Cinco alcaldes yucatecos recién re-electos son investigados por peculado; podrían ir a prisión
Detienen por peculado a exfuncionario de Tamaulipas cercano a Yarrington
(proceso.com.mx).- Pablo Zárate Juárez, exdirector del Instituto Tamaulipeco de Vivienda y Urbanización (1999-2004) y cercano a Tomás Yarrington –extraditado a Estados Unidos-, fue detenido por peculado.
La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción informó que, derivado de las investigaciones realizadas contra el exgobernador Eugenio Hernández, fue cumplimentada una orden de aprehensión en contra de Zárate Juárez, por el delito de peculado y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
El exfuncionario fue capturado por elementos de la Policía Ministerial de la Procuraduría General de Justicia de Tamaulipas, luego que el Juez Segundo Penal de Ciudad Victoria valoró elementos presentados por la Fiscalía y otorgó la orden.
El imputado está relacionado con la enajenación indebida de un inmueble propiedad del gobierno del Estado, en el año 2004, cuando fungía como director del Instituto Tamaulipeco de Vivienda y Urbanización.
Piden proceder contra Araujo
Consideran quela alcaldesa no puede evadirse
Pendiente un proceso legal
Aún no hacenla indagatoriaa la alcaldesa
Acusada de desviar 21 millones de pesos
Angélica Araujo es denunciada por peculado
Sale "raspado" el PRI en peculado de González Canto
Publicada: 30 agosto 2011
Los presuntos desvíos con el pago de más de $52 millones a una empresa del subsecretario de Gobierno Marco Antonio González Canto salpican ahora al PRI, con una denuncia contra el presidente de ese partido, Luis Hevia Jiménez.
El dirigente era oficial mayor del gobierno del Estado cuando se hizo la mayor parte de los pagos, por "servicios de transportación" a eventos de la gobernadora Ivonne Ortega, a excursiones y "apoyos varios".
La denuncia fue interpuesta ayer en dos instancias: la Contraloría General del Estado y la Fiscalía General.
A principios de julio publicamos amplia información de Central 9, Unidad de Investigación Periodística de Grupo Megamedia, sobre los pagos realizados a la empresa Urbanos de Mérida, S.A. de C.V., cuyo accionista mayoritario es González Canto, subsecretario de Desarrollo Social y Asuntos Religiosos de la Secretaría General de Gobierno.
Hasta abril de este año el Ejecutivo pagó más de $52 millones a esa empresa, no obstante que, por ley, González Canto no puede ser proveedor del gobierno. Quedaban pendientes de pago otros $19 millones.
El 14 de julio los regidores panistas Lizette Mimenza Herrera y Kirbey Herrera Chab interpusieron una denuncia contra el subsecretario ante la Contraloría General del Estado y la Fiscalía General. Le atribuyeron desvío de recursos, peculado y enriquecimiento ilícito.
Ayer, Kirbey Herrera y el ex diputado Orlando Pérez Moguel se presentaron ante esas mismas instancias para denunciar a Hevia Jiménez, quien fue oficial mayor del Ejecutivo hasta febrero de este año, cuando fue electo presidente estatal del PRI.
A la Contraloría se le pide que finque responsabilidad administrativa a Hevia Jiménez, lo inhabilite para ocupar de nuevo un cargo público y se proceda penalmente en su contra.
A la Fiscalía se le reportan hechos delictuosos contra el erario y se le pide que proceda a desahogar "todas las diligencias necesarias para el total esclarecimiento de los hechos".
La denuncia se basa en los siguientes aspectos:
1) De acuerdo con la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado, a la Oficialía Mayor le corresponde coordinar la realización de eventos protocolarios y ceremonias del Poder Ejecutivo.
2) El Código de la Administración Pública dispone que es de su competencia atender los requerimientos del Despacho del Gobernador(a) en materia de transporte, servicios generales, comunicaciones, adquisiciones, servicios y recursos humanos.
3) Con esas atribuciones, Hevia Jiménez contrató y pagó, a cargo del erario, a la empresa de González Canto para servicios diversos, muchos de ellos de tinte partidista.
4) Independientemente de otros ilícitos, el actual presidente del PRI violó varios preceptos de la Ley de Responsabilidades de los Funcionarios Públicos y otros ordenamientos, pues es responsable de actos y omisiones que afectaron la legalidad, honradez, imparcialidad y eficiencia que debió observar en el desempeño de sus funciones.
