencido los plazos para impugnar el sobreseimiento, nada se podía hacer".- David Domínguez Massa
Integrantes del Consejo Electoral del Estado ya no quieren hablar sobre el tema del "carpetazo".
Sin respuesta
El presidente, Fernando Bolio Vales, dijo por conducto de su vocero oficial que "en todo caso es el secretario Alejandro Góngora Méndez quien debe responder" sobre la ilegalidad de sus actos.
Vana espera
Según Miqueas Be, vocero del Consejo Electoral, el secretario ejecutivo atendería este asunto, pero hasta ayer por la noche nunca se comunicó con nuestros reporteros para hablar del tema.
"No hay que abusar de presentar quejas como estrategia política"
Toda queja sustentada debería tener una atención inmediata, los partidos deben ser responsables al presentarlas y las autoridades, efectivas, afirmó ayer el consejero general del IFE Francisco Guerrero Aguirre al opinar sobre el "carpetazo".
-Evidentemente cada queja enseña, da una ruta de aprendizaje a las organizaciones electorales, de lo que deben hacer para prevenir ilegalidades -puntualizó.
Sin embargo, precisó que cada instituto tiene su política. En muchas ocasiones se estila el desistimiento de parte de los partidos, para que eso orille a terminar las heridas del proceso electoral, y las autoridades electas se puedan avocar a su gestión de gobierno.
-Creo que cuando están alimentadas por desistimiento (las quejas) de los partidos, los procesos se hacen mucho más suaves, porque las partes ya no siguen sus disputas -dijo.
Aunque como hemos informado, en Yucatán los partidos no se desistieron de sus quejas, el secretario ejecutivo del Consejo Electoral, Alejandro Góngora Méndez, las declaró sobreseidas, les dio "carpetazo", y se ha dicho que fue de forma ilegal.
"En todo caso la decisión que tomó el Ipepac escapa a mi inteligencia en el sentido de que no conozco las particularidades", indicó el consejero federal.
Consideró que hace falta en muchas ocasiones no abusar de la presentación de quejas sólo como estrategia política y usarla como lo que debe ser una medida de apremio.
-Suponiendo, sin conceder, que este proceso de finiquito de quejas ya se dio, no necesariamente fue hacia adelante. En una entidad que va a enfrentar seis procesos distintos, no se presenten quejas a futuro -concluyó.
Consejeros divididos a causa del "carpetazo"
La actuación ilegal del secretario ejecutivo del Consejo General Electoral del Estado, Alejandro Góngora Méndez, causa división entre consejeros, uno dice que "no tiene salida para atrás" y otro habla de buscar un consenso para pedirle les aclare si su proceder fue legal.
Para el consejero y presidente de la Comisión de Quejas, Néstor Santín Velázquez, "la ley es muy ambigua, no podría decir si actuó legal el secretario, lo que sí, no tiene salida para atrás, ya está firme el sobreseimiento de las quejas electorales".
El consejero electoral Carlos Aguilar Conde, quien declaró esta semana que siempre cuidan el actuar del Consejo dentro de la ley, dijo ayer que el secretario debe explicar si su decisión fue legal.
Ante el señalamiento jurídico de que no existieron causales para declarar el sobreseimiento de varias quejas, como establecen los artículos 357 y 358 de la ley electoral, ningún consejero lo confirmó, pero tampoco lo desmitieron.
Aguilar Conde dijo que vería si es posible lograr un consenso con los consejeros, para pedirle al secretario que les aclare si actuó legalmente, "él es el único responsable de ese acto".
"Si fue legal su decisión de sobreseer las quejas, solo él lo puede aclarar", afirmó el consejero electoral.
Santín agregó que cada quien puede opinar lo que mejor considere y es respetable, pero las leyes son ambiguas, el no podría afirmar si es legal
En todo caso lo que corresponde ahora es tomar las medidas necesarias para evitar que esto se repita, "siempre dije que era incompatible otorgarle estas atribuciones a la secretaría, desde que se analizaban los cambios a la ley electoral y ahora se comprueba", señaló.
Sí se desea continuar con estas mismas disposiciones de la ley, consideró que por lo menos deberían crearle una unidad jurídica a la secretaría para que resuelvan a tiempo las quejas durante el proceso electoral, y no después como sucedió ahora.
