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En su casa ubicada en Hopelchén, Campeche –un municipio con cerca de 40 mil habitantes– Luciano Cablé Puc recuerda que hace unos años la apicultura era una actividad más redituable. Con 12 cajitas de abejas, él y su padre llegaban a producir hasta 300 kilos de miel, pero ahora, con la misma cantidad, lo máximo que obtiene son 100.
La apicultura, que por generaciones ha sido una de las principales actividades económicas para las comunidades mayas de Yucatán, ha disminuido por el uso de agroquímicos y la deforestación que trajo consigo la siembra de soya transgénica en la región, misma que se introdujo sin el conocimiento de los pobladores.
Fue en 2012 cuando la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) concedió –con el aval de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat)– a la empresa trasnacional Monsanto un permiso para la siembra en etapa comercial de soya genéticamente modificada.
En 253 mil hectáreas en Campeche, Yucatán, Quintana Roo, Tamaulipas, San Luis Potosí, Veracruz y Chiapas se podía sembrar, pero la autorización violaba varios derechos reconocidos a los pueblos originarios, como el de la libre determinación y el de la consulta previa, libre e informada.
En febrero de 2012, Greenpeace protestó para que la Sagarpa anulara las autorizaciones de siembra de soya transgénica. Foto: Cuartoscuro
Tampoco consideraba que el uso de glifosato –herbicida asociado con este tipo de siembra y que ha sido clasificado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como “probablemente cancerígeno para los seres humanos”– podría tener repercusiones importantes en el agua, ni se estudió la coexistencia de la soya transgénica con las abejas, explica Eduardo Batllori, actual secretario de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma) en Yucatán.
“Este tipo de siembra beneficia sólo a los empresarios”, aseguran integrantes de las comunidades mayas, quienes en los últimos años han visto cómo su medio ambiente y sus medios de subsistencia se van deteriorando. Denuncian contaminación en el agua, deforestación y la disminución de la actividad apícola como consecuencia del uso excesivo de agroquímicos.
“Ya no hay floración y no hay comida, no hay néctar para la abeja… a veces fumigan hasta con aviones y todo, acaban con la abeja. Cuando vas a tu apiario ves que toda la abeja está muerta. ¿Qué lo está matando, qué lo está matando?”, explica Luciano.
El estado y Monsanto litigan contra las comunidades
Las comunidades indígenas no recibieron ningún tipo de información sobre la autorización de siembra y mucho menos fueron consultadas; se enteraron de que en estas tierras había soya genéticamente modificada cuando un cargamento de miel fue rechazado en Europa por estar contaminado.
“Fue cuando se dio a conocer a nivel regional que la miel que se exporta a Europa, principalmente a Alemania, iba a tener que ser etiquetada si contenía elementos transgénicos”, asegura Irma Gómez, asesora del Colectivo de Comunidades Mayas de los Chenes.
Ante el permiso, las y los apicultores y algunas autoridades mayas comenzaron a organizarse y decidieron ampararse, con lo que iniciaron una lucha contra una de las empresas más poderosas en el mundo. Argumentaron que esta autorización era violatoria de la constitución y de tratados internacionales, ya que no se estableció un mecanismo de diálogo con ellas y ellos para que conocieran las implicaciones del proyecto y decidieran si éste era compatible con su visión cultural y con su proyecto de desarrollo.
En un primer momento, explica el abogado Jorge Fernández, de la organización Indignación A.C., las comunidades de Hopelchén, Campeche, obtuvieron del juzgado segundo de distrito una suspensión de oficio: el juez determinó que, dados los riesgos que podrían derivarse de la siembra de soya transgénica, el permiso tendría que ser suspendido mientras se resolvía el juicio de amparo.
Después, el mismo juez determinó que, en efecto, fueron violados el derecho a la consulta y al principio precautorio, “porque se estaba estableciendo una medida tecnológica –la siembra de un transgen– cuyos efectos no se había acreditado que no causaran daño al medio ambiente”.
Pero Monsanto, la empresa trasnacional con más solicitudes de liberación para cultivos transgénicos en México (379 de un total de 853 entre 2007 y agosto de 2017, según el estudio “Treinta años de transgénicos en México”), impugnó esa sentencia junto con el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), y el caso llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
“El 2015 la SCJN nos otorga una sentencia donde queda prohibida la siembra de soya transgénica hasta que no se nos haga una consulta a las comunidades”, segura Leydy Pech, integrante del Colectivo de Comunidades Mayas de los Chenes.
Se confirma el amparo favorable a las comunidades que habían impugnado el permiso “pero con un matiz importante y, desde nuestra perspectiva, bastante grave: reconoce que hubo violación a la consulta previa, pero no entra al estudio de todos los impactos potenciales que la siembra de soya genéticamente modificada iba causar en el medio ambiente”, explica Fernández.
