Noticias de Yucatán
(Proceso).- En julio de 1926 los obispos mexicanos
decidieron suspender el culto público en México, una decisión sin precedente
que antecedió a la Cristiada, la guerra religiosa que desangró a México hasta
1929. Pío XI los apoyó. Tal ha sido el relato predominante de aquellos hechos.
No obstante, una investigación a partir de documentos
desclasificados del Vaticano aporta ahora una nueva reconstrucción histórica.
Según ésta, el entonces pontífice fue “engañado” por una minoría organizada de
sacerdotes intransigentes.
“Pío XI fue convencido de que la mayoría de los obispos
mexicanos estaban a favor de suspender el culto religioso en el país. En
realidad, como han revelado las cartas en los archivos romanos, esa decisión
fue de una minoría de obispos intransigentes, ligados a un grupo de jesuitas de
la Liga Nacional para la Defensa de la Libertad Religiosa”, cuenta Paolo Valvo,
profesor de la Universidad Católica de Milán y autor de la investigación.
Valvo, quien trabajó siete años para reconstruir lo
sucedido, ha reunido la información de documentos, cartas, apuntes y telegramas
que contienen estas revelaciones en Pío XI y la Cristiada, libro de 540 páginas
publicado recientemente en Italia y que ya ha recibido propuestas para editarse
en español.
Y es que Valvo ha tenido acceso a fuentes de las que no
disponían hasta hace poco los historiadores: los Archivos Vaticanos relativos
al pontificado de Pío XI (1922-1939), desclasificados en septiembre de 2006.
El relato que surge habla de una secuencia de eventos que
dan otra versión respecto a las ya existentes en los archivos mexicanos y
estadunidenses sobre esos convulsos días.
La Liga
En los documentos desclasificados aparece un grupo de
jesuitas de la Liga –Alfredo Méndez Medina, Mariano Cuevas, Rafael Martínez del
Campo y Carlos Heredia, son algunos de ellos– que llevó adelante la propuesta
de la suspensión del culto hasta influir en la reunión de los obispos mexicanos
que antecedió a la toma de postura de Pío XI.
Una maniobra que cuajó primero a través de un
cuestionario, entregado por Méndez Medina en junio de 1926 a los obispos
mexicanos y que presentaba la intransigencia como la única vía posible, como
forma de protesta por la reforma anticlerical del presidente Plutarco Elías
Calles, afirma Valvo.
“Los archivos han arrojado una versión distinta a la
conocida hasta ahora de la reunión del Comité Episcopal del 10 de julio de
1926 en la que los obispos mexicanos se habrían pronunciado a favor de la
suspensión del culto. Lo que se desconocía es que en aquel encuentro se
enfrentaron una mayoría más moderada, pero desorganizada y poco firme, a una
minoría de radicales que finalmente logró hacer prevalecer su postura.
“Este bando era liderado en particular por Pascual Díaz y
Barreto y José Mora y del Río, el secretario y el presidente del Comité”, dice
el investigador italiano, cuyos estudios han sido incluso acreditados por Jean
Meyer, uno de los mayores historiadores de la Guerra Cristera.
“De esta manera, la postura intransigente fue finalmente
plasmada en un telegrama, que el 18 de julio de 1926 fue trasmitido (al
Vaticano) desde Cuba, isla a la que había viajado Manuel de la Peza, un miembro
de la Liga. ¿Por qué desde Cuba? Hay una razón formal: allí residía el delegado
apostólico (el maltés George Caruana) desde su expulsión el 10 de mayo de
México; y otra más política: la delegación apostólica en México seguía abierta
y su secretario era monseñor Tito Crespi, quien tenía una opinión crítica de
los radicales”, añade el investigador.
“Tanto es así que Crespi intenta avisar al secretario de
la delegación de Cuba, Liberato Tosti, y al Vaticano, de lo que está ocurriendo
en México, y recomienda tomar tiempo antes de responder al Comité Episcopal. No
obstante, Crespi no logra sus propósitos. En parte porque trasmite un mensaje
poco claro a Tosti, y en parte porque ya no poseía el cifrado para comunicarse
con el Vaticano, y por tanto, debe recurrir a un diplomático de la embajada
francesa llamado Ernest Lagarde”, añade Valvo.