Por otra parte en la sesión de ayer el Consejo aprobó por unanimidad nuevas disposiciones para las elecciones extraordinarias de Muxupip
El “carpetazo” electoral, fuera de la ley, dicen
Es ilegal el “carpetazo” a las quejas electorales; no se apega a las leyes. Por lo menos no encuadra en las causales para declarar el sobreseimiento, de acuerdo con analistas jurídicos electorales.
La Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado considera el sobreseimiento de las quejas con disposiciones de los artículos 357 y 358.
Entre las causales que marcan esos artículos no figura la falta de interés jurídico, como argumentó el secretario ejecutivo del Consejo Electoral, Alejandro Góngora Méndez, para declararlas sobreseídas.
Según el artículo 358, el sobreseimiento de la queja o denuncia procede cuando, admitida la queja, sobreviene alguna improcedencia.
O cuando el denunciado sea un partido político que luego de admitida la queja o denuncia pierde su registro, o cuando el denunciante se desista por escrito, siempre y cuando lo exhiba antes de aprobarse el proyecto de resolución, y que por el avance de la investigación no se trate de una imputación de hechos graves ni se vulneren los principios rectores de la función electoral.
La improcedencia de que se habla al principio de este artículo, según las causales que establece el 357, surge en estos casos: Cuando son quejas o denuncias que versen sobre presuntas violaciones a la normatividad interna de un partido, o el quejoso o denunciante no acredite su pertenencia al partido de que se trate o su interés jurídico.
También cuando no se agoten previamente las instancias internas del partido denunciado si es sobre presuntas violaciones a su normatividad interna.
Y luego se mencionan otros conceptos que en nada se parecen a lo argumentado por Alejandro Góngora.
El sobreseimiento de las quejas electorales sólo puede proceder en términos del artículo 358 de la Ley de Instituciones Y Procedimientos Electorales del Estado, y eso no se cumplió en algunas de las que se le dio el “carpetazo”, según analistas jurídicos electorales.
Señalaron que las causales de improcedencia que establece el artículo 357 de la misma ley tampoco estuvieron en algunas quejas, por tanto no debieron ser declaradas sobreseídas.
Tampoco son aplicables porque las quejas no se refieren a la vida interna de algún partido que pudiera ser otra causal, ni fueron por actos de funcionarios o por propaganda de las autoridades y los mismos institutos políticos.
No se tiene conocimiento de que el Ipepac hubiera resuelto de fondo alguna queja contra los denunciados por los partidos —como lo establece la fracción III del 357—, como, por ejemplo, fue el caso del director de la Policía Municipal Francisco Calero Reyes, por tanto, tampoco es causal para declarar esa queja sobreseída.
Tampoco resulta aplicable la causal de sobreseimiento de la fracción IV del artículo 357, porque si la materia de las quejas promovidas en su oportunidad representaban actos, hechos u omisiones que no eran competencia del Ipepac, desde un principio se hubiesen declarado improcedentes, y esto no se dio.
En pocas palabras, señalaron, en varios casos, como la denuncia del PRI contra el jefe de la policía municipal de Mérida, así como las del PAN y los priistas por la publicidad ilegal de las autoridades, debieron proceder, no había causales de ley para declararlas sobreseídas.
Fue incorrecto que el secretario ejecutivo del Consejo General Electoral del Estado, Alejandro Góngora Méndez, las desechara con el “carpetazo”.
Por el contrario, parece que había elementos suficientes para proceder hasta el fincamiento de responsabilidades y la aplicación de sanciones en varias de las quejas presentadas por los mismos partidos.
El argumento presentado por el secretario del Consejo en el sentido de que no había interés jurídico de los promoventes, y por eso declararlas sobreseídas, no fue lo correcto.
“Se negoció la impunidad”
- El PRD: En varias quejas del “carpetazo” se podía proceder
- Consejeros piden al Congreso que les dé la ratificación
En varias de las quejas electorales a las que se dio “carpetazo” se presumían elementos suficientes como para proceder e imponer sanciones, pero no se hizo, lo que lesionará seriamente la credibilidad del Instituto Electoral, consideró el PRD.
