Noticias de Yucatán
El Poder Judicial de la Federación (PJF) dio a conocer que este año fiscal ahorrará hasta mil 290 millones de pesos, y para ello acordó “diferir proyectos de obra pública no prioritarios, racionalizar los gastos de viáticos y pasajes así como la adquisición de bienes, muebles e inmuebles y de gastos de ceremonial y difusión”.
En el acuerdo, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), se señala que del total del ahorro proyectado 280 millones corresponderán a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN); mil millones al Consejo de la Judicatura Federal (CJF), y 10 millones 800 mil pesos al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
“Las medidas que habrán de instrumentarse garantizarán en todo momento condiciones necesarias para una operación eficiente, que asegure el cumplimiento de las funciones del Poder Judicial de la Federación y aquellas obligaciones constitucionales establecidas para satisfacer la demanda ciudadana de acceso a la justicia”, refiere el acuerdo publicado en el DOF.
En ese contexto, se menciona que en cuanto a recursos humanos la creación de plazas obedecerá a” las necesidades institucionales indispensables para la atención de asuntos prioritarios y estratégicos del ámbito jurisdiccional, sujeta a la autorización de las instancias competentes de cada órgano del PJF”.
Las plazas que “permanezcan vacantes por más de 6 meses se destinarán a cubrir requerimientos de proyectos o programas nuevos, prioritarios o estratégicos, además de que se limitarán también los contratos de prestación de servicios profesionales a los estrictamente indispensables y necesarios para las áreas de apoyo de la función jurisdiccional y las ausencias por otorgamiento de licencias se cubrirán en los casos en que sean requeridas por el titular del órgano correspondiente”.
En el renglón de recursos materiales, “la adquisición de vehículos de servicio deberá disminuirse al mínimo indispensable, y se realizará preferentemente para sustituir al parque vehicular que haya dejado de ser útil, además de privilegiar aquellos que cuenten con tecnologías limpias y acceso a promociones de extensión de garantía o mantenimiento gratuito”.
En materia de difusión, se impulsará la realización de producciones televisivas del Poder Judicial con recursos propios o entidades del Estado, evitando arrendar equipo de video, audio e iluminación; se privilegiará celebrar convenios con instancias gubernamentales, que permitan aportar tiempos de grabación, producción y transmisión en estaciones de radio, de programas, capsulas y spots de radio sobre el quehacer institucional.
Se dará prioridad a la adquisición de inmuebles y ejecución de obra pública de carácter prioritario y se adoptarán medidas de eficiencia operativa amigables con el medio ambiente, como el ahorro de papel, agua, electricidad, impresiones y uso de tecnologías informáticas.
En materia de viáticos y pasajes, se restringirán a lo estrictamente indispensable las comisiones de los servidores públicos, preferentemente para asuntos relacionadas con las funciones jurisdiccionales o de apoyo a éstas. La Jornada.
El Poder Judicial de la Federación (PJF) dio a conocer que este año fiscal ahorrará hasta mil 290 millones de pesos, y para ello acordó “diferir proyectos de obra pública no prioritarios, racionalizar los gastos de viáticos y pasajes así como la adquisición de bienes, muebles e inmuebles y de gastos de ceremonial y difusión”.
En el acuerdo, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), se señala que del total del ahorro proyectado 280 millones corresponderán a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN); mil millones al Consejo de la Judicatura Federal (CJF), y 10 millones 800 mil pesos al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
“Las medidas que habrán de instrumentarse garantizarán en todo momento condiciones necesarias para una operación eficiente, que asegure el cumplimiento de las funciones del Poder Judicial de la Federación y aquellas obligaciones constitucionales establecidas para satisfacer la demanda ciudadana de acceso a la justicia”, refiere el acuerdo publicado en el DOF.
En ese contexto, se menciona que en cuanto a recursos humanos la creación de plazas obedecerá a” las necesidades institucionales indispensables para la atención de asuntos prioritarios y estratégicos del ámbito jurisdiccional, sujeta a la autorización de las instancias competentes de cada órgano del PJF”.
Las plazas que “permanezcan vacantes por más de 6 meses se destinarán a cubrir requerimientos de proyectos o programas nuevos, prioritarios o estratégicos, además de que se limitarán también los contratos de prestación de servicios profesionales a los estrictamente indispensables y necesarios para las áreas de apoyo de la función jurisdiccional y las ausencias por otorgamiento de licencias se cubrirán en los casos en que sean requeridas por el titular del órgano correspondiente”.
En el renglón de recursos materiales, “la adquisición de vehículos de servicio deberá disminuirse al mínimo indispensable, y se realizará preferentemente para sustituir al parque vehicular que haya dejado de ser útil, además de privilegiar aquellos que cuenten con tecnologías limpias y acceso a promociones de extensión de garantía o mantenimiento gratuito”.
En materia de difusión, se impulsará la realización de producciones televisivas del Poder Judicial con recursos propios o entidades del Estado, evitando arrendar equipo de video, audio e iluminación; se privilegiará celebrar convenios con instancias gubernamentales, que permitan aportar tiempos de grabación, producción y transmisión en estaciones de radio, de programas, capsulas y spots de radio sobre el quehacer institucional.
Se dará prioridad a la adquisición de inmuebles y ejecución de obra pública de carácter prioritario y se adoptarán medidas de eficiencia operativa amigables con el medio ambiente, como el ahorro de papel, agua, electricidad, impresiones y uso de tecnologías informáticas.
En materia de viáticos y pasajes, se restringirán a lo estrictamente indispensable las comisiones de los servidores públicos, preferentemente para asuntos relacionadas con las funciones jurisdiccionales o de apoyo a éstas. La Jornada.
