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El albañil Gabriel G.S., de 32 años, fue detenido por la policía local por presuntamente defraudar a más de 150 familias, a quienes les pidió dinero en efectivo para incorporarlos a un programa de vivienda.
La queja de una vecina fue lo que detonó que los afectados acudieran al palacio municipal a interponer la denuncia correspondiente, señalando que llevan más de un año esperando mejoras en su patrimonio familiar.
Testimonios de los quejosos coincidieron en que Gabriel se hacía pasar por trabajador del Instituto de Vivienda de Yucatán (IVEY) y ofrecía un programa de construcción de pie de casa.
Para dar certeza de lo que decía, agregaron sus víctimas, el ahora detenido prometía que regresaría días después con el “ingeniero” encargado.
Tras varias vueltas y entregas de documentos, el supuesto embaucador pedía a las familias cuotas en efectivo para “agilizar” los trámites y poder ser uno de los primeros beneficiados.
Vecinos explicaron que, después de recibir el dinero, el sujeto retornaba a bordo de una camioneta blanca en compañía de dos “ingenieros”, con la que pretendía dar más confianza de lo pactado.
Sin embargo, meses y meses pasaron y la construcción de las viviendas no inició. Cuando el encargado del programa se dejaba ver, se excusaba con que había ocurrido un “ligero” atraso con la documentación y pedía paciencia a los vecinos.
Ayer miércoles, una de las afectadas ubicó al presunto timador y fue a la comandancia a interponer su queja y pedir que Gabriel G.S. fuese detenido para responder por fraude.
Desde anoche hasta este jueves por la tarde, más de 100 personas afectadas han acudido al palacio municipal para presentar su queja y pedido que el presunto estafador reembolse el efectivo que le entregaron las familias del municipio, botín que ronda los 250 mil pesos.
Los ciudadanos afectados explicaron que tratarán de llegar a un acuerdo con el juez de paz del municipio para que Gabriel se comprometa a regresar el dinero.
Cabe señalar que las víctimas se negaron rotundamente a denunciar ante la Fiscalía General del Estado (FGE), alegando que así el acusado podrá salir “inmediatamente” y las familias no tendrán la certeza de que les devuelvan el dinero invertido. Reporteros Hoy
