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La Auditoría del Estado, últimaen transparencia
A pesar de millonarios recursos para realizar su labor, la Auditoría Superior del Estado de Yucatán (ASEY) no cumple con revisar las cuentas de los ayuntamientos y otras instancias estatales que utilizan dinero público, dice el diputado local del PAN Mauricio Vila Dosal.
-Cada año aumenta el presupuesto asignado a la ASEY para su trabajo, pero éste resulta un gasto inútil -señaló-. Este año el organismo recibirá $52.4 millones; en promedio son un millón de pesos semanales.
-La Auditoría Superior del Estado es ineficiente y encubridora, con su actitud fomenta la impunidad -subrayó el legislador-. Esta situación ya fue expuesta en el país a raíz de una investigación académica.
Vila detalló que el Instituto Mexicano para la Competitividad, A.C. y la Universidad de Guadalajara, por medio del Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas, realizaron el estudio “Auditorías Superiores locales de México: evaluación de su normatividad, prácticas y transparencia”.
-Yucatán quedó en último lugar porque la ASEY no difunde el resultado de sus revisiones y auditorías, lo cual impide que el ciudadano conozca el desempeño de sus autoridades en ese rubro.
También dijo que debido a lo anterior, desde septiembre pasado el PRD, por medio del diputado Bayardo Ojeda, denunció ante la Fiscalía estatal a René Márquez Arcila, titular de la ASEY.
Los ayuntamientos, recordó, están obligados a enviar cada mes sus cuentas a la Auditoría, a fin de que ésta las revise, dictamine y las turne al Poder Legislativo para que a su vez las apruebe o rechace y, en su caso, aplique las sanciones por desvíos del erario.
Sin embargo, los alcaldes ni siquiera cumplen con enviar esa documentación.
Como ejemplos graves mencionó a Huhí, Sanahcat y Quintana Roo, que llevan seis meses sin hacerlo; Teabo, Chichimilá y Dzilán González, cinco meses, y Tekax y Chankom, cuatro.
El primero de ellos es de extracción panista y el resto provienen del PRI.
-En los últimos seis años y medio el gobierno estatal gastó $180,000 millones, lo cual es el presupuesto más alto de la historia de Yucatán -indicó-. Pero debido a que no se revisan ni auditan las cuentas públicas nadie sabe a dónde fue a parar ese dinero.
-¡Es un gasto enorme, son unos 14,000 millones de dólares! -expresó Vila Dosal-. Eso equivale a $2,307 millones al mes, en promedio.
-Contra lo que se dice en los discursos, en Yucatán no hay rendición de cuentas. Y esto se debe a que la ASEY, que es la instancia encargada de fiscalizar el gasto público, no cumple su función, ya sea por ineficiencia o, peor todavía, por encubrir el manejo del dinero público.
Entrevistado en sus oficinas, el legislador panista recordó que René Márquez, titular de la ASEY, está en el cargo desde el sexenio anterior, fue presidente del Colegio de Contadores Públicos y en el año y medio de la actual Legislatura sólo emitió el informe de resultados de 2011.
-Sería conveniente que ese colegio se pronuncie al respecto.- Hansel Vargas A.
De un vistazo
¿Dónde terminó el dinero?
Mauricio Vila dijo que el silencio de la ASEY impide que el pueblo sepa a dónde fueron a parar los $140,000 millones gastados en el quinquenio de Ivonne Ortega Pacheco. Tampoco se sabe a qué se destinaron los $38,364 millones de los primeros 15 meses del gobierno de Rolando Zapata.
En último sitio
Un estudio hecho por el Instituto Mexicano para la Competitividad, A.C. y la Universidad de Guadalajara concluyó que la ASEY no tiene en internet toda la información que por obligación debe tener ahí; resultó la más incumplida y opaca en todo el país.
Laguna legal
Vila Dosal consideró que René Márquez se escuda en una laguna legal para no cumplir. La Ley de Fiscalización de la Cuenta Pública no fija plazo máximo para que la ASEY envíe el resultado de su trabajo al Poder Legislativo. Tampoco hay un límite de tiempo para que los diputados de la Comisión de Vigilancia de la Cuenta Pública den su dictamen.
Pedirá corregir esto
Ante esa situación anunció que él propondrá cambios en esos dos rubros para corregirlos. Además analizará si Márquez Arcila violó la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos.
