La expresidenta del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación de México (SNTE) Elba Esther Gordillo, considerada durante décadas la mujer más influyente del país, intentó ocultar sin éxito seis millones de dólares en la Banca Privada d’Andorra (BPA) en abril de 2012, según una investigación de EL PAÍS.
La sindicalista indicó a esta entidad financiera que el dinero procedía de la herencia de su madre, Zoila Estela Morales Ochoa, maestra rural en las comunidades indígenas de Chiapas y fallecida en 2009.
Gordillo planeaba transferir los seis millones a Andorra a través de una empresa holandesa controlada por la sociedad fiduciaria Grupo Fidemont, una de las firmas a las que también recurrió Juan Ramón Collado, abogado del expresidente de México Enrique Peña Nieto, del PRI, para enviar fondos a la BPA, donde movió 120 millones de dólares.
La sindicalista, conocida como La Maestra, preveía justificar la transferencia del dinero desde México a la firma holandesa como un supuesto pago a la exportación. Y, para convencer a la entidad andorrana de la legalidad de los fondos, entregó a la BPA una copia de su pasaporte, del testamento de su madre y documentos mercantiles de las compañías por donde circularía su capital antes de aterrizar en el pequeño país europeo.
El comité de prevención de blanqueo de la BPA —el órgano del banco encargado de autorizar la apertura de cuentas de clientes de riesgo— rechazó admitir a Gordillo tras analizar informaciones periodísticas sobre su “inexplicable riqueza”. El banco también destacó, según un documento interno, la “falta de transparencia” en la gestión de las ayudas recibidas por SNTE durante los Gobiernos de Carlos Salinas de Gortari (1988-1994), Ernesto Zedillo (1994-2000), Vicente Fox (2000-2006) y Felipe Calderón (2006-2012).
“El patrimonio de la familia de la señora Gordillo se ha generado por la posición política de ella”, advirtió la entidad financiera en un acta confidencial del 19 de abril de 2012 en la que reseñaba las “muchas propiedades y el gran patrimonio en México” de la sindicalista. El documento justificaba la negativa del banco como cautela para evitar un riesgo reputacional.
El intento de Gordillo de abrir una cuenta en la BPA se produjo 10 meses antes de que la sindicalista fuera detenida en el Estado de México por desvío de fondos, fraude fiscal, delincuencia organizada y lavado de dinero. Se le acusó entonces de saquear 120 millones de euros del sindicato SNTE —el mayor de Latinoamérica, con 1,6 millones de afiliados— a través de un entramado de cuentas bancarias en Estados Unidos, Suiza y Liechtenstein. Cinco años después de su arresto, La Maestra fue absuelta de los cargos. La Fiscalía no pudo acreditar las acusaciones.
Marcos del Toro, abogado de Gordillo, respondió por teléfono a este diario que la sindicalista “no pretendió jamás abrir una cuenta allí, ni tiene cuentas en Andorra. Desconocemos si alguien lo intentó en su nombre”.
La misteriosa cuenta de 604.775 dólares
Por otra parte, un juzgado de Andorra investiga desde 2013 la presunta conexión de Gordillo con una cuenta en el banco de este país europeo Andbank de 604.775 dólares. Las pesquisas, que inició la magistrada María Ángeles Moreno bajo el número de diligencias 3102003, mantienen como investigados por un presunto delito de blanqueo de capitales a los hermanos mexicanos Álvaro y Laura Victoria Quintana Díaz, titulares de la cuenta, el primero exasesor financiero del sindicato SNTE; Alfredo Solloa Junco, expresidente de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF) —entidad estatal encargada de supervisar a las aseguradoras en México— y al letrado Ricardo Zazueta Chávez, ligado a una sociedad que aparece vinculada al caso.
Junto a ellos, también están investigados en Andorra los mexicanos Alfredo y Alfonso Solloa y la sociedad Servicios y Procesos Altus S. A. de C.V.
