La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) le exige a sus estudiantes un pago de hasta 20 mil pesos a aquellos estudiantes que optan por cursar un diplomado para obtener su titulación.
Sin embargo, Abraham Cano, un joven egresado de la carrera de Derecho en la Facultad de Estudios Superiores (FES) Acatlán se opuso a la medida, se amparó y le ganó a la máxima casa de estudios.
En entrevista para Grupo Fórmula, el joven argumentó que el cobro no sólo es inconstitucional, sino que va contra los derechos humanos, pues viola tanto artículos de la Constitución como de la Ley General de Educación Superiores emitida en 2019.
“Me di cuenta que había una violación a derechos humanos. Yo tengo ese derecho y ellos tienen la obligación de hacerlo, pero me están cobrando y me están diciendo que no puedo acceder a un diplomado para titularme, sino pago cierta cantidad de dinero”, comentó en entrevista con Grupo Fórmula.
En 2019 se reformó el artículo 3 de la Constitución Política de México y se consideró la obligatoriedad de la Educación Superior, creándose más adelante la Ley General de Educación Superior que rige también a las universidades públicas autónomas.
La UNAM quiso defenderse alegando su autonomía, pero al ser una institución que recibe recursos del gobierno mexicano, se ve obligada a atenderse a las leyes y reglamentos del Estado.
“A veces pensamos que como (la UNAM) es autónoma, se sustrae de lo que dice en el Estado o de las leyes. Incluso hay personas que me han dicho que no la regulan las leyes mexicanas, pero claro que la regula. Su presupuesto viene del Estado”, explicó el egresado.
En su cuenta de Twitter, Abraham Cano compartió la resolución del amparo que le fue concedido.
De hecho la Ley señala que como parte del principio de gratuidad, el Estado buscará eliminar progresivamente cobros de instituciones públicas inscripción, reinscripción y cuotas escolares ordinarias, en los programas educativos de técnico superior universitario, licenciatura y posgrado.
El amparo de Cano, al que Grupo Fórmula tuvo acceso, señala en específico que existe una “omisión de garantizar el derecho fundamental a la gratuidad en la educación superior, al condicionar el acceso a la titulación bajo cualquier modalidad al cobro bajo cualquier denominación para inscribirse a los diplomados con opción de titulación del Centro de Educación Continua de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán (CEC)”.
Pese a que la universidad negó que esto fuera válido, un juez le otorgó a Cano un suspensión definitiva que hoy en día le permite cursar clases del diplomado, sin aparente distinción de sus compañeros.
“No podemos seguir esperando, quedándonos callados a este tipo de corrupciones que en realidad no sabemos dónde va el cobro de los diplomados”, dijo el estudiante.
Cano dijo que espera sentar un precedente para que los estudiantes puedan ejercer sus derechos, pues señaló que las complicaciones económicas muchas veces impiden a los universitarios titularse por esta opción. La sentencia definitiva se dará a conocer el próximo 14 de marzo.
