Noticias de Yucatán
(apro).- Cuando apenas cumplía un mes de haber
reanudado operaciones en Puebla, la empresa Cabify volvió a causar
controversia, luego que uno de sus choferes fue captado en video cuando patea
en el pecho a una mujer que trabaja como guardia de seguridad privada en un
fraccionamiento de esta ciudad.
Dos
videos fueron divulgados en Twitter, mediante la cuenta @Lalo_quiterio, del
hecho presuntamente ocurrido el pasado 8 de diciembre en el fraccionamiento
Vista Alegre de Puebla, capital.
De acuerdo con la información, el chofer de nombre José Froylán acudió a ese lugar a hacer un servicio, pero a su salida la guardia de seguridad le pidió abrir su cajuela para hacer una revisión, ya que, además, no portaba la placa trasera.
En las imágenes se puede observar cuando el conductor discute de manera violenta con la mujer, le grita y se le acerca de manera amenazante. Luego, se sube al carro e, intempestivamente regresa para patear a la mujer en el pecho hasta tumbarla al suelo.
De inmediato, la guardia de seguridad privada se reincorpora, mientras que el conductor se sube a su auto y huye del lugar.
El área de comunicación de Cabify confirmó que José Froylán era chofer de la empresa, pero aseguró que, al presentarse la queja por la agresión a la guardia de seguridad, inmediatamente se le dio de baja.
Además, aseguró que apoyará médica y legalmente a la víctima en caso de que decida proceder legalmente contra el ahora exsocio, por el delito de lesiones.
Apenas el pasado 10 de noviembre, el servicio Cabify volvió a operar en Puebla, luego de que en septiembre el gobierno estatal le retiró el permiso para trabajar en esta entidad porque uno de sus choferes resultó ser culpable del feminicidio de la estudiante universitaria Mara Castilla, quien contrató el taxi para regresar a su casa.
Luego de esto, a finales de septiembre, un chofer de Uber resultó involucrado en el asalto y asesinato de otra joven universitaria llamada Mariana Fuentes.
A partir de estos hechos, el gobierno de Puebla promovió una reforma a la Ley Estatal de Transporte para imponer obligaciones a las empresas que prestan este tipo de servicios. Entre ellas, se supone que la prestadora del servicio está obligada a someter a sus choferes, entre otras pruebas, a evaluaciones psicológicas para evitar poner en riesgo a los usuarios.