La detención del ex director de Pemex, Emilio Lozoya, es vista como un éxito contundente para el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador que ha hecho de la lucha contra la corrupción su principal caballo de batalla en México.
Su transcendencia radica en que podría abrir la puerta para desmantelar toda una trama de corrupción que, eventualmente, podría llegar hasta el expresidente Enrique Peña Nieto, ya que Lozoya era uno de sus cercanos colaboradores antes y después de que éste llegase al poder.
Aquí algunas claves para entender lo que significa realmente esta captura.
Lozoya es un economista de 45 años, licenciado en Derecho, con maestría en Harvard, experiencia en finanzas internacionales y amigo del expresidente Enrique Peña Nieto, con el que trabajó en 2012 para lograr la victoria electoral del Partido Revolucionario Institucional (PRI), que gobernó durante casi todo el siglo XX y, tras dos sexenios fuera de la presidencia, en 2012 ganó las elecciones prometiendo ser un partido alejado de las viejas prácticas y corrupciones del pasado.
Con la victoria de Peña Nieto, Lozoya se convirtió en director de Petróleos Mexicanos (Pemex), la energética estatal fuertemente endeudada y con la producción disminuida después de años en que los gobiernos se financiaron con sus ganancias en lugar de reinvertir en ella.
Lozoya prometió modernizarla y durante su administración tuvo lugar una de las reformas estructurales más importantes de Peña Nieto, la energética, que supuso la apertura del sector al capital privado y que Pemex pudiera asociarse con empresas para algunas actividades. Para unos fue un gran logro, para otros una puerta abierta a nuevas corruptelas.
¿DE QUÉ SE ACUSA A LOZOYA?
Los cargos descritos en la orden de captura con fines de extradición que se concretó con su detención el miércoles en España son por operaciones con recursos de procedencia ilícita a través de distintos esquemas que incluyen contratos ilícitos a su favor por parte de Pemex.
México ha dicho que estos cargos están vinculados a la trama de sobornos de la constructora brasileña Odebrecht, a la compra de una planta de fertilizantes por parte de Pemex a precio inflado y a temas de defraudación fiscal. Sin embargo, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, dijo que hay más investigaciones abiertas sobre triangulación de recursos fraudulentos y otros contratos irregulares. En algunas de las operaciones presuntamente fraudulentas está involucrada la familia de Lozoya, y su madre ya se encuentra en proceso y bajo arresto domiciliario.
Cuando estalló el escándalo de Odebrecht, en 2016, México se convirtió en uno de los pocos países que miró para otro lado, aunque directivos de la constructora habían confesado el pago de 10.5 millones de dólares a funcionarios de Pemex entre 2010 y 2014.
Un año después se divulgaron videos de supuestos testimonios judiciales en los que ex ejecutivos de Odebrecht explicaban con detalle cómo Lozoya los ayudó a conseguir contratos y cómo le pagaron por sus gestiones.
Fue entonces cuando la fiscalía mexicana dijo que estaba investigando, pero las pesquisas no avanzaron y su principal promotor, Santiago Nieto, fue despedido abruptamente de la fiscalía de delitos electorales en 2017 cuando indagaba posibles conexiones entre presuntos sobornos recibidos por Lozoya y la campaña electoral de Peña Nieto.
En mayo de 2019, ya con la actual administración, el nuevo fiscal Alejandro Gertz Manero anunció que el caso Odebrecht iba a comenzar a judicializarse porque se iban a reactivar las pesquisas estancadas y había datos nuevos, lo que a la postre impulsaría la captura internacional del ex jefe de Pemex.
El presidente ha intentado cambiar el paradigma de que la corrupción es intrínseca a los mexicanos. Dos de sus estrategias han destacado.
Por un lado, la campaña para reducir el robo de combustible a Pemex, que supuso que miles de militares se dedicaran a custodiar ductos y, aunque provocó escasez de gasolina, fue mayoritariamente apoyada. Este problema había costado al gobierno más de 3 mil 400 millones de dólares en pérdidas en 2018.
La otra iniciativa fue su política de austeridad, que fue más criticada porque supuso serios recortes en departamentos clave.
Para Eduardo Bohórquez, director de la ONG Transparencia Mexicana, uno de los principales logros ahora es que se considere la corrupción un delito económico y haya una participación activa del Servicio de Administración Tributaria y la Unidad de Inteligencia Financiera en las investigaciones de la fiscalía federal.
Uno de los temores es que las actuaciones se queden en golpes mediáticos que no se traduzcan en procesos y sentencias o en el desmantelamiento de las grandes redes de corrupción.
Las medidas contra el robo de combustible se tradujeron en muy pocas investigaciones contra funcionarios. También está por verse cómo acaba el proceso contra Rosario Robles, la ex Secretaria de Peña Nieto encarcelada el año pasado supuestamente por haber provocado pérdidas a las arcas públicas de unos 260 millones de dólares y que sólo es un eslabón de una serie de contratos fraudulentos que involucraron a cientos de personas y se conoció como “la estafa maestra”.
José Antonio Crespo, investigador del Centro de Investigación y Docencia Económicas, cree que “se está repitiendo el esquema del PRI”, es decir, ir contra cabezas visibles de gran impacto mediático (como en la época priísta fue la detención de la líder sindical Elba Esther Gordillo o del ex Gobernador de Veracruz, Javier Duarte) pero sin desmantelar las redes que hay detrás.
Nadie duda de que es un éxito para el gobierno.
Gerardo Rodríguez, profesor de Ciencias Políticas de la Universidad de las Américas de Puebla, lo consideró muy simbólico porque “Lozoya es el arquetipo del tecnócrata corrupto internacional mexicano”, cercano a un expresidente y que involucró a su familia en sus negocios.
No obstante, su transcendencia dependería de si se logra desmantelar o no tanto el entramado operativo que hay debajo de Lozoya –empresas, prestanombres e intermediarios– como la red política de protección que hay encima y que podría llegar al expresidente Peña Nieto.
