Bajarán plazo de quejas en derechos humanos

13 julio 2015
Noticias de Yucatán

Unos 10 meses tarda la Codhey en atenderlas

 

El presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (Codhey), José Enrique Goff Ailloud, luego de asumir el cargo, en una de sus primeras declaraciones, ofreció reducir el tiempo de respuesta a las quejas.
¿Cuál es el tiempo promedio en este momento?
Alrededor de ¿qué será?, 10 meses, pero hay casos cuya resolución lleva de cuatro a cinco meses, dependiendo de la complejidad.
¿En cuánto piensa reducirlo?
La ley nos marca nueve meses y, en caso de violaciones graves, cuatro. Pretendo cuadrarme con la ley y mejorar el tiempo de respuesta, en la medida de nuestras posibilidades.
En las quejas graves, ¿cuánto tardan ahora en atenderlas?
Depende de la complejidad y de si hacemos investigaciones o citamos a testigos. Muchas veces excedemos el plazo legal de cuatro meses para las denuncias graves, porque en el transcurso de la investigación aparecen nuevos hechos violatorios, de manera que no es posible determinar con toda veracidad la responsabilidad de la autoridad.
Por eso, a veces, nos pasamos del término de los cuatro meses, pero solo cuando el caso lo amerita y para no emitir una resolución contraria al ciudadano.— HERNÁN CASARES CÁMARA
Codhey Promesa
La comisión estatal de derechos humanos tarda 10 meses en promedio en resolver una queja.
Plazo
Según su presidente, José Enrique Goff Ailloud, la ley les marca un plazo de nueve meses y de cuatro en el caso de quejas graves.
Ley
En mi gestión, dice, “pretendo cuadrarme con la ley”.
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La Codhey: 350 quejas al año

De esas, sólo 35 se convierten en recomendaciones

 

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (Codhey) recibe 350 quejas al año, aproximadamente, de las cuales, 35 derivan después en recomendaciones, afirma el nuevo presidente de ese organismo, José Enrique Goff Ailloud, en la tercera y última parte de la entrevista que concedió al Diario.
Cifras
Otras 140 quejas, explica, concluyen por falta de materia, desinterés o desistimiento del quejoso, y el resto, 175, el 50%, se resuelven por la vía de la conciliación entre ciudadanos y la autoridades, casi todas a favor del ciudadano.
Estas 350 quejas, son parte de las 4,000 solicitudes de intervención que cada año recibe la Codhey. De ese total, como informamos en la segunda parte de esta entrevista, 2,800 son solicitudes que no competen a la Comisión, por tratarse de asuntos laborales o penales entre particulares, y otras 850 corresponden a gestiones por problemas sociales de distinta índole.
Conciliación
De las 35 recomendaciones anuales sobre quejas específicas, dice Goff Ailloud, las autoridades aceptan el 70 por ciento y de ese porcentaje, un 80 por ciento se cumple y eso lo sabemos “porque las autoridades nos dan pruebas de ese cunplimiento”.
Las recomendaciones piden la restitución del goce del derecho del afectado, garantías de parte de las autoridades de que no volverá a suceder y la investigación y sanción al funcionario responsable y, en su caso, la reparación del daño.
“Lo que no podemos hacer es determinar la sanción o monto de la reparación, porque ya caeríamos en el ámbito judicial y eso solo un juez lo puede hacer”.
Según el presidente de la Codhey, ese organismo ha publicado desde 2006 seis recomendaciones generales, nueve investigaciones especiales y dos informes especiales.
La mitad de las quejas, enfatiza el funcionario, se resuelven por la conciliación, que es “la manera más rápida de restituir al ciudadano el goce de sus derechos afectados” y es también “cuando la Comisión tiene más fuerza”.
Pero, ¿cómo se puede usar la conciliación en casos como la agresión al periodista de Megamedia, en una bodega del PRI en el Periférico, donde hay dos versiones de los hechos, la del agredido, y la de la policía, que niega los hechos?
En ese caso, que son dimes y versiones diferentes del periodista y del policía, lo que hacemos es investigar para determinar nuestra propia verdad.
Pero este es un caso. Hay muchos otros en donde la conciliación si funciona. Por ejemplo, cuando la escuela expulsa a un niño por indisciplina. Aquí, buscamos una conciliación entre la SEP y los padres de familias del afectado para restituir el goce de su derechos a la brevedad posible y si hay responsabilidad del servidor público, sancionarlo.
Creemos que la medida disciplinaria nunca debe ir en detrimento del derecho a la educación, deben ser medidas disciplinarias constructivas.
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