Noticias de Yucatán
(apro).- El precandidato presidencial priista José
Antonio Meade sostuvo que, como secretario de Hacienda, sí procedió contra los
excesos de Roberto Borge, recién extraditado de Panamá y actualmente preso en
un penal de Morelos, aunque más tarde se reunió con el exgobernador Félix
González Canto, señalado por haber impuesto a Borge Angulo como su sucesor.
Meade Kuribreña anunció que pedirá a los partidos que lo
apoyan que formulen una iniciativa de ley para la confiscación inmediata de los
bienes de servidores públicos procesados por corrupción.
“Sí procedí (contra Roberto Borge). Está sujeto a un
proceso, justamente emanado de estas investigaciones”, dijo tras emitir un
mensaje a medios en el asta bandera monumental de la zona hotelera de este
destino turístico.
Más tarde, Meade sostuvo en encuentro con dirigentes
locales del PRI y, a su lado, estuvo el senador Félix González Canto.
También se entrevistó, en el aeropuerto internacional de
esta ciudad, con el presidente municipal Remberto Estrada, del PVEM.
En redes sociales, deportistas se quejaron de que fueron
desmanteladas las estructuras de las canastas de basquetbol y futbol rápido en
la unidad deportiva “Morelos” para un mitin de Meade, por la tarde.
En su mensaje, el precandidato presidencial también
insistió en los señalamientos de la situación patrimonial de Andrés Manuel
López Obrador.
“Mi trabajo explica lo que soy y lo que tengo. Puedo
acreditar de qué vivo y cómo lo he obtenido, y en ello nunca ha habido ninguna
simulación”, dijo.
En su mensaje, dio a conocer una nueva propuesta, que se
suma al paquete de medidas que dio a conocer en días pasados, que incluyen
acelerar el nombramiento del fiscal anticorrupción y enseguida urgió a los
partidos que lo apoyan a que promuevan esta iniciativa ante Legislativo.
“El combate a la corrupción no sólo es cárcel a los
corruptos, sino que se devuelva lo que se han robado”, subrayó.
El
también excanciller señaló que pretende que “quien haya desviado un solo peso,
que lo haya obtenido al margen de la ley, que lo regrese”.
Esta
iniciativa, precisó, consta de tres puntos, y el primero es que los
funcionarios bajo proceso no sólo paguen con cárcel, sino que regresen el
dinero, los bienes a través de un “mecanismo ágil”.
Agregó
que no sólo se confiscarán los bienes que estén a su nombre, “sino aquellos en
los que estén como propietarios, aunque lo tengan registrado de algo más”.
Como
segundo punto, expresó, buscará “cárcel con pena máxima ampliada para los
corruptos”.
Y
como tercer elemento, señaló que la iniciativa prevé la “certificación
patrimonial obligada” a través de una “instancia que certifique”.
“Quien
no pueda explicar el origen de sus bienes, los perderá”, ofreció.
