- El caso llega a la Cámara de Diputados: piden al Ejecutivo que se desista
- Un senador hace más revelaciones de la compra paralela
“Ya averiguamos con las autoridades agrarias del más alto nivel qué hay con las tierras de Ucú y la respuesta es contundente: su estatus jurídico sigue siendo ejidal, de manera que no es sujeto de compraventa”, afirma el senador Hugo Laviada.
“La ley civil es muy clara: si no hay cosa, no hay compra. En este caso no hay cosa porque no hay títulos de propiedad en Ucú, así que el gobierno del Estado está en un callejón sin salida”, sub- raya el legislador panista.
El escándalo de las tierras llegó el viernes a la Cámara de Diputados: la diputada Rosa Adriana Díaz Lizama planteó un punto de acuerdo para que se exhorte al Ejecutivo a que “se abstenga de continuar con la irregular adquisición de terrenos del ejido de Ucú, considerados como zona forestal”.
La legisladora dice que esa propuesta pasó en bloque con otros puntos de acuerdo y no obstante que se dijo lo medular sobre en qué consistía y quién la presentó, ningún diputado yucateco del PRI la objetó ni rebatió sus argumentos.
En la sesión, dice, estuvo también el diputado Felipe Enríquez Hernández, delegado del PRI en Yucatán, compadre de la gobernadora Ivonne Ortega Pacheco y a quien se involucra en la compra paralela de tierras en Ucú.
“El punto de acuerdo se turnó a comisiones”, dice la diputada.
El senador Laviada afirma que la “compra encubierta” de Enríquez se pretende hacer mediante 3 campesinos: Santos Dzul Pech, Alfonso Can Valdez y José Guadalupe Pech Balam, a quienes se les “parcelaron” 576 hectáreas. “La operación tiene los mismos vicios”.
Ucú
- Denuncia Legisladores del PAN sostienen que el Ejecutivo desvió $343.3 millones en el caso Ucú.Dos delitos El sábado, como informamos, presentaron una denuncia por peculado y prestación o abandono de un servicio público contra quienes resulten responsables por las operaciones de Ucú. Ese mismo día ratificaron su denuncia.
“La ley dice que si en una hectárea hay más de 15 árboles con troncos de un diámetro de 11 centímetros se cataloga como forestal. Así que no hay vuelta de hoja, las 3,012 hectáreas son forestales”, subraya el legislador.
“Lo único que van a hacer los técnicos de la Semarnart es corroborar que, efectivamente, se trata de selva y que esa superficie no es sujeta de parcelización y, por tanto, de venta”, asegura el doctor Laviada.
“El art 59 de la Ley Agraria dice que cualquier operación que se haga en ese caso es nulo de pleno derecho”.
“En la misma situación están las 576 hectáreas, no son 581 como se había dicho, que Felipe Enríquez Hernández, delegado del PRI y compadre de la gobernadora Ivonne Ortega, pretende adquirir para los negocios inmobiliarios que generan dinero para las campañas del PRI”, dice el legislador panista.
“Ya detectamos que quiere apoderarse de ese filete, pues son las tierras mejor ubicadas, entre Ucú y Ciudad Caucel, las de mayor plusvalía, por medio de tres ejidatarios: Santos David Dzul Pech, Alfonso Can Valdéz y José Guadalupe Pech Balam”.
“Pero, les falló: la compra encubierta tiene los mismos vicios que las 3,012 hectáreas que pretende comprar el Ejecutivo.
“Son tierras de uso común, son forestales y no se pueden enajenar. Aquí lo extraño es que tanto el ejido como el gobierno del Estado sabían que era necesario contar con el dictamen de la Semarnat y nunca lo solicitaron. ¿Pensaron brincarse la ley como acostumbran?.
“Ahora que han quedado al descubierto las irregularidades son capaces de meter maquinaria y deforestar el ejido, para que cuando llegue la Semarnat vea que no hay árboles, que no se cumple la condición que establece la Ley Forestal.
“Son capaces de todo, así que vamos a estar muy pendientes. Si lo hacen incurrirían en otros delitos”, advierte el senador.
El presidente y el tesorero del ejido de Ucú, Antonio Euán Dzul y Heriberto Chan Dzul, confirmaron, como publicamos, que las tierras siguen siendo ejidales y revelaron que les congelaron sus pagos hasta en tanto no obtengan los títulos de propiedad tanto de las 3,012 hectáreas como las 576 que les pidió “un comprador de Monterrey”.
Los directivos revelaron también que el intermediario del gobierno del Estado, Fernando Pérez Escalante, es el mismo que opera la compra paralela, orquestada, según los legisladores panistas, por Felipe Enríquez..
“Las dos compras están fuera de la ley, se les echó a perder el negocio”, afirma Hugo Laviada.
“En la denuncia que interpusimos el sábado hay nuevos elementos que involucran a la ex directora de la Cousey, Angélica Araujo (Lara, candidata del PRI a la alcaldía). También tiene responsabilidad”.
