Culiacán,
Sinaloa. Diputados locales sospechan de la presencia de micrófonos y cámaras
ocultas dentro de sus oficinas y salas de juntas, confirmó Mario Rafael
González Sánchez, legislador por el Partido del Trabajo, quien anunció que
solicitará al presidente de la Mesa Directiva del Congreso que se le conceda un
permiso para desmantelar una de las paredes dentro del edificio.
Los
diputados utilizaron un aparato detector de micrófonos, cámaras y GPS, mismo
que pudo detectar en las oficinas lo que serían dispositivos de vigilancia
escondidos, pero hasta el momento no los han visto.
Molestia
González
Sánchez, presidente de la Comisión de Seguridad Pública, especificó que la
situación ya fue informada a la presidenta de la Junta de Coordinación
Política, Graciela Domínguez Nava, y al secretario general del Congreso, José
Antonio Ríos Rojo, con el objetivo de iniciar una investigación y encontrar a los
responsables de tal acción.
“Sí
detectamos en algunas oficinas, principalmente en la sala de juntas de los
diputados de nuestro partido. Nos podrían estar espiando y escuchando lo que
decimos. Sinceramente, esto no es debido, y sin duda vamos a denunciar el caso
para encontrar a los responsables. Yo personalmente estaré tumbando una de las
paredes para encontrar lo que hay detrás”, señaló.
Por su
parte, Gildardo Leyva Ortega, diputado por Morena, precisó que su bancada
estaría tratando el tema para acordar la posibilidad de iniciar una revisión
más profunda y exhaustiva de las oficinas morenistas:
“Desde un
principio nosotros hicimos una revisión y se estuvo checando los cubículos, y
quedamos que iban a revisar en la semana que entra dentro de cada cubículo.
Vamos a checar todos, porque no puede estar pasando eso”, precisó.
Aparato
detector
El CC308 es
un multidetector de señales que identifica micrófonos, cámaras y GPS de cinco a
diez metros a la redonda.
Al realizar
repetidos recorrido por las instalaciones del Palacio Legislativo, se pudo
constatar que el aparato genera señales de detección en ciertas oficinas, como
en las de los diputados Mario González y Eleno Flores, del PT; de los panistas
Roxana Rubio y Jorge Villalobos, de los priistas Sergio Jacobo y Margarita
Inzunza, del perredista Édgar Zataráin y de los morenistas Gildardo Leyva y
María Victoria Sánchez.
Abel Jacobo
Miller, propietario una empresa de seguridad y vigilancia y asesor de Karla de
Lourdes Montero Alatorre, diputada del PES, hizo de manera voluntaria la
revisión de las instalaciones del Congreso:
“La mayoría
de las paredes en el Congreso son de tablarroca, espacios ideales para poder
escuchar. La teoría es que tienen micrófonos conectados hacia otra oficina y a
través de cableado eléctrico”, explicó.
Jacobo
Miller recomendó a los diputados contar con un inhibidor de señales dentro de
sus oficinas para interrumpir el funcionamientos de estos aparatos. Además,
señaló que, dados los diversos actos de espionaje que se dieron en el sexenio
del Gobierno pasado, sin duda los legisladores podrían ser víctima de
espionaje, pues dicha tecnología es muy avanzada.
Que no se
genere pánico
José
Antonio Ríos Rojo, secretario general del Congreso, admitió la situación dentro
del Palacio Legislativo, por lo que aseguró que en esta semana se contratará a
un equipo de seguridad especializado para revisar cada cubículo en presencia de
los diputados.
Agregó que,
de encontrarse algo, se estaría procediendo a interponer una denuncia penal.
Sin embargo,
invitó a los legisladores a no generar pánico ni psicosis, puesto que como
funcionarios todos los días están expuestos a ser espiados: “Ya hablé con el
jefe de guardia, y él nos va a traer a una persona para revisar y entrar a cada
oficina. Yo recomiendo no caer a una situación de psicosis”, finalizó Ríos
Rojo.
El
escándalo de Pegasus, espionaje portátil
El año
pasado se reveló que el programa Pegasus supuestamente solo es vendido a las
autoridades y era usado para espiar a defensores, periodistas y activistas.
Tras el escándalo, una parte de la infraestructura fue parcialmente
desactivada. Sin embargo, nuevos servidores fueron activados en los meses
siguientes.
Como parte
de las investigaciones de la Fiscalía General de la República, un juez de
distrito obligó a la Fiscalía aceptar pruebas ofrecidas por instituciones y
personas afectadas por espionaje telefónico para recabar información de
instituciones públicas sobre contratación y responsables.
Debate.