El representante de ese partido ante el Consejo General Electoral del Estado, Ernesto Mena Acevedo, declaró que “todo parece indicar que se realizó y concretó una negociación de concesión recíproca de impunidad entre el PRI y el PAN”.
Por su parte, el consejero electoral Carlos Aguilar Conde manifestó que urge que se hagan reformas a la ley electoral del Estado, sobre todo en materia de quejas y denuncias para evitar futuros “carpetazos”.
Al defender la postura del Consejo, que prácticamente avaló el “carpetazo” a las quejas electorales que dispuso el secretario ejecutivo Alejandro Góngora Méndez, el consejero Aguilar Conde afirmó que sólo se hizo lo que marca la ley.
Como hemos informado, esta decisión del “carpetazo” generó varias críticas y señalamientos de inconformidad.
Aguilar Conde y su colega Lissette Cetz Canché informaron ayer que solicitarán al Congreso del Estado que los ratifique en sus cargos para un periodo más de seis años.
De acuerdo con el proceso iniciado en el Congreso para ratificar a eso dos consejeros o designar a dos nuevos, Lissette Cetz y Aguilar Conde tienen de plazo hasta el viernes para manifestar al Congreso que desean permanecer en el Consejo.
Según la convocatoria expedida por el Congreso, desde ayer quienes aspiren a ser candidatos a consejeros pueden solicitar su registro ante la Oficialía Mayor del Poder Legislativo.
El consejero electoral del Estado Carlos Aguilar Conde no sólo reconoció sino que también consideró que es urgente cambiar la ley electoral, sobre todo en lo referente a las quejas y denuncias, para tratar de evitar que se repita un caso de “carpetazo”.
“No es que no nos importen los intereses de la sociedad, o que nos importen más los partidos, pero lamentablemente sólo podemos hacer lo que la ley nos marca, y es lo que más cuidamos, que nuestros actos estén dentro de la legalidad”, afirmó el consejero electoral.
Para la agrupación Sociedad en Movimiento, como informamos ayer, el caso del “carpetazo” atribuido al secretario ejecutivo del Consejo, Alejandro Góngora Méndez, no solo deja mal a ese organismo sino que evidencia la urgente necesidad de reformar la ley electoral.
Entrevistado al respecto, Aguilar Conde declaró que, para empezar, el secretario ejecutivo sólo les informó lo que ya había hecho, nunca les pidió siquiera su opinión sobre su decisión de declarar sobreseidas las quejas.
“Nos informó de lo ya hecho, ni siquiera nos pidió nuestro parecer sobre esa decisión”, agregó el consejero en entrevista sobre el tema.
Tampoco esta mal, según aclaró, porque la ley le da facultades al secretario ejecutivo para actuar de esa manera, a ese funcionario le corresponde decidir si turna o desecha las quejas, todo conforme a la ley.
Sin seguimiento El consejero recordó que, además, según expuso el secretario, los partidos abandonaron sus quejas, las presentaron y no les dieron seguimiento, no se vio el interés jurídico.
Por eso, en defensa del secretario ejecutivo del Consejo, dijo que le parece correcta y legal la forma en que decidió proceder.
El hecho, reconoció Aguilar Conde, es que urge cambiar la ley, corregir esta “laguna” y error de las leyes.
Más allá de que la decisión adoptada por la Secretaría Ejecutiva sea legal o no, la determinación de dar “carpetazo” a las quejas electorales lesiona seriamente la credibilidad del instituto electoral, declaró el representante del PRD ante el Consejo General Electoral del Estado, Ernesto Mena Acevedo.
Todo parece indicar que en este caso se realizó y concretó una negociación de “concesión recíproca de impunidad” entre el PRI y el PAN, añadió, porque son los únicos beneficiados con los sobreseimientos.
En los últimos días tanto ex consejeros electorales como agrupaciones civiles se han manifestado contra la disposición del “carpetazo”.
El perredista Mena Acevedo recordó ayer que de las últimas 14 quejas que quedaban pendientes de resolver por la autoridad electoral, en trece de ellas las partes involucradas eran el PRI y el PAN y en una nada más estaba un partido distinto.
En varias de esas 13 quejas en que las partes eran el PRI y el PAN, prosiguió, se presumía la existencia de elementos suficientes para sancionar.