"Las fechas de muchos pagos coinciden con eventos del PRI. Parece que la ordeñada del erario llegó a las cubetas que alimentan a ese partido", indicó Pérez Moguel.
Dicen que el líder estatal del partido es cómplice de un pago
Publicada: 30 agosto 2011
La acusación de peculado y desvío de recursos atribuida al subsecretario de Gobierno Marco Antonio González Canto se extendió ayer al PRI yucateco.
Los denunciantes presumen complicidad y triangulación de recursos para beneficiar al PRI.
Denuncia federal por desvío por Shakira
"Aunque inventen que hay patrocinadores aquí los hechos dicen que el que pagó el concierto es el Ayuntamiento con dinero de los meridanos", enfatiza.
"El último de los tres pagos acordados se realizó la semana pasada, el contrarrecibo es del 4 y la transferencia se hizo el 5, mediante el pago electrónico No. 26746, que es el mismo número del contrarrecibo. El pago fue por la cantidad de $6.883,788", detalla el diputado.
"Esa cantidad equivale a 580,000 dólares, que es, al parecer el finiquito del contrato, viene siendo el saldo del millón y medio de dólares acordados. El número de proveedor de esa empresa es el 21823", agrega.
"Digo que es al parecer el finiquito, porque el contrato dice que el tercer pago se debió hacer el 25 de mayo de 2011 y que, en caso de que el Ayuntamiento no cumpliera en esa fecha, era causa para dar por terminado el contrato. ¿Fue el tercer pago?, ¿o es un cuarto pago?
"La cláusula octava es muy clara: el incumplimiento será causal de rescisión del contrato, quedando liberado de cualquier responsabilidad tanto la artista como el promotor artístico".
"La factura que ampara los $6.883,788 del contrarrecibo es la No. 1651", precisa Daniel Avila.
Desde anteayer, por cierto, circula en las redes sociales las facturas de los dos primeros pagos a Entretenimiento, Promoción y Eventos de México.
El primer pago, según la factura No. 1619, se hizo el 18 de marzo de 2001, por la cantidad de $7.018,000. El segundo es con la factura No. 1620 por $6.838,606.
En su denuncia, que presentó ayer a las 13 horas en la Cámara de Diputados, dirigida a Esthela Damián Peralta, presidenta de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior, el diputado Avila Ruiz advierte que, en realidad, el gobierno que encabeza Angélica Araujo Lara destinará $30 millones al concierto de Shakira, ya que además de los $21 millones, que equivale al contrato de la artista, realiza gastos adicionales que van desde el acondicionamiento de "La plancha" hasta el pago de mobiliario, pantallas, sistemas de iluminación, camerinos y seguridad privada.
El legislador pone en tela de juicio el supuesto patrocinio que habría para recuperar esa inversión, ya que son escasos y son en especie, es decir, no regresarán los $30 millones a la arcas de la hacienda municipal.
"Hay una afectación a las finanzas municipales, porque el dinero sale de allí y son gastos que no están previstos en el Presupuesto de Egresos ni se usan en beneficio de los sectores que más lo necesitan ni en servicios que requiere la ciudadanía.
"De esta manera, se incumple la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán al realizar un evento que no se encuentra destinado a satisfacer las necesidades colectivas ni a proporcionar una función o servicio público como agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales, alumbrado público, limpia, recolección, traslado y disposición final de residuos, mercados y centrales de abasto, panteones, rastro, calles, parques y jardines, seguridad pública, etcétera".
"El gasto de $30 millones en un concierto de dos horas, incumple también los principios de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal en el uso de los recursos públicos", subraya.
Los $30 millones equivalen a casi un tercio del crédito de $100 millones que pide el Ayuntamiento, alcanzaría para cuatriplicar los 406 créditos (por $8.4 millones) que dieron del Micromer en un año, y para multiplicar 15 veces los 153 proyectos ($2.1 millones) que apoyaron en Desarrollo Agropecuario.
"Sólo con los $21 millones del pago a Shakira se puede dar apoyos de $15,000 para mejoramiento de vivienda a 1,400 meridanos, dar $466,666 a cada una de las 45 comisarías para calles, bacheo, ampliación de red eléctrica y alcantarillado o pagar dos salarios mínimos a 481 personas durante un año en Empleo Temporal, afirma Avila Ruiz.
