Noticias de Yucatán
En un caso sin precedente en Yucatán se procedió de
manera legal contra un "chisme" de internet: el delito denunciado fue
la difamación y se presentó directamente ante un juez por ser considerado “delito
menor”.
Suemy Lizama Sánchez, jueza de control del Centro de
Justicia Oral, resolvió el caso de una comerciante de trajes de baño en Facebook,
quien fue difamada por una cliente en esta misma red social.
El caso comenzó cuando la vendedora se retrasó por
cuestiones fuera de su alcance con la entrega de un pedido, por lo cual la
compradora decidió emitir una publicación en Facebook en el cual desprestigiaba
el negocio, mensaje que en poco tiempo se hizo viral, a pesar de que la misma
comerciante había ofrecido antes la devolución del dinero.
Por el impacto que tuvo la difamación la vendedora tuvo
un importante número de cancelaciones con pérdidas cercanas a los $50 mil, lo
que implicó una “afectación patrimonial”.
“Cuando se decide optar por la vía privada o particular
–como en este caso- el Ministerio Público no interviene. Será la víctima con su
abogado quienes realicen las investigaciones, los cuales deberán presentar sus
testigos, documentos y todo aquello que pueda servir como prueba”, explicó
Lizama Sánchez.
Después de un par da audiencias el caso se resolvió y la
cliente que difamó tuvo que pagar la cantidad de dos mil pesos como
compensación, sin embargo, lo más importante para la vendedora fue que obtuvo
una disculpa pública en las cuentas de Facebook implicadas.
La jueza explicó que este tipo de situación es
complicada, ya que, aunque las redes sociales no están regularizadas, en ellas
también la ley es válida y se persigue cualquier delito: “Hay que tener cuidado
y ser responsables con las redes sociales, principalmente cuando se comparte la
imagen de alguien al que se le acusa de alguna situación como robo, secuestro,
abuso, entre otros”, precisó.
Explicó que, en el caso mencionado, si las involucradas
no hubieran llegado a un acuerdo durante las dos audiencias que se realizaron,
el siguiente paso hubiese sido un juicio oral, en donde se podría establecer
sanciones de tres días o dos años de cárcel o multas de 20 a 200 días de UMA.
