Edomex. (apro).- El grupo parlamentario de Morena en la Legislatura mexiquense promovió la abrogación del decreto 87 que dispone la entrega de pensiones “disfrazadas” para los exgobernadores y la designación de personal de seguridad, chofer y secretaria con cargo al erario.
La diputada Azucena Cisneros, promotora de la reforma turnada a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales para su análisis y dictamen, recordó que el 18 de julio de 1945 se promulgó en Gaceta del Gobierno el Decreto 87 de la 36 Legislatura del Estado de México, donde se dispuso que, al término de su gestión, el gobernador puede recibir premios y recompensas por servicios prestados al Estado.
“Los premios y recompensas por servicios eminentes o importantes prestados al Estado que merezca el gobernador de la entidad, se le otorgarán después de haber terminado su gestión al frente del Poder Ejecutivo”, plantea su artículo primero.
Años más tarde, indicó, el otrora gobernador Ignacio Pichardo expidió un Decreto publicado el 7 de mayo de 1993 en la Gaceta del Gobierno número 86, en el que se plantea que “como reconocimiento a su desempeño en el cargo de gobernador del Estado, es conveniente adoptar las previsiones necesarias a fin de que se normen los apoyos mínimos para la preservación de su integridad y seguridad y para el desarrollo de sus actividades personales, una vez concluido tan honroso y alto cargo al servicio del Estado”.
Además, dispone como “necesaria y conveniente la debida regulación de estos reconocimientos que en el pasado el Gobierno del Estado ha otorgado a los ciudadanos exgobernadores en forma discrecional.”
Las modificaciones contemplan en el artículo primero que quienes hayan ocupado el cargo de gobernador del Estado de México tendrán derecho, al concluir su gestión, a tener a su adscripción: un jefe de ayudantes con categoría de subdirector rango nueve, con nivel de jefe de ayudantes de secretario general de gobierno.
Además, un chofer ayudante con rango cinco, con categoría de chofer de secretario general de gobierno; tres ayudantes con categoría de oficial de seguridad pública, nivel catorce, rango cuatro; una secretaria, con categoría de secretario particular de secretario, nivel 27, rango 9, del gobierno estatal.”
Cisneros Coss advirtió que ambos decretos son contrarios a derecho, pues no se justifica que una vez que los exgobernadores han concluido su gestión, se les destine personal con cargo al erario público, pues han dejado de ejercer las funciones que la ley les confiere de manera temporal.
“Es un uso indebido de recursos sin fundamento en el ejercicio de un empleo, cargo o comisión público; representa el establecimiento de una remuneración más allá de la pensión, liquidación o retiro”, dijo, tras advertir la posibilidad de que el jefe de ayudantes con categoría de subdirector sea en realidad una pensión económica encubierta destinada a los exgobernadores.
Exfuncionarios, sin utilidad pública
Para Morena, este decreto además implica un tratamiento desigual y discriminatorio frente a los requerimientos de seguridad de la ciudadanía, y no representa utilidad pública, pues los exgobernadores ni siquiera son exservidores encargados de la procuración de justicia o de seguridad pública, y aún en estos casos es necesaria una justificación.
El pasado 3 de diciembre, rememoró, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) actualizó los lineamientos para la protección y seguridad a través de la asignación del servicio de escolta a servidores y exservidores públicos, con límites de temporalidad y modalidades de análisis de riesgo, y “sólo bajo esos parámetros es aceptable”.
Los gastos en los apoyos a los exgobernadores, prosiguió, tampoco se justifican si se toma en cuenta que el Estado de México ocupa el tercer lugar entre las cinco entidades más endeudas del país, con un incremento en la deuda pública de 17.41% de 2013 al 2017, y la falta de dinero para atender problemáticas más apremiantes.
Es necesario, dijo, contraponer a la vieja cultura política “nuevas formas del ejercicio del servicio público apegadas a los principios de igualdad, transparencia y austeridad que permitan acercar la distancia creada entre la clase política y la ciudadanía. Poner freno a la opulencia, la desigualdad, los privilegios y el derroche de los recursos públicos.”
“Ninguna pensión, bono o remuneración destinada a favorecer indebidamente a quienes ostentan el privilegio de fungir como servidores públicos, resulta compatible con el ferviente deseo transformador de dotar de plena vigencia a los principios de la República”, añadió.
La propuesta fue turnada a las Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales para su análisis y posterior dictamen. No obstante, la priista María Mercedes Colín Guadarrama, titular de ese órgano parlamentario, anticipó que no convocará a los trabajos de Comisión que no sean acordados por la Junta de Coordinación Política (Jucopo), y justificó que por ahora lo más importante deben ser los trabajos del Paquete Fiscal 2019.
Adrián Galicia, diputado por Morena, acusó que a la fecha la presidenta no ha convocado una sola vez a sesión de Gobernación, y Maurilio Hernández, presidente de la Jucopo, advirtió que los trabajos en comisiones son una obligación de los diputados y no requieren una instrucción de la Junta para celebrarse.