“Es difícil saber qué pensó Tosti y si no entendió el
mensaje de Crespi. Probablemente influyó que De la Peza traía consigo varias
cartas, incluso para el arzobispo de Cuba, en apoyo a la postura intransigente.
Y que, además, en esos días Caruana se encontraba en Estados Unidos”, añade.
En tanto, el 15 de julio el obispo Rafael Guízar y
Valencia –declarado santo en 2006 por Benedicto XVI– envió otro telegrama al
Vaticano, en el que “humildemente” opina que “la suspensión cultos en toda
República es sumamente perjudicial”. Este mensaje, como otros más, cayó en el
vacío.
Malentendido
Con base en la documentación que consultó, Valvo explica
que la decisión de suspender el culto fue producto de una secuencia de
equivocaciones. Así, mientras Tosti está el 18 de julio en Cuba enviando el
telegrama que contiene la postura intransigente, en Roma ya se están reuniendo
los miembros de la Comisión de Asuntos Extraordinarios del Vaticano, que en ese
momento presumiblemente desconocen el contenido de esa nota.
“En estas circunstancias, se abren los trabajos de la
reunión de la Comisión de Asuntos Extraordinarios. El tema del debate es cuál
debe ser la postura del Vaticano sobre lo que ocurre en México. Se enfrentan
dos posiciones. Una, la más pragmática, es la del cardenal secretario de
Estado, Pietro Gasparri, que defiende la moderación.
“La otra es de Tommaso Pío Boggiani, una voz influyente
por su pasado como delegado apostólico en México desde 1912 hasta 1914”, cuenta
Valvo, al subrayar que se desconoce si Boggiani había entrado en contacto con
los intransigentes, aunque es un hecho que ambas posturas coinciden.
“A falta de un consenso, la Comisión acaba sin un acuerdo
y se decide entregar al Papa únicamente el resumen de la discusión, sin dar una
indicación precisa. Todo ello mientras en Roma se encuentra en esos días
Vicente Castellanos Núñez, obispo de Tulancingo, quien había recibido
instrucciones de los intransigentes”, cuenta el historiador.
El papel de este obispo no es secundario. “Castellanos
Núñez, quien en la mañana del 21 de julio se reúne con Pío XI, había sido
contactado a comienzos de julio por Díaz y Barreto, a través de una carta en la
que se defendían las razones de la intransigencia y se pedía hacer llegar esa
argumentación al Papa.
“Su influencia fue decisiva para que el Papa apoyara la
posición de los intransigentes, como también atestigua otra carta de 1937,
escrita por el jesuita Rafael Martínez del Campo”, relata Valvo.
“Tanto es así que cuando Pío XI se da cuenta de las
maniobras de los intransigentes, a finales de 1927, toma la decisión de que los
tres obispos enviados a Roma por el Comité Episcopal –José María González
Valencia, obispo de Durango; Emeterio Valverde Téllez, de León; y Jenaro Méndez
del Río, de Tehuantepec– se vayan de la ciudad.
“El Papa asume esta postura convencido de que lo estaban
usando para acreditar una posición en favor de la lucha armada sobre la que el
Papa había evitado pronunciarse”, afirma el historiador. “Y la posición de Pío
XI en relación con el enfrentamiento armado fue compleja, ni de apoyo ni de rechazo”,
añade.
No obstante, el daño ya ha sido hecho. “La respuesta de
Pío XI, transmitida a México el 21 de julio de 1926 y muy general sobre qué
piensa el Vaticano sobre lo que ocurre en México, es interpretada como un
sostén a la suspensión del culto. Y ello, a pesar de que en el telegrama
vaticano no aparecen siquiera las palabras ‘suspensión del culto’”, argumenta
Valvo.
Poco después, empiezan los primeros enfrentamientos.