La resolución de la Suprema Corte no fue respetada, de acuerdo con Pech, “hasta 2017, aun cuando estaban suspendidos los permisos, hubo siembra de soya transgénica, pero esa soya que se sembró está dentro de la ilegalidad”.
Representantes de comunidades mayas de los municipios de Hopelchén y Tenabo, Campeche, protestaron frente a las oficinas de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, por el hostigamiento e intimidación que sufren por su activismo en contra de la siembra de transgénicos. Foto: Cuartoscuro
Irma Gómez añade que los registros oficiales de Sagarpa no distinguen entre soya convencional y soya genéticamente modificada, pero que los productores afirman que, por lo menos de lo que se sembró en 2017, la mayor parte fue soya transgénica: “el año pasado se sembraron 48 mil hectáreas, cuando en 2016 fueron poco más de 20 mil, 25 mil máximo; prácticamente se duplicó la cantidad de soya en el municipio”.
La consulta tampoco se ha respetado: “La Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados (Cibiogem) y la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) facultado para llevar todo el proceso de la consulta la han violentado porque han tratado de dividirnos a las comunidades, las han confrontado y eso no es de buena fe… la consulta tampoco es vinculante: en realidad se está haciendo una consulta donde no se reconocen las decisiones de las comunidades, es un derecho que está siendo violado”
Para Jorge Fernández la lucha de los pueblos mayas en contra de la siembra transgénica tiene una importancia legal y política, ya que comunidades “que generalmente han estado en una situación de discriminación, que generalmente litigan o se relacionan con el Estado en una situación de inequidad histórica, de discriminación, lograron llegar hasta el máximo tribunal para reclamar una política de Estado que además beneficiaba a una de las empresas más poderosas del mundo y más denunciadas a nivel mundial, como es Monsanto”.
Al mismo tiempo, permitió visibilizar las limitaciones del sistema de justicia, pues la Corte reconoció de manera limitada un derecho, que es el derecho a la consulta: “todavía no tenemos una Suprema Corte o tribunales que reconozcan de manera plena el derecho a la libre determinación, que es un tema de cómo las comunidades quieren o visibilizan su proyecto de vida y su proyecto de desarrollo”, explica.
“Por esta tierra sí vale la pena seguir luchando”:
Según estudios realizados en Hopelchén, entre 2000 y 2013 se perdieron 60 mil hectáreas de selvas, lo que equivale a 12% del territorio municipal. Este incremento de la deforestación está relacionado con la llegada, a finales de la década de los ochenta, de pobladores que provenían de otros estados, como Durango y Zacatecas, y que decidieron establecerse en la península para cultivar esas tierras.
Los menonitas, explica Irma Gómez, llegaron porque había una gran disponibilidad de tierra: no eran ejidos, como ahora, sino terrenos nacionales; se han establecido en tierras que son de su propiedad.
Esta comunidad demanda mucha tierra:
El Gobernador menonita Pedro Woelke llegó a Hopelchén cuando tenía apenas 15 años. En Zacatecas la gente ya no tenía tierra, cuenta, por lo que su papá propuso que si se mudaban a Campeche le regalaría, a cada uno de sus hijos, 10 hectáreas de tierra.
Ahora Woelke, que siembra soya, sorgo e incluso papaya, tiene 100 hectáreas, y lamenta la prohibición de la soya transgénica, porque esa aguantaba más las condiciones climáticas, y porque desde 2015 tiene que batallar con otro tipo de semillas.
Él ha estado presente en reuniones con las comunidades mayas, y asegura que trabajadores de Sagarpa les han dicho que llegará un momento en que se libere la semilla como estaba antes, genéticamente modificada.
Frente a este panorama, miembros de las comunidades insisten en que está en las manos del gobierno frenar los daños al medio ambiente, tanto la contaminación del agua, como los daños a las abejas y otras especies animales, y la deforestación; sin embargo, denuncian que no hay un monitoreo adecuado y que tampoco hay castigo.
Piden que se apliquen las leyes para frenar la devastación al medio ambiente.
En medio del bosque, don Feliciano, apicultor maya e integrante del colectivo de Comunidades Mayas de los Chenes, camina y habla de los árboles que le rodean y de la defensa que continúa para las comunidades: “Por esta tierra sí vale, vale la pena seguir luchando para que no se siga destruyendo por los hombres que vienen a destruir aquí nuestro territorio, porque el gobierno no hace nada, no para todos esos problemas cuando está a su alcance, porque creemos que él es el que debe de poner mano dura en eso, pero vemos que no es así”.
Cencos/SinEmbargo