"Quiero dejar bien claro que no estoy en contra de que venga Shakira, la artista es bienvenida a Mérida, ojalá viniera 10 veces. Estoy en contra de las mentiras y de la forma en que este Ayuntamiento la está trayendo", subraya el legislador.- FéLIX UCáN SALAZAR
Circulan rumores en el sentido de que grupos de porros realizarían actos vandálicos durante el concierto de mañana:
Porros
Según algunas fuentes, que pidieron mantenerse en el anonimato por su cercanía con ex funcionarios públicos, un partido político estaría preparando grupos de porros que realizarían actos vandálicos contra los automóviles de quienes acudan al concierto de Shakira.
Mil pesos
El rumor señala que se pagarían mil pesos por cada vándalo que acuda a golpear, rayar y robar partes de automóviles.
Estacionamientos
Según se informó, la gente que acuda al espectáculo en automóvil podrá dejarlo en el estacionamiento de Plaza Sendero, de donde la Comuna los transportará a La Plancha. Ahí estarían bien cuidados.-
Pagan los más pobres a Shakira
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Denuncia federal en puerta por el caso Ucú
"Ante la denegación de justicia en Yucatán por el caso Ucú, estamos explorando qué tipo de denuncia interpondremos ante las instancias federales, porque no se puede quedar así el daño patrimonial por $360 millones que nos han ocasionado a los yucatecos", advierte el senador Alfredo Rodríguez Pacheco.
"Este asunto no es político ni es una bandera del PAN, es cuestión de respeto a las leyes. Están bailando $360 millones, pues ya se gastaron sin tener las tierras a cambio y es nuestra obligación vigilar el buen uso del dinero público", subraya el legislador.
El consejero jurídico Sergio Cuevas González afirma que la denuncia por peculado es una acusación dolosa del PAN, ya que la anterior administración hizo una operación similar en 2005 con la compra de tierras en Hunucmá para el aeropuerto.
"La Auditoría Superior de Fiscalización ordenó que se revise la compra, porque las tierras se pagaron sin haber concluido el trámite de escrituración, de lo que hoy nos acusan", indica.
"El ex secretario de gobierno Pedro Rivas alegó que de acuerdo con los artículos 1398 y 1407 del Código Civil de Yucatán, la venta es obligatoria para las partes por el solo convenio de ellas en la cosa y en el precio, aunque la primera no haya sido entregada o el segundo satisfecho".
"Y desde el momento en que la venta es perfecta, pertenece la cosa al comprador y el precio al vendedor, teniendo cada uno de ellos el derecho de exigir al otro el cumplimiento del contrato. Es lo mismo que nosotros alegamos", dice el consejero.
“La Procuraduría no ha citado a nadie por la denuncia de Ucú”
“Por un lado, hay tortuguismo deliberado porque la denuncia involucra a funcionarios de gobierno, y por el otro, resulta evidente la inusitada celeridad con que se cita y procede contra funcionarios y ex funcionarios del PAN”, apunta.
El doctor Laviada Molina indica que mientras se protege a la gobernadora Ivonne Ortega Pacheco y a la ex directora del IVEY, ahora alcaldesa, Angélica Araujo Lara, señaladas en la denuncia por peculado, se aplicó enseguida el embargo a la ex directora de la Japay, Lolbé Carrillo Jiménez, y se citó al Ministerio Público al ex alcalde César Bojórquez Zapata, para que declare en torno a la ampliación de una concesión de la planta de separación de basura.
“Niños y Crías ya refrendó públicamente que el dinero que les dio la Japay está intacto y ya generó hasta intereses, es decir, no hubo ningún daño patrimonial, pero este gobierno ya castigó a Lolbé Carrillo.
“Y en el caso de César Bojórquez ya quedó claro que no hubo ninguna irregularidad, que la ampliación de la concesión se aprobó por unanimidad en el Cabildo, pero se le trató de exhibir dolosamente.
“Por el contrario, en la compra-venta de tierras de Ucú hay $343 millones que están al aire. La ley le prohíbe al gobierno pagar por un bien si no tiene la propiedad, así que aquí se configura el desvío de recursos”, subraya Laviada Molina.
“Me extraña que la gobernadora y la ex directora del IVEY guarden silencio y no hayan salido, hasta hoy, a defender su buen nombre. Deberían ser las primeras interesadas en aclarar todo, si es que no hay nada irregular”, indica el senador.