El telegrama
Otro traspié se verifica en la vigilia de Los Arreglos,
el pacto entre el gobierno de México y la jerarquía de la Iglesia católica con
que terminó La Cristiada, el 21 de junio de 1929, tras miles de muertos en los
combates y una serie de intentos fallidos de negociación en los que se
involucró también el Vaticano.
El episodio en cuestión remite a un misterioso caso de
una mala interpretación de un telegrama enviado por el Vaticano pocas horas
antes de que se firmaran Los Arreglos, en respuesta al borrador transmitido
anteriormente por los obispos mexicanos del acuerdo alcanzado con el gobierno
interino de Emilio Portes Gil.
Se trata de un telegrama que, como han revelado ahora los
papeles conservados en el Vaticano, es enviado el 20 de junio de ese año por el
cardenal Gasparri a los obispos mexicanos. En el mismo, se busca reafirmar que
Pío XI no está satisfecho con el pacto.
“Durante la transmisión del telegrama, traducido al
español y enviado a través de la embajada chilena de la Santa Sede, con toda
probabilidad, se produjo un error, de tal manera que la frase redactada en el
Vaticano de que ‘Su Santidad está deseoso de llegar a un acuerdo pacífico y
justo’ llega a México como ‘Su Santidad está deseoso de llegar a un acuerdo
pacífico y laico’”, cuenta Valvo.
“No sabemos exactamente qué pasó, si fue un error de
traducción, o alguien intencionalmente cambió la palabra ‘justo’ por ‘laico’.
(…) Lo que es seguro es que nadie en la Santa Sede escribió la palabra
‘laico’”, señala el historiador.
Ante esa situación, Leopoldo Ruiz y Flores, encargado de
la comunicación, se queda tan asombrado que envía otro telegrama al Vaticano,
en el que pide que le aclaren el significado del término.
“Ruiz y Flores escribe: ‘Explíqueme significado de la
última palabra punto primero’. Gasparri, que desconoce que Ruiz y Flores está
preguntando qué significa el término ‘laico’ y cree que se refiere a la palabra
‘justo’, responde: ‘Primer punto: la última palabra significa con justicia’.
Eso fue lo que hizo que Ruiz y Flores presentase esa respuesta, forzando la
interpretación del contenido del telegrama inicial, y probablemente con el
objetivo de poner inmediatamente fin a las luchas, como la prueba de que la
Santa Sede aceptaba un arreglo dentro del marco constitucional vigente en
México”, relata Valvo.
El episodio, en efecto, culmina con la firma de Los
Arreglos, un acto que despoja a la lucha armada de los cristeros de su
legitimación, después de una negociación en la que Pío XI varias veces se había
pronunciado contrario a un acuerdo que no incluyera la modificación de las
normas constitucionales hostiles a la Iglesia católica.
Una prueba de ello está también en lo que revelan los
papeles vaticanos sobre la opinión de Pío XI acerca de Dwight Morrow, un
exbanquero de J. P. Morgan enviado a México como embajador con la misión de
contribuir a la estabilización del país. “Es cierto que Pío XI lo veía como un
hombre de buena voluntad, pero su actuación como pacificador nunca llegó a
convencer completamente al Papa. Lo creía demasiado ‘norteamericano’ y
‘pragmático’, y no le satisfacía su mediación por la ausencia de un compromiso
claro a modificar las normas constitucionales de Calles”, comenta Valvo.
“En estas circunstancias, Pío XI entró en las
negociaciones, a la par de que se estableció un equipo que incluía al jesuita
estadunidense Edmond Walsh, amigo íntimo del Papa, y Miguel Cruchaga Tocornal,
el exembajador de Chile en Estados Unidos. Este nuevo equipo aparece en la
documentación vaticana a partir de junio de 1928”, afirma Valvo. “Es un paso
clave. Pues aunque no consigue lo deseado por el Papa, Walsh logra que Pío XI
tenga una posición más abierta para encontrar una solución”, añade.
Con ello, pasarían 25 años para que México y el Vaticano
restablecieran, en 1992, relaciones diplomáticas, después de la reforma del
artículo 130 de la Constitución mexicana y la entrada en vigor de la Ley de
Asociaciones Religiosas y Culto Público ese mismo año.