Por ejemplo, citó el caso de la asistencia de la ex candidata del PAN Beatriz Zavala Peniche a la Policía Municipal y el papel desempeñado en esa visita por el director del cuerpo policíaco, Francisco Calero Reyes.
En este caso, consideró, hubo una conducta del funcionario contraria a la ley, por reunir a los policías para que en un edificio público y en horario de trabajo escuchen a una candidata.
También hubo responsabilidad de la misma candidata, señaló, al hacer proselitismo en un edificio público, lo cual está prohibido por la ley.
Otro caso donde se presumía la existencia del fundamento suficiente para proceder fue el caso de los boletos de transporte público con propaganda impresa de la candidata del PRI, dijo.
No se supo más Sin embargo, afirmó que curiosamente no se volvió a saber nada de esas irregularidades y otras cometidas por los mismos partidos, PRI y PAN, como no retirar su propaganda de precampaña al término de esa etapa del proceso.
Tanto el secretario ejecutivo como los consejeros electorales, recordó, salieron a las calles con notario público que dieron fe de esos hechos y hasta ahí quedó.
“Como se dice coloquialmente, había suficiente tela de donde cortar, pero no pasó nada”, concluyó el perredista.
Instituto de dudosa credibilidad
Sociedad en Movimiento considera que la decisión del Consejo General Electoral de dar “carpetazo” a las quejas presentadas durante los comicios deja mal a ese organismo y a los partidos políticos.
El primero pierde credibilidad, pues parece que pasó de manos de los ciudadanos a los intereses de los partidos.
En otro asunto, la gobernadora Ivonne Ortega Pacheco estuvo ayer por primera vez a la Bici Ruta, a donde acudió acompañada de la alcaldesa Angélica Araujo Lara, a fin de poner en marcha Cruzada nacional por el uso de la bicicleta que inició de manera simultánea en seis estados y en los municipios de Progreso, Tixkokob, Motul, Chocholá, Umán, Valladolid, Tizimín, Ticul, Tekax y Peto.
En Tizimín, se informó que los trabajadores despedidos hace dos administraciones podrán cobrar sus liquidaciones a partir de hoy, pese a la renuencia del alcalde José Mezo Peniche.
El “carpetazo” a las quejas electorales resta credibilidad al Consejo General Electoral del Estado, que ya de por sí se ha visto mermada, y hace más evidente la urgente necesidad por hacer nuevas reformas a la ley, dijo ayer el coordinador de Sociedad en Movimiento Luis Medina Cantillo.
“Los partidos también quedan a medias con esto, porque primero decían que estaban bien sustentadas sus quejas, pedían freno a los abusos y violaciones y ahora resulta que no hacen nada, que están de acuerdo”, comentó el directivo.
Especulaciones
Al opinar sobre el “carpetazo” que le dio el secretario ejecutivo del Consejo General Electoral del Estado, Alejandro Góngora Méndez a las quejas electorales, el empresario dijo que eso se presta hasta a caer en el campo de las especulaciones.
Coincidió como otros que han opinado al respecto en que se debió informar a los consejeros, por lo menos al presidente de la Comisión de Quejas, Néstor Santín Velázquez antes de tomar esa decisión.
—Decisión que por cierto deja entrever que si no existió una negociación de los partidos con la autoridad, por lo menos vieron su conveniencia en esta medida y por eso prefieren que no proceda nada —comentó el coordinador de la agrupación.
Medina Cantillo manifestó que con esto se observa una vez más que los órganos electorales ya no son ciudadanos como se dice, están coptados por los partidos, se defiende y antepone el interés de los instituto políticos que el de la ciudadanía.
Consideró que esta es una situación que ya se ve hasta en el Instituto Federal Electoral (IFE), por eso cada vez pierden más credibilidad en la sociedad.
En este caso del “carpetazo”, indicó, se puede hasta especular que no se dio una respuesta lógica y que no fue tan legal, sino que se decidió por los intereses de los partidos políticos.
De rebote —De rebote —continuó el declarante—, pareciera que para los partidos no existió ninguna irregularidad en todo el proceso electoral, que eran mentiras cuando se quejaban de presuntas violaciones a la ley.