El galeno, como informamos en primera plana, asegura que el ejido de Ucú no está a un paso de obtener los títulos de propiedad como declaró su asesor Luis Fernando Pérez Escalante.
También advierte que el pago del saldo de $11.7 millones al ejido, que ofreció cubrir el Ejecutivo en 15 días, sólo reforzará la denuncia por peculado.
“Están entrampados, no hay títulos de propiedad, no pueden pagar, cerrar la operación y tampoco recuperar los $343 millones”, afirma.
Habrá otra denuncia por el caso Ucú
“Si el gobierno del Estado insiste en pagar el finiquito de las tierras al ejido de Ucú incurrirá en un acto de contumacia y reforzará la denuncia por peculado”, advierte el senador suplente Hugo Laviada Molina.
“Sería reiterar una violación a la ley, ya que estaría pagando por un bien que no tiene, pues no hay títulos de propiedad de por medio”, subraya el galeno, quien junto con la ex diputada Patricia Gamboa Wong interpuso la denuncia por peculado y prestación indebida del servicio público por el caso Ucú.
Hugo Laviada afirma que es falso que el Registro Agrario Nacional (RAN) le haya dado el visto bueno al ejido de Ucú para que obtenga el dominio pleno de sus tierras y se los pueda vender al gobierno del Estado.
“El oficio al que hace referencia su asesor Fernando Pérez Escalante es del 8 de enero, antes de que se descubra que el caso está lleno de irregularidades y se ordenara frenar el proceso”.
Hugo Laviada afirma que en unos días estará lista otra denuncia que interpondrán por la compraventa de tierras en Ucú, pero esta vez ante el Ministerio Público de la Federación.
“Encontramos elementos interesantes para proceder por esta vía”, afirma.
Más millones al caso Ucú
En medio de un clima de expectación, por el escándalo que ha generado, el gobierno del Estado pagaría hoy el último saldo a los campesinos de Ucú por la pretendida compra de 3,012 hectáreas del ejido.
Sin contar con los títulos de propiedad y precedido por una denuncia por peculado, que parece estar “congelada”, el Ejecutivo finiquitaría el pago de las tierras, en una operación que se inició en febrero de 2008, hace dos años y cinco meses.
El secretario del comisariado ejidal de Ucú, Santos Rogelio Dzul García, afirma que Luis Fernando Pérez Escalante, asesor e intermediario, ofreció que hoy a las 10 horas pagará el último saldo de $39,000 a los ejidatarios y $27,000 a los posesionarios para cerrar el trato.
La derrama ascendería, sumando lo que recibirán los 176 ejidatarios y los 180 posesionarios, a $11.7 millones.
Ese dinero equivale al presupuesto anual del Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública (Inaip), rebasa el presupuesto del Tribunal Electoral del Estado y alcanzaría para pagar la nómina de un año de la Coordinación de Comunicación Social del gobierno del Estado.
A 27 meses de que se presentó con bombo y platillo el Plan Maestro Ucú (sábado 4 de abril de 2008), no se ha concretado ni la propiedad de las tierras de ese proyecto, que fue anunciado como la futura segunda ciudad más grande de Yucatán, con 56,800 viviendas.
El megadesarrollo de Ucú tendría, según el gobierno del Estado, 16 mercados públicos, dos centros comerciales, 20 tiendas de autoservicio, 12 plazas de usos múltiples y 12 mercados sobre ruedas. Todo sigue en el papel.
“Mañana va a haber otra borrachera”, anticipa Eleucadio Osorio Dzul, de 72 años. “Muchos derrocharon sólo así su dinero”.
“Cuando es día de pago los salones cerveza traen hasta meseras para atraer a los ejidatarios porque saben que están forrados. Una cuartita (de cerveza) la dan en $40”, dice el vecino de Ucú.
Pago
- Bajo la lupa El Ejecutivo dice que ya pagó $343 millones al ejido y admite que aún no tiene la propiedad.Peculado Legisladores del PAN denunciaron que se trata de un caso de peculado, en el que involucran a la gobernadora Ivonne Ortega y a la ex directora del IVEY, hoy alcaldesa, Angélica Araujo Lara.
