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Un total de 31 denuncias y no las 25 que se habían anunciado, presentó este lunes la titular de la Contraloría General del Estado (SCGEY), Lizbeth Basto Avilés, ante la Vicefiscalía Especializada en Combate a la Corrupción y la Auditoría Superior del Estado de Yucatán, organismos fiscalizadores encargados de hacer cumplir la Ley.
Tras la revisión e investigación de 2,000 carpetas dentro del proceso de entrega-recepción, el Gobierno del Estado encontró presuntas irregularidades financieras de la administración anterior.
La mayoría de estas anomalías fueron detectadas principalmente en las Secretarías de Salud (SSY), Educación (Segey) y de Administración y Finanzas, las cuales están a cargo de Jorge Mendoza Mézquita, Víctor Caballero Durán y Alfredo Dájer.
Junto a las denuncias se exhiben pruebas de diversas irregularidades; “al analizar las carpetas del proceso de entrega-recepción, se encontraron faltantes —financieros, materiales e informativos— y en cumplimiento y respeto de la Ley se presentan las denuncias correspondientes, dijo la contralora.
"Confiamos en la Vicefiscalía Especializada en Combate a la Corrupción y la Auditoría Superior del Estado de Yucatán en que cumplirán con su deber de fincar y deslindar responsabilidades e informar a la sociedad yucateca”.
En este primer paquete hay denuncias de índole penal y otras de responsabilidades administrativas. Las primeras serán analizadas y estudiadas por la Vicefiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, y las segundas, por la Auditoría Superior del Estado de Yucatán.
En ambos casos, el Gobierno del Estado —a través de la Contraloría General y la Consejería Jurídica— brindará a los órganos fiscalizadores toda la información que requieran. Es probable también la intervención en estos procesos del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Yucatán.
El Poder Ejecutivo, a través de la investigación y análisis realizados de manera responsable y profesional de los procesos de entrega-recepción, cumple con la presentación de las denuncias con la obligación que le marca la Ley, así como el compromiso que marcó el gobernador Mauricio Vila Dosal de combatir la corrupción.
La titular de la Contraloría General del Estado sostiene que el Poder Ejecutivo “dará todas las facilidades para que se lleven a cabo las diligencias correspondientes”. Reitera que, como es evidente, “esto no es un asunto político, sino un tema estrictamente jurídico resultado de los procesos de entrega-recepción”. La Verdad Noticias