Señaló que todo eso solo hace evidente la urgente necesidad de hacer reformas a la ley electoral, y eso es algo que Sociedad en Movimiento impulsará.
—En los próximos días presentarán una propuesta general para que otras organizaciones si así lo desean se sumen, lo enriquezcan y se haga un mejor trabajo —añadió.
Entre los principales aspectos que se deben reformar, según opinó, destaca las sanciones por incumplimiento de las disposiciones legales, y los tiempos de campaña.
Decisión que debió consultar
El “carpetazo” a las quejas electorales deja insatisfechos a los electores; es tan delicado que aun cuando no lo prevé la ley, al menos se debió consensuar, consultar a los consejeros, indicó ayer el ex consejero electoral e investigador de la Uady Efraín Poot Capetillo.
“En lo particular pienso que es un asunto muy delicado, que debía estar soportado por la normatividad, se debió llegar al fondo, deberían al menos dar más información”, afirmó.
Entrevistado sobre el “carpetazo” que dio el secretario ejecutivo del Consejo General Electoral del Estado a las quejas electorales, el investigador universitario manifestó que se requiere más información de este caso.
La decisión se tomó, consideró, posiblemente por la forma como se desarrolló el proceso, sobre todo el día de la jornada, donde algunas situaciones se revirtieron.
—Aun así no se tiene la información completa de por qué lo hicieron: hay insatisfacción de los electores por esa medida —puntualizó.
Como ex integrante del Consejo Electoral Municipal de Mérida en las pasadas elecciones, opinó que se debió informar a los consejeros sobre esas quejas antes de desecharlas.
“Es algo tan delicado, que aun cuando la ley no obligue al secretario a hacerlo, debía haberlo platicado, buscar una especie de consenso con los consejeros”, comentó el ex consejero.
El consejero estatal Nestor Santín Velázquez declaró que nunca les pasaron las quejas, no las conocieron a detalle. Únicamente le informó en su momento el secretario que las declaraban sobreseídas. Poot Capetillo insistió en que se debe dar más información sobre toda esta situación, sobre todo para poder hacer una verdadera evaluación de si fue lo correcto.
Para tomar una determinación como esa, se debe tener un soporte jurídico, debe ser sustentado debidamente, indicó.
Manifestó que el decir que se desechan por falta de interés jurídico —como argumentó el secretario—, es un termino jurídico del cual falta más información.
Debería informarse a detalle sobre el sustento jurídico para desechar las quejas.
Por de pronto, reiteró, esta es una determinación que deja insatisfechos a los electores, no satisface a la ciudadanía en general, es importante que se dé más información.
El “carpetazo” es aún impugnable
Documentar los delitos electorales en diligencias donde los consejeros electorales estuvieron presentes no fue suficiente para que procedan las quejas, según el secretario ejecutivo del Consejo General Electoral del Estado, Alejandro Góngora Méndez.
Sin embargo, advirtió que si los partidos no están de acuerdo con este “carpetazo” pueden impugnarlo ante el Tribunal Electoral del Estado (TEE).
En entrevista realizada por el Diario al secretario ejecutivo, éste admitió entre silencios, evasivas y trastabilleos que no pudo desahogar las quejas.
—¿El hecho de que hay delitos comprobados, documentados ante los propios consejeros, no es suficiente para que se proceda? —se le preguntó.
—Ehh, te repito, fue puesto el expediente a la vista de los partidos, ya no hicieron ninguna manifestación, y toda vez que han pasado más de tres meses después de los comicios y no demostraron interés jurídico en continuar las quejas, declaramos el sobreseimiento —respondió Góngora Méndez.
El sobreseimiento es impugnable a partir de su notificación, y tienen tres días para impugnar ante el Tribunal Electoral del Estado, agregó.
Notificaciones “No puedo decir exactamente cuáles fueron notificadas y en qué día, a partir del miércoles o el jueves pasados empezamos a notificar los sobreseimientos, a partir de ese tiempo los partidos pueden impugnar si no están de acuerdo”, dijo.
—¿Qué caso tiene, entonces, poner quejas por presuntas violaciones, sí acaban en el “carpetazo”? —se le indicó.
—Para, eh, paraaa... —ya no alcanzó a responder el funcionario, sólo bajó la cabeza mirando al suelo.
