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La expresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, ha sido procesada por segunda vez junto a sus hijos Máximo y Florencia Kirchner por un supuesto delito de lavado de dinero. Julián Ercolini, el juez a cargo de la causa, los halló responsables de presuntas actividades ilícitas de blanqueo agravadas por actuar junto a Lázaro Báez —empresario de la obra pública vinculado a la ex familia presidencial— y otros 17 imputados en la causa que investigó la actuación de Hotesur S.A, empresa dueña del hotel Alto Calafate de la que la expresidenta es accionista.
La hipótesis que se siguió durante la investigación sostiene que tanto Cristina Kirchner como sus hijos y marido, el difunto expresidente Néstor Kirchner, recibían fondos "a través del negocio hotelero bajo cierta apariencia de legitimidad" garantizándoles, según sostuvo el juez, el poder declarar ese dinero ocultando su verdadero origen ante el fisco y ante el organismo anticorrupción.
Siguiendo esta lógica, Ercolini acusó a la familia presidencial y a los otros 17 imputados de haber formado parte de un entramado societario usado para "poner en circulación en el mercado parte de las ganancias obtenidas como consecuencia de la defraudación al Estado", después de lo cual ordenó trabar embargos contra todos los acusados por sumas que superan los 31 millones de dólares (800 millones de pesos argentinos).
El entramado
En este esquema de defraudación, de acuerdo a lo planteado por los fiscales Ignacio Mahiques y Gerardo Pollicita durante la investigación, los acusados "recurrieron a los fondos obtenidos junto con Lázaro Báez por la asignación irregular de obra pública vial en su provincia de origen" y multiples negocios con las empresas del Grupo Austral, que apuntaban a dar una apariencia de legitimidad a dichas operaciones.
El comienzo de este circuito de dinero, según lo planteado, empezaría con la fortuna de Lázaro Báez, de la que la familia Kirchner habría dispuesto para la adquisición de hoteles y para realizar obras de reacondicionamiento en los mismos.
La expresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, ha sido procesada por segunda vez junto a sus hijos Máximo y Florencia Kirchner por un supuesto delito de lavado de dinero. Julián Ercolini, el juez a cargo de la causa, los halló responsables de presuntas actividades ilícitas de blanqueo agravadas por actuar junto a Lázaro Báez —empresario de la obra pública vinculado a la ex familia presidencial— y otros 17 imputados en la causa que investigó la actuación de Hotesur S.A, empresa dueña del hotel Alto Calafate de la que la expresidenta es accionista.
La hipótesis que se siguió durante la investigación sostiene que tanto Cristina Kirchner como sus hijos y marido, el difunto expresidente Néstor Kirchner, recibían fondos "a través del negocio hotelero bajo cierta apariencia de legitimidad" garantizándoles, según sostuvo el juez, el poder declarar ese dinero ocultando su verdadero origen ante el fisco y ante el organismo anticorrupción.
Siguiendo esta lógica, Ercolini acusó a la familia presidencial y a los otros 17 imputados de haber formado parte de un entramado societario usado para "poner en circulación en el mercado parte de las ganancias obtenidas como consecuencia de la defraudación al Estado", después de lo cual ordenó trabar embargos contra todos los acusados por sumas que superan los 31 millones de dólares (800 millones de pesos argentinos).
El entramado
En este esquema de defraudación, de acuerdo a lo planteado por los fiscales Ignacio Mahiques y Gerardo Pollicita durante la investigación, los acusados "recurrieron a los fondos obtenidos junto con Lázaro Báez por la asignación irregular de obra pública vial en su provincia de origen" y multiples negocios con las empresas del Grupo Austral, que apuntaban a dar una apariencia de legitimidad a dichas operaciones.
El comienzo de este circuito de dinero, según lo planteado, empezaría con la fortuna de Lázaro Báez, de la que la familia Kirchner habría dispuesto para la adquisición de hoteles y para realizar obras de reacondicionamiento en los mismos.
