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El juez segundo de control ordenó al SAT y a la Comisión Nacional Bancaria entregar informes al Ministerio Público sobre la situación financiera de Florencio A. D. C., quien es un chofer, y está involucrado en un fraude de tierras en Ucú, ya que presuntamente pagó 16 millones de pesos en efectivo al ejido de ese municipio por unas tierras.
Los ejidatarios aseguran que nunca se realizó esa operación de compraventa y que este individuo es el “prestanombre” del abogado Hernán C. B., quien se confabuló con un notario público para falsificar unas supuestas escrituras para despojar a los ahora denunciantes de 300 hectáreas ejidales.
Los afectados son unos 355 ejidatarios que interpusieron una denuncia ante el Ministerio Público por el delito de fraude, falsificación de documentos y lo que resulte en contra de estas personas y quienes resulten responsables.
Como parte de la integración de la carpeta de investigación, la Fiscalía General del Estado solicitó al SAT y la CNBV que le informara sobre la situación financiera de Florencio A. D. C., pero estas instituciones se negaron bajo el argumento del “secreto bancario y la privacidad de datos”, además de que la solicitud tendría que ser por parte de una autoridad judicial. Sipse
