Un grupo de clínicas privadas son investigadas en Perú por
presuntamente haber realizado cobros excesivos, de entre 422 y 576 soles (entre
123 y 168 dólares), por realizar pruebas de descarte del COVID-19 que
son proporcionadas y procesadas gratuitamente por el Estado.
En total, son casi 20.000 muestras de pruebas moleculares
(PCR) que 88 establecimientos privados remitieron al Instituto Nacional de
Salud (INS) para su procesamiento gratuito después de haber cobrado
supuestamente a los pacientes como si el análisis lo hiciera la misma clínica
particular.
Ante la presunta evidencia de esos cobros irregulares, la
Superintendencia Nacional de Salud (SuSalud) anunció este jueves la apertura
de un procedimiento para sancionar a esas clínicas.
Aunque recordó que en este caso no se puede imponer un
control de precios a los servicios que prestan las clínicas privadas, SuSalud
remarcó que estos no pueden ser lesivos para la moral, salud y seguridad
pública, “sobre todo en tiempos de una crisis sanitaria mundial en la que los
ciudadanos esperan un comportamiento ético”.
Las irregularidades fueron advertidas el miércoles por la
Contraloría General de la República (tribunal de cuentas) en un informe de
control tras solicitar a 18 establecimientos de salud privados información
sobre la estructura de costos en relación al cobro del servicio por la prueba
molecular a sus pacientes.
En el mismo informe señaló que tres de los cinco
laboratorios acreditados por el INS inspeccionados no contaban con todos los
requisitos para procesar las pruebas, entre ellos medidas de bioseguridad,
condiciones ambientales y capacitación, “lo que pone en riesgo la fiabilidad de
los resultados”.
POSIBLE APROVECHAMIENTO
Las 19.746 pruebas PCR enviadas por el sector privado al INS
entre el 6 de marzo y el 26 de mayo representan poco más de la quinta parte del
total de pruebas moleculares procesadas por esta institución del Ministerio de
Salud.
Por su parte, el INS recordó en un comunicado que el
análisis de las muestras para diagnosticar COVID-19 “es un servicio totalmente
gratuito, público e indispensable en el contexto de la pandemia” y rechazó que
las clínicas cobren por servicios proporcionados a coste cero por el Estado.
En ese sentido, el ministro de Salud, Víctor Zamora,
consideró que “es lamentable que, de ser así en algunos casos, el sector
privado se haya aprovechado de esta situación para cobrar un bien que es
público y que es para el bienestar de la población y para luchar contra una
amenaza de todos”.
La voz de alerta sobre esta situación presuntamente
irregular la dio a mediados de mayo el congresista Arón Espinoza, quien pagó
hasta 4.000 soles (1.166 dólares) por pruebas para su familia en una clínica
privada y en cuyos resultado figuraba que el análisis había sido realizado en
un laboratorio del INS.
LAS CLÍNICAS SE DEFIENDEN
La Asociación de Clínicas Particulares del Perú (ACEP)
emitió un comunicado donde no descartó que sus miembros hayan cobrado un coste
excesivo por la toma de muestras moleculares a domicilio, pero consideró
que serían casos puntuales y no algo generalizado.
Este gremio recordó que el usuario que contrata a una
clínica privada para que le tome una muestra de descarte de COVID-19 debe
hacerse cargo de los honorarios del personal, su traslado y el equipo de
protección usado.
Al respecto, el subjefe del INS, Víctor Suárez, explicó en
medios locales que las clínicas pueden cobrar por el servicio de tomar la
muestra a domicilio y enviárselas a ellos, pero no por analizarla, por lo que
está en discusión es si ese coste es excesivo.
El Congreso también se interesó por investigar el caso y la
parlamentaria Robertina Santillana, presidenta de la comisión de defensa del
consumidor, anunció que pedirá facultades para tratar estas presuntas
irregularidades en mitad de la pandemia.
EL MINISTERIO PUBLICA EL TARIFARIO
Tras saltar esta polémica, el Seguro Integral de Salud
(SIS), administrado por el Ministerio de Salud, publicó un tarifario para
la atención de sus asegurados con COVID-19 en los servicios de unidad de
cuidados intensivos (UCI) y hospitalización en las instituciones privadas y
mixtas.
Perú es con diferencia el país de Latinoamérica que más
pruebas de COVID-19 ha realizado por cada millón de habitantes, con alrededor
de 1,1 millones de muestras tomadas, aunque la gran mayoría son serológicas
(rápidas).
Este gran número de pruebas ha llevado a que Perú registre
179.000 contagios acumulados, que lo sitúan como el segundo país de
Latinoamérica después de Brasil más afectado por la pandemia y el décimo del
mundo. De todos ellos han fallecido al menos 4.894 confirmados por tener el
virus SARS-CoV-2.
Con información de EFE