—¿Tiene algún caso, alguna validez? —se le insistió.
—Sí, ehh, ehh, las... las quejas, ehh, dado los requisitos que se establecen que tiene que tener una queja para su probanza, en muchas ocasiones son instrumentos, ehhh... políticos, interponen las quejas y muchas veces no hay elementos suficientes.
—En la mayoría de las 100 quejas —continuó el funcionario— nos pudimos dar cuenta que están basadas en dichos, publicaciones, en sí, desde luego hubo, hubooo...
—Ehh, fueron muchas las quejas no pudimos desahogarlas en el tiempo que hubiéramos querido, ha pasado ya bastante tiempo —añadió.
—Pero hubo algunas donde ustedes mismos las documentaron con notarios públicos, donde se comprobó que sí había las presuntas violaciones a la ley, ¿hasta esas les dieron “carpetazo”? —Las 14 quejas que estaban vigentes fueron..., se han sobreseido —respondió el secretario.
—¿Estamos hablando de las quejas de la publicidad que no se retiró a tiempo (de los gobiernos federal, estatal y municipal), de las mantas de los dinosaurios (de los panistas), la queja contra el jefe de la policía municipal, donde fue conjunta la presencia del jefe policiaco (Francisco Calero Reyes) y la candidata (Beatriz Zavala Peniche, del PAN) en el edificio de la policía? ¿son esas? —se le preguntó.
—Te repito, pusimos el expediente a la vista de los partidos, no hicieron ninguna alegación, no mostraron ya más interés jurídico en la queja que se había presentado, y si consideran que está mal el sobreseimiento, pueden impugnar.
Con el sobreseimiento de las denuncias electorales el Ipepac pretende limpiar de una vez por todas una elección de estado, en la que el único autor de la guerra sucia fue el propio organismo,-manifestó Orlando Pérez Moguel, representante del blanquiazul ante el organismo.
Al referirse al “carpetazo” que el Consejo General Electoral del Estado dio ayer a todas las quejas que recibió con motivo de las pasadas elecciones, Pérez Moguel recalcó que es falso que no haya existido interés jurídico por parte del PAN, pues asegura, fuimos los primeros en demostrar que en relación a las carteleras y los otros casos la única guerra sucia era la que promovía el propio Ipepac contra la candidata del PAN a la alcadía, Beatriz Zavala Peniche.
-Desde el principio advertimos lo que el acuerdo confirma por unanimidad: después de analizar el significado y los fines de la propaganda política o electoral en ningún caso se violentó el artículo 41 de la Constitución ya que ni el mensaje ni las imágenes de las carteleras que dieron pie a la demanda tuvieron expresiones que denigren a las instituciones o a los partidos, aunado a que ninguno de sus elementos calumniaron a persona alguna.
Con el sobreseimiento de las demandas interpuestas contra el PAN ante el Consejo General del Ipepac el PRI únicamente hizo patente su autocalificación como un “Dinosaurio Rojo”,-indicó.
Sobre la credibilidad del Ipepac, Pérez Moguel comentó que tiene razón el secretario (Alejandro Góngora Méndez) en preocuparse pues durante todo el proceso electoral se la pasó admitiendo error tras error, como el caso de las boletas electorales que andaban “volando” y hasta en la elaboración de listas de diputados plurinominales por repechaje, además de hacer patente los dos pesos y medidas del organismo.
-Mientras en el caso de las carteleras de los dinosaurios se abstuvo de emitir juicios, enseguida declaró que en la repartición de 500 camisas en el concierto de Alejandro Sánz se trataba de “una publicidad genérica” del PRI, porque en ninguna parte de la camiseta se pedía el voto, y tampoco tenía el eslogan de campaña del tricolor.
-Ahora el secretario del Ipepac sale a decir que “ninguna fue determinante para el resultado electoral” cuando en realidad ahora le resultan muy incómodas hasta para la propia alcaldesa Angélica Araujo Lara ya que en el caso de la queja que presentó el PRI contra el director de la Policía Municipal de Mérida, Francisco Calero Reyes, fue Góngora Méndez mismo quien advirtió, que se aplicarían las quejas procedentes inclusive contra los funcionarios actuales.
