(3)La lista de "empresas fantasmas" vinculadas a la venta de facturas falsas a la Coordinación General de Comunicación Social (CGCS) es más grande de lo que se cree.
En los últimos días, Central 9 ha obtenido nuevos informes que involucran a cinco compañías más en lo que parece ser una "operación de Estado" para desviar cuantiosos recursos públicos en beneficio, aparentemente, de altos funcionarios del gobierno de Ivonne Ortega Pacheco.
Una de estas empresas, Corporación Comercial y de Servicios SCP, facturó $1.805,200 a la CGCS entre enero de 2009 y septiembre de de 2010, aunque la cifra podría ser mayor. El gobierno pagó esa cantidad por supuestos servicios de "cobertura y publicidad de programas del Poder Ejecutivo", el mismo concepto de casi todas las centenares de facturas emitidas por esas "empresas fantasma".
Estrategia
De acuerdo con un informe de la Secretaría de Hacienda estatal, en poder de Central 9, la Unidad de Investigación Periodística de Grupo Megamedia esa compañía, creada el 15 de enero de 2008, facturó $1.115,000 en 2009 y $690,200, en los primeros nueve meses de 2010, a razón de "igualas" mensuales de $98,600. Hay la presunción fundada de que la empresa cobró esas "igualas" hasta el final de 2010.
El representante de la compañía, Vicente Lara, contactado por teléfono celular en enero, confirmó el monto de las facturas emitidas por su empresa. El concepto: "asesoría en general al gobierno de Yucatán, incluyendo publicidad", aunque se negó a dar los detalles. También confirmó su relación como "asesor" de autoridades del estado de Quintana Roo.
Para principios de 2011 esa empresa tenía más de un año de haber abandonado sus oficinas rentabas en la calle 7 No. 262, departamento 303-A del Campestre, cumpliendo el patrón de conducta de las "empresas fantasma" de la CGCS: alquilar un predio por unos meses, obtener el registro fiscal y las cuentas bancarias, y luego desaparecer.
Este es el mismo padrón seguido por otra empresa de "papel" incluida en la operación de facturas falsas: CMD del Sureste S.A. de C.V. Esta compañía, creada cuatro meses después de Corporación Comercial y de Servicios, el 23 de mayo de 2008, registró el predio Núm. 67 de la calle 30 de San Antonio Cinta, que abandonó hace meses.
CMD del Sureste cobró $875,750 a la CGCS en 2009 y $400,000 en 2010, por lo menos hasta septiembre, a través de una sola factura por esa cantidad, por "comprobación de gastos por cobertura y publicidad de programas y obras".
En otras facturas emitidas por CMD aparece el concepto de pago de anuncios publicitarios de 12 x 5 metros (carteleras), de impresión de volantes y de "50,000 dípticos impresos en computadora" con publicidad del Programa de Actualización y Registro (PAR), creado para actualizar los registros de contribuyentes.
Pruebas
Este concepto, publicidad del PAR, aparece en las facturas de otras "empresas fantasmas" de la CGCS, aunque no se conozcan hasta ahora muestras de esos trabajos, y probablemente nunca se conozcan porque las carteleras ya se descolgaron, y los volantes y dípticos ya se repartieron.
El propietario de CMD, Marco Antonio Mezo González, es otro de los múltiples casos de empresas creadas en esta administración sólo para desviar el presupuesto público. Aunque facturó supuestos servicios de publicidad e impresión, su compañía abrió originalmente para "brindar asesoría a importadores y exportadores de la industria maquiladora".
El supuesto empresario carece de oficina, teléfono y trayectoria en el ramo publicitario y es más conocido como abogado dedicado a cobrar carteras vencidas.
Parecidos
Un caso parecido a éste es el de Comercializadora y Asesora de Servicios y Productos, S.A. de C.V. dedicada también a la asesoría de importadores y exportadores, aunque nadie la conoce en el medio. No obstante, la empresa emitió dos facturas por $125,000 y una por $405,000, a la CGCS en 2009, por supuestos servicios de publicidad. Sus socios, Silvio Alberto Pinto Marín y Caridad de Guadalupe López Ordóñez, lo son también, al parecer, de otra "fantasma": Corza, S.A. de C.V., que emitió en 2010 una factura por $300,000 por servicios que no prestó.
Rumba cubana
Otros de los supuestos publicistas "contratados" por Rivero Covarrubias es la empresa GPI México, S.A. de C.V. Esta compañía emitió una factura por $402,500 en 2008, por "producción de cápsulas informativas"; y dos facturas más en 2009: una por $115,000, por concepto de producción, dirección y logística de los programas pilotos de "A sonar a Cuba", presuntamente ordenado por el gobierno del Estado; y otra por $155,250, por más "cápsulas informativas".
Aquí, como en los demás casos, el socio principal de GPI, Carlos Sánchez Gamboa, carece de experiencia y trayectoria en la publicidad. En los últimos años se ha desempeñado como representante de artistas y organizador de conciertos musicales. Hasta el año pasado era el empresario de El Mesón La Habana, especializado en espectáculos de música cubana, aunque desde entonces, en círculos priístas, se mencionaba al secretario de Gobierno Víctor Sánchez Alvarez como el verdadero dueño de la empresa. Continuará.- Hernán Casares Cámara
La lista de "empresas fantasma" que venden facturas al gobierno parece interminable:
Hallazgo
Investigaciones recientes de Central 9 descubrieron que una de estas compañías es Construccel, ubicada originalmente en Ciudad del Carmen, Campeche.
Plan
Este negocio, dedicado a la venta de líneas y aparatos Nextel, quebró, pero no se dio de baja en la Secretaría de Hacienda.
Facturas
Su propietaria se trasladó a Mérida, desde donde emitió por lo menos dos facturas a la Coordinación General de Comunicación Social, por supuestos servicios de "publicidad y cobertura de programas y obras del gobierno del Estado", aunque su empresa era de otro giro.
Monto
Una de esas facturas es por $125,000 y la otra por $400,000.
