Noticias de Yucatán
Ejidatarios de este municipio lograron un amparo que impide que el gobierno del Estado utilice una franja de tierras ejidales para la reconstrucción y ampliación de la carretera Sierra Papacal (Mérida)-Chuburná Puerto (Progreso).
“Que quede claro, nosotros no nos oponemos a la construcción de la vía, pero pedimos que el gobierno del Estado otorgue la indemnización que por ley corresponde a los ejidatarios de Ucú”, dijo el comisario ejidal, Géner Ismael Pech León.
Ayer lunes a las 11:20 a.m., el comisario presentó copia del amparo a Enrique Leyva Robles, ingeniero del área de construcción del Instituto de Infraestructura Carretera de Yucatán (Incay), quien dijo que ya lo sabía y que respetarán el fallo judicial.
Unos 200 ejidatarios —el 55.5% de los 360 campesinos del padrón— llegaron minutos después de las 8:30 de la mañana a esa carretera.
La mayoría se paró a unos cuatro kilómetros del Parque Científico y Tecnológico de Yucatán, que se ubica en el kilómetro 5 de la vía Sierra Papacal-Chuburná.
Otros grupos menores se instalaron más adelante, hacia el puerto.
Aunque anunciaron que bloquearían la vía para evitar el paso de los vehículos, maquinaria y personal del Incay, al final no cerraron la carretera, donde estuvieron unas tres horas.
A escasos metros del numeroso grupo llegaron dos camionetas de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del Estado y los agentes fueron informados del motivo de la presencia de los ejidatarios y que no cerrarán la vía, así que todo siguió en calma.
Según un acta de una asamblea supuestamente realizada el 10 de agosto de 2009, ese día el gobierno del Estado entregó $300,000 para ocupar 10 hectáreas de tierras de uso común para la carretera, aunque se aclaró que ese dinero es independiente del que pagará a los ejidatarios por esas tierras, con base en el avalúo que hará el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (Indaabin).
En entrevista, Pech León indicó que de acuerdo con los registros de la comisaría ejidal, dicha asamblea nunca se realizó, pero sí aparece en el Registro Agrario Nacional.
Aunque presuntamente la directiva encabezada entonces José Antonio Euán Dzul recibió los $300,000, a los ejidatarios nunca se les repartió ese dinero.
—Nosotros no nos oponemos a la obra del gobierno del Estado, pero exigimos que se aclare la presunta entrega de los $300,000 y que se cumpla con pagar el monto que determine el Indaabin, avalúo que hasta hoy no se ha hecho —subrayó el comisario.
Relató que antes de un reciente plantón y de pedir amparo ante un Juzgado de Distrito, el martes 6 se reunieron con funcionarios del Incay en busca de un acuerdo, pero no se llegó a algo.
Ejidatarios de este municipio lograron un amparo que impide que el gobierno del Estado utilice una franja de tierras ejidales para la reconstrucción y ampliación de la carretera Sierra Papacal (Mérida)-Chuburná Puerto (Progreso).
“Que quede claro, nosotros no nos oponemos a la construcción de la vía, pero pedimos que el gobierno del Estado otorgue la indemnización que por ley corresponde a los ejidatarios de Ucú”, dijo el comisario ejidal, Géner Ismael Pech León.
Ayer lunes a las 11:20 a.m., el comisario presentó copia del amparo a Enrique Leyva Robles, ingeniero del área de construcción del Instituto de Infraestructura Carretera de Yucatán (Incay), quien dijo que ya lo sabía y que respetarán el fallo judicial.
Unos 200 ejidatarios —el 55.5% de los 360 campesinos del padrón— llegaron minutos después de las 8:30 de la mañana a esa carretera.
La mayoría se paró a unos cuatro kilómetros del Parque Científico y Tecnológico de Yucatán, que se ubica en el kilómetro 5 de la vía Sierra Papacal-Chuburná.
Otros grupos menores se instalaron más adelante, hacia el puerto.
A escasos metros del numeroso grupo llegaron dos camionetas de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del Estado y los agentes fueron informados del motivo de la presencia de los ejidatarios y que no cerrarán la vía, así que todo siguió en calma.
Según un acta de una asamblea supuestamente realizada el 10 de agosto de 2009, ese día el gobierno del Estado entregó $300,000 para ocupar 10 hectáreas de tierras de uso común para la carretera, aunque se aclaró que ese dinero es independiente del que pagará a los ejidatarios por esas tierras, con base en el avalúo que hará el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (Indaabin).
En entrevista, Pech León indicó que de acuerdo con los registros de la comisaría ejidal, dicha asamblea nunca se realizó, pero sí aparece en el Registro Agrario Nacional.
Aunque presuntamente la directiva encabezada entonces José Antonio Euán Dzul recibió los $300,000, a los ejidatarios nunca se les repartió ese dinero.
—Nosotros no nos oponemos a la obra del gobierno del Estado, pero exigimos que se aclare la presunta entrega de los $300,000 y que se cumpla con pagar el monto que determine el Indaabin, avalúo que hasta hoy no se ha hecho —subrayó el comisario.
Relató que antes de un reciente plantón y de pedir amparo ante un Juzgado de Distrito, el martes 6 se reunieron con funcionarios del Incay en busca de un acuerdo, pero no se llegó a algo.
