(Proceso).- Durante las administraciones de Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto, elementos de la Marina, la Defensa y la Policía Federal implicados en la violación de los derechos humanos gozaron de una alta tolerancia, de acuerdo con la información recabada por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y solicitudes de información ciudadanas.
Hoy que esos cuerpos armados se aprestan a formar parte de la Guardia Nacional, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador se muestra displicente frente a los casos de elementos castrenses presuntamente implicados en esas prácticas ilícitas, algunos de los cuales incluso se litigan en instancias internacionales.
En entrevistas por separado, Enrique Guadarrama López, segundo visitador de la CNDH; José Antonio Guevara Bermúdez, director ejecutivo de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos (CMDPDH), y Ruth Fierro Pineda, coordinadora del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (CEDEHM), advierten sobre el riesgo de que los abusos castrenses y policiacos se repitan con la Guardia Nacional.
Los tres insisten en que el respeto a los derechos humanos debe ser uno de los indicadores prioritarios para evaluar la efectividad del nuevo cuerpo de seguridad.
“La numeralia no nos dejará mentir”, indica Guadarrama López, al tiempo que muestra las recomendaciones por violaciones a derechos humanos particulares y por violaciones graves cometidas por elementos de las Fuerzas Armadas y de la Policía Federal (PF).
Pero sobre todo, agrega el visitador de la CNDH, no hay que olvidarse de las víctimas.
De 2006 al pasado 22 de abril las tres dependencias federales han dado pie a 266 recomendaciones del ómbudsman nacional, que en ellas identifica a por lo menos 2 mil 49 víctimas, 731 de las cuales señalan como agresores a miembros de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), a 259 de la Secretaría de la Marina (Semar) y a mil 59 policías federales.