El secretario del ejido de Ucú, Santos Rogelio Dzul García, afirma que el gobierno del Estado les pagaría hoy, por medio del intermediario Luis Fernando Pérez Escalante, el saldo que les debe por las 3,012 hectáreas que pretende adquirir.
El pago, dice, comenzaría a las 10 horas en el local del comisariado ejidal, ubicado a unos metros de la plaza principal. Primero cobrarían los 176 ejidatarios, a $39,000 cada uno, y luego seguirían los 180 posesionarios, quienes recibirían a $27,000.
La derrama sería de $11.7 millones, para beneplácito de cantineros y comerciantes de Ucú.
“A ver si puedo cobrar hoy lo que me deben los compañeros”, comenta Dzul García, quien da dinero al interés a sus colegas del ejido que no cuidaron los $950,000 que han recibido.
“Muchos malgastaron su dinero y ahora andan prestando. Yo les doy porque sé que van a recibir un saldo”, dice el secretario del ejido.
“Lo gastaron en mujeres y en parrandas. Otros compraron sus camionetas, en vez de que lo cuiden o inviertan”.
En abril de este año, Antonio Euán Dzul y Heriberto Chan Dzul, presidente y tesorero del ejido de Ucú, informaron que el gobierno del Estado les congeló un último pago, en tanto no salgan los títulos de propiedad de las 3,012 hectáreas.
Los campesinos aseguraron que los ejidatarios ya habían recibido de 2008 a esa fecha $950,000 y los posesionarios $700,000 cada uno, lo que hace un total de $293.2 millones.
Según el gobierno del Estado, ya pagó $343.3 millones, de manera que hay $50 millones cuyo destino se desconoce.
Euán Dzul y Chan Dzul afirmaron que el gobierno del Estado les ofreció pagar $1.008,000 a cada uno de los ejidatarios y $800,000 a cada uno de los posesionarios por las 3,012 hectáreas que están en suspenso.
Santos Rogelio Dzul recuerda que está pendiente también un pago del “comprador de Monterrey”, que pretende adquirir otras 591 hectáreas del ejido.
Legisladores del PAN afirman que ese comprador es el diputado Felipe Enríquez Hernández, delegado del PRI en Yucatán y compadre de la gobernadora Ivonne Ortega Pacheco.
El senador Hugo Laviada Molina señaló que Enríquez Hernández es el operador en varios estados de un proyecto inmobiliario que genera recursos para las campañas del PRI.
El senador suplente y la ex diputada Patricia Gamboa Wong interpusieron, como informamos, una denuncia por peculado contra la gobernadora Ivonne Ortega y la ex directora de la Cousey y el IVEY, Angélica Araujo Lara, entre otros funcionarios del Ejecutivo.
La compra de tierras en Ucú nació y sigue bajo la polémica. Comenzó con una protesta de ejidatarios que se dijeron sorprendidos por el trato que realizó a sus espaldas el ex comisario Miguel Pech Cabrera.
Enterado del caso, el procurador agrario Jacinto Sosa Novelo denunció que la Cousey se “brincó” a esa dependencia en la compra de tierras en Ucú y la acusó de usar dinero público como capital de riesgo y de actuar como cualquier especulador.
De entonces a la fecha han surgido acusaciones y la denuncia por peculado ante el Ministerio Público. Al salir en defensa del caso, el consejero jurídico del Ejecutivo, Sergio Cuevas González, afirmó que se trata de una “compra perfecta”, aún cuando admitió que carecen de los títulos de propiedad.
Hugo Laviada Molina dijo que la “compra perfecta” sólo se aplica en casos civiles y le revirió que esa confesión se convirtió en la “prueba perfecta” de la denuncia por peculado.
En una carta que distribuyó en el Senado, la gobernadora hizo veladas amenazas al senador yucateco.
Ucú, un “callejón sin salida”
- El caso llega a la Cámara de Diputados: piden al Ejecutivo que se desista
- Un senador hace más revelaciones de la compra paralela
“Ya averiguamos con las autoridades agrarias del más alto nivel qué hay con las tierras de Ucú y la respuesta es contundente: su estatus jurídico sigue siendo ejidal, de manera que no es sujeto de compraventa”, afirma el senador Hugo Laviada.
“La ley civil es muy clara: si no hay cosa, no hay compra. En este caso no hay cosa porque no hay títulos de propiedad en Ucú, así que el gobierno del Estado está en un callejón sin salida”, sub- raya el legislador panista.