La magistrada andorrana ha remitido una comisión rogatoria (petición de auxilio judicial) a México para tratar de probar la relación de Gordillo con los investigados, tesis que sostiene la Fiscalía andorrana. La solicitud todavía no ha obtenido respuesta, según fuentes próximas a la defensa de los titulares de la cuenta que desvinculan a La Maestra con los investigados. La juez andorrana ha pedido una copia autentificada de la sentencia del tribunal mexicano que absolvió a Gordillo.
Pese a que Álvaro Quintana Díaz niega ninguna relación con Gordillo, fue asesor fiscal del sindicato que lideró La Maestra. Además, Quintana constituyó en 2006 con la madre de Gordillo la firma de ingeniería Comercializadora TTS de México, S. A. de C. V., según la revista Proceso. La mercantil fue utilizada para adquirir una propiedad en California que se vendió en 2019 por 3,75 millones de dólares, según Milenio.
Marcos del Toro, abogado de la exdirigente sindical, asegura que su clienta desconoce la existencia de las pesquisas andorranas y niega una relación con la cuenta y el dinero que se está investigando desde 2013. “De esas personas que usted me menciona, [Gordillo] solo conoce a Álvaro Quintana porque fue el asesor fiscal del sindicato. La señora Gordillo se dedicó a atender al sindicato en cuerpo y alma en la parte política y sindical, la financiera la delegó siempre. Además, ese no era su fuerte. Es cierto que su madre y Quintana crearon una sociedad, pero este último solo tenía una acción. Su participación era simbólica”.
Cuando EL PAÍS inició hace un año esta investigación, el letrado Ricardo Zazueta colgó el teléfono a uno de sus redactores tras asegurar: “Lo que sea es falso”. Zazueta, que colaboraba con Quintana durante el tiempo que este trabajó para el sindicato, no ha respondido a las preguntas de este diario.
Álvaro Quintana y Ricardo Zazueta declararon en Andorra ante la juez que investiga el caso. El primero aseguró que la cuenta no tenía ninguna relación con Gordillo. “Se trata de unas diligencias previas desde 2013 en las que no ha habido procesamiento. Mi cliente ha demostrado el origen del dinero. No tiene nada que ver con la sindicalista”, afirma el abogado andorrano de los hermanos Quintana. EL PAÍS no ha podido recabar la versión del resto de los investigados en el Principado por su vinculación con la cuenta que acumuló 604.775 dólares.
Gordillo, de 76 años, fue considerada la mujer más influyente de México durante los gobiernos panistas de Fox y Calderón. Su relevancia se fraguó durante las más de dos décadas de presidencia del sindicato SNTE, donde aterrizó de la mano del expresidente mexicano Carlos Salinas de Gortari, del PRI.
El sindicato le catapultó hasta la formación tricolor, donde lo fue todo: secretaria general, diputada y senadora. Expulsada del PRI en 2006, La Maestra vio cómo su poder se diluía con la llegada al Ejecutivo de Enrique Peña Nieto, en 2012. Tras apoyarle en su campaña, se distanció del priista por una reforma educativa que minaba la proyección de su poderoso sindicato.
El banco que tanteó Gordillo para colocar la supuesta fortuna de su madre, la BPA, fue intervenido en marzo de 2015 por blanquear presuntamente fondos de grupos criminales como Odebrecht, el gigante brasileño de la construcción que protagonizó la mayor trama de sobornos de América.
La BPA acogió los fondos inconfesables de destacados dirigentes del PRI —tal y como reveló EL PAÍS— como el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo Maza, que ocultó 1,5 millones; los exdiputados Oscar Javier Lara Arechiga (seis millones) y Francisco Arroyo Vieyra (un millón). También eligió este banco la senadora Sylvana Beltrones Sánchez, hija única del que fuera hasta 2016 presidente del PRI y una de las figuras más influyentes de la política mexicana, Manlio Fabio Beltrones. Sylvana Beltrones depositó en esta institución financiera 10,4 millones entre 2009 y 2010, según una investigación de este periódico.
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