La Fiscalía General del Estado (FGE) de Chiapas tiene
abiertas tres carpetas de investigación por “abuso de autoridad” vinculadas al
supuesto búnker VIP existente en el Hospital de Especialidades Vida Mejor,
del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Chiapas
(Isstech), ubicado en Tuxtla-Gutiérrez.
La causa abierta contra el doctor Vicente Grajales Yuca, detenido
y encarcelado el 25 de julio tras ser acusado de apropiarse de una bomba
de inducción donada por la familia de un paciente que falleció, fue el punto de
partida.
Al hacerse público el caso, diversos particulares se
pusieron en contacto con la Fiscalía para presentar sus propias denuncias. Se
investiga la existencia de un espacio al interior de un hospital público
destinado a personalidades que contraían COVID-19, que no eran
derechohabientes, pero que recibían un trato preferencial.
Actualmente en la FGE hay cuatro carpetas de investigación
abiertas en relación al hospital Vida Mejor. La primera es contra Grajales
Yuca, que actualmente está en prisión domiciliaria y que reivindica su
inocencia. Las otras tres son contra directivos de la institución médica cuya
identidad no ha trascendido.
Las grandes interrogantes: si existió el búnker VIP para
enfermos COVID-19 en el hospital, quién lo organizó y quién se benefició de
esta estructura privada al interior de un centro público.
“Hay zona Covid VIP y hay pruebas”, dijo Juárez Navarro en
una conferencia celebrada el miércoles en Tuxtla-Gutiérrez. Según el abogado,
la investigación “ya no apunta a Grajales, sino a altos rumbos”.
La defensa de Grajales Yuca, ejercida por el abogado Antonio
Juárez Navarro, mantuvo recientemente encuentros con el fiscal general de
Chiapas, Jorge Llaven Abarca, y se ofreció para aportar pruebas sobre la
existencia del búnker VIP.
Asegura tener testimonios, fotografías y aporta datos como
la existencia de ventiladores mecánicos “de última generación” que “no podían
ser utilizados por los derechohabientes”.
Animal Político consultó con el departamento de
comunicación social del hospital Vida Mejor, que explicó que la institución no
tiene previsto ofrecer entrevistas mientras duren las investigaciones.
Por el momento, los directivos del Vida Mejor están siendo
investigados en las tres carpetas abiertas por la FGE.” Se están realizando
todas las diligencias para integrar las carpetas y que los delitos no queden
impunes”, dijo la Fiscalía.
La existencia de este supuesto búnker fue denunciada tras el
operativo contra el doctor Grajales Yuca, detenido el 27 de junio por un
presunto delito de abuso de autoridad.
La denuncia la interpuso Karen Alejandra Ramírez, hija de
Miguel Arturo Ramírez López, un influyente político de Chiapas que pasó por el
PRI, el PAN y el Verde. Ramírez López contrajo COVID-19 y falleció el 7 de
julio en el Hospital Vida Mejor.
10 días después, su hija presentó una denuncia ante la FGE
acusando al doctor Grajales Yuca de pedirles que compraran medicamentos para su
padre y apropiarse de una bomba de infusión, un aparato para dispensar los
tratamientos a los pacientes y que está valorado en 42 mil pesos.
Según la denuncia, el doctor pidió a la familia quedarse con
el aparato a cambio de dispensar al padre una medicina.
De este modo, contra Grajales Yuca está la denuncia
presentada por la hija del paciente fallecido (y sus dos hermanas) y el
testimonio de una colaboradora, Ana Paola, que también trabaja en el hospital.
En defensa del doctor está su propio testimonio y el de otra
enfermera, que aseguró ante el juez que el doctor jamás tocó esa bomba, que
personas que aseguraban ser familiares de Miguel Arturo Ramírez López (en
concreto su yerno) dijeron que querían donarla.
Además, la defensa del doctor hizo pública una conversación
grabada el 20 de julio, dos días después de que se interpusiese la denuncia, en
la que Karen Alejandra Ramírez agradece el trato recibido y reconoce que su
padre fue trasladado al búnker VIP por su influencia, ya que él no era
derechohabiente.
Cinco días después, Grajales Yuca fue detenido y encarcelado
en el Centro de Rehabilitación Social “El Canelo”, de Chiapa de Corzo, bajo la
medida de prisión preventiva oficiosa. Allí permaneció una semana hasta que
tuvo que ser hospitalizado y después enviado a casa con prisión domiciliaria.
El doctor padece una cardiopatía grave por lo que el juez de control estimó
enviarlo a casa, aunque todavía vinculado a proceso.
En principio, el juez dio cuatro meses para continuar con
las investigaciones. Sin embargo, el abogado Suárez Navarro está convencido de
que Grajales Yuca podrá ser exonerado en las próximas horas o días.
La defensa pide un cambio del juez de control, Carlos
Inocencio Hernández Urbina, a quien acusa de actuar de forma irregular con su
cliente.
Por el momento, el defensor viene manteniendo diversas
reuniones con autoridades. Asegura que su objetivo no es llegar a un acuerdo
sino, por un lado, presentar las pruebas que exoneran al doctor y, por otro,
colaborar con la justicia para perseguir a las personas que estaban detrás de
la estructura paralela del hospital.
Grajales Yuca aseguró que jamás se quedó con material médico
y que la escasez de insumos era habitual. Una de sus primeras denuncias fue
sobre el presunto búnker VIP en el que se atendían a políticos, empresarios y
funcionarios que accederían por recomendación y señaló como responsable al
director general del Instituto, Alberto Cundapí Núñez.
Según su testimonio, él era quien encargaba al personal
estar pendiente de los pacientes que llegaban a esta zona, que estaba aislada
del resto y en la que no se atendía a derechohabientes sino a personas
influyentes.
El caso del doctor Grajales Yuca ha provocado la solidaridad
de colectivos de personal de Salud. El domingo, cientos de personas con
batas blancas se manifestaron tanto en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, como en
Ciudad de México y en otros puntos del país exigiendo la libertad del médico.
Fuente: Animal político