El escándalo de las tierras llegó el viernes a la Cámara de Diputados: la diputada Rosa Adriana Díaz Lizama planteó un punto de acuerdo para que se exhorte al Ejecutivo a que “se abstenga de continuar con la irregular adquisición de terrenos del ejido de Ucú, considerados como zona forestal”.
La legisladora dice que esa propuesta pasó en bloque con otros puntos de acuerdo y no obstante que se dijo lo medular sobre en qué consistía y quién la presentó, ningún diputado yucateco del PRI la objetó ni rebatió sus argumentos.
En la sesión, dice, estuvo también el diputado Felipe Enríquez Hernández, delegado del PRI en Yucatán, compadre de la gobernadora Ivonne Ortega Pacheco y a quien se involucra en la compra paralela de tierras en Ucú.
“El punto de acuerdo se turnó a comisiones”, dice la diputada.
El senador Laviada afirma que la “compra encubierta” de Enríquez se pretende hacer mediante 3 campesinos: Santos Dzul Pech, Alfonso Can Valdez y José Guadalupe Pech Balam, a quienes se les “parcelaron” 576 hectáreas. “La operación tiene los mismos vicios”.
Ucú
- Denuncia Legisladores del PAN sostienen que el Ejecutivo desvió $343.3 millones en el caso Ucú.Dos delitos El sábado, como informamos, presentaron una denuncia por peculado y prestación o abandono de un servicio público contra quienes resulten responsables por las operaciones de Ucú. Ese mismo día ratificaron su denuncia.
“La ley dice que si en una hectárea hay más de 15 árboles con troncos de un diámetro de 11 centímetros se cataloga como forestal. Así que no hay vuelta de hoja, las 3,012 hectáreas son forestales”, subraya el legislador.
“Lo único que van a hacer los técnicos de la Semarnart es corroborar que, efectivamente, se trata de selva y que esa superficie no es sujeta de parcelización y, por tanto, de venta”, asegura el doctor Laviada.
“El art 59 de la Ley Agraria dice que cualquier operación que se haga en ese caso es nulo de pleno derecho”.
“En la misma situación están las 576 hectáreas, no son 581 como se había dicho, que Felipe Enríquez Hernández, delegado del PRI y compadre de la gobernadora Ivonne Ortega, pretende adquirir para los negocios inmobiliarios que generan dinero para las campañas del PRI”, dice el legislador panista.
“Ya detectamos que quiere apoderarse de ese filete, pues son las tierras mejor ubicadas, entre Ucú y Ciudad Caucel, las de mayor plusvalía, por medio de tres ejidatarios: Santos David Dzul Pech, Alfonso Can Valdéz y José Guadalupe Pech Balam”.
“Pero, les falló: la compra encubierta tiene los mismos vicios que las 3,012 hectáreas que pretende comprar el Ejecutivo.
“Son tierras de uso común, son forestales y no se pueden enajenar. Aquí lo extraño es que tanto el ejido como el gobierno del Estado sabían que era necesario contar con el dictamen de la Semarnat y nunca lo solicitaron. ¿Pensaron brincarse la ley como acostumbran?.
“Ahora que han quedado al descubierto las irregularidades son capaces de meter maquinaria y deforestar el ejido, para que cuando llegue la Semarnat vea que no hay árboles, que no se cumple la condición que establece la Ley Forestal.
“Son capaces de todo, así que vamos a estar muy pendientes. Si lo hacen incurrirían en otros delitos”, advierte el senador.
El presidente y el tesorero del ejido de Ucú, Antonio Euán Dzul y Heriberto Chan Dzul, confirmaron, como publicamos, que las tierras siguen siendo ejidales y revelaron que les congelaron sus pagos hasta en tanto no obtengan los títulos de propiedad tanto de las 3,012 hectáreas como las 576 que les pidió “un comprador de Monterrey”.
Los directivos revelaron también que el intermediario del gobierno del Estado, Fernando Pérez Escalante, es el mismo que opera la compra paralela, orquestada, según los legisladores panistas, por Felipe Enríquez..
“Las dos compras están fuera de la ley, se les echó a perder el negocio”, afirma Hugo Laviada.
“En la denuncia que interpusimos el sábado hay nuevos elementos que involucran a la ex directora de la Cousey, Angélica Araujo (Lara, candidata del PRI a la alcaldía). También tiene responsabilidad”.