La condición de vida de un adulto mayor se torna difícil por
la pérdida de oportunidades de trabajo, actividad social y, en el peor de los
casos, porque son excluidos o rechazados por sus mismas familias o entornos
sociales, señaló ayer la diputada Milagros Romero Bastarrachea en la tribuna
del Congreso, en la presentación de su iniciativa para reformar y adicionar
disposiciones a la Ley para la Protección de los Derechos de los Adultos
Mayores y adicionar disposiciones al Código Penal sobre ese tema.
Muchos adultos mayores terminan en situación de calle,
sometidos a condiciones deplorables de vida y son lesionados, sometidos a
tortura y tratos crueles, inhumanos o degradantes, y a veces causándoles la
muerte, agregó. “Esta realidad debe cambiar y debemos legislar a favor de este
grupo vulnerado, para darles las herramientas jurídicas que les permitan defenderse
de la vida y sus agresores”.
En Yucatán, informó la diputada, el envejecimiento
demográfico será considerable en la década en curso; de acuerdo con el Coespo,
este año el Estado tiene 265,160 adultos de 60 años de edad o más, son el 11.7%
total de los habitantes y en 2030 pasarán a ser 373,272, cien mil personas más.
Por tanto, la diputada propone reformar el Código Penal para
establecer como acción dolosa o culposa la que ocasione lesiones que pongan en
riesgo la vida; tortura y tratos crueles, inhumanos o degradantes, o que causen
la muerte de un adulto mayor, realizadas por personas, ya sea parientes
consanguíneos o desconocidos.
También se propone que las instituciones, sean públicas,
privadas o sociales, dedicadas a la atención de los adultos mayores que
incurran en esos delitos sean clausuradas por la Secretaría de Salud, previo
mandato de autoridad judicial.
La Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia podrá
imponer a los responsables sanciones de amonestación o multas de 40 a 150 Unidades
de Medida y Actualización (Umas).
En la misma sesión, Janice Escobedo Salazar, diputada del
PRI, presentó una iniciativa para modificar la Ley de los Trabajadores al
Servicio del Estado y los Municipios, y ampliar el permiso de paternidad que se
da a los burócratas, de hasta 10 días, para que sea de ocho a 15 días a partir
del nacimiento del bebé.
“Se propone una serie de supuestos donde el trabajador podrá
solicitar una ampliación del permiso hasta por 10 días más, en casos como el
fallecimiento de la madre durante el parto, si el infante nació con algún tipo
de discapacidad o si requiere atención hospitalaria al nacer”, indicó.
En su turno, María Teresa Moisés Escalante, diputada del
PRI, propuso reformar la Ley de Gobierno del Poder Legislativo y su reglamento,
para incluir un intérprete de lengua de señas mexicana durante las sesiones
ordinarias y de la Diputación Permanente, para que el Congreso de Yucatán sea
más inclusivo, en este caso, con las personas con deficiencia sensorial
auditiva.
Lengua de señas
María Teresa Moisés Escalante, diputada del PRI, propuso
reformar la Ley de Gobierno del Legislativo y su reglamento para incluir un
intérprete de lengua de señas mexicana durante las sesiones ordinarias y de la
Diputación Permanente, a fin de que el Congreso sea más inclusivo, en este
caso, con las personas con deficiencia sensorial auditiva.
Fuente: Megamedia
