Ya no tendrán ley a modo Morena... por eso la molestia
La Consejería Jurídica del Ejecutivo reclamó este miércoles que el proyecto del ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Javier Laynez Potisek, —que plantea invalidar la segunda parte del plan B electoral— vulneraría el principio de imparcialidad y favorece a la oposición.
En un comunicado, la oficina de presidencia criticó el proyecto que será votado este jueves.
“La SCJN se estaría transformando en una simple oficina de verificación procedimental al servicio de las minorías parlamentarias y renunciaría a su papel de revisor constitucional de las normas”, se lee en el desplegado.
La consejería jurídica aseguró que el proyecto de Laynez Potisek califica como confusión que las minorías no se enteraran sobre la propuesta que se estaba discutiendo.
“Que los diputados de oposición no hayan puesto la debida atención a la publicación de la iniciativa y a la conducción de la Mesa Directiva a cargo del diputado Santiago Creel Miranda, no es razón suficiente para invalidar una ley aprobada por la mayoría del Congreso de la Unión”, añadió.
Además, acusa que el proyecto destaca “supuestas deficiencias” del procedimiento para invalidar el decreto.
Recomendamos: Suprema Corte proyecta invalidar la segunda parte del plan B electoral por violaciones al proceso legislativo
Sin embargo, la consejería afirmó que fue la decisión de la oposición no participar en el proceso deliberativo.
“Nuevamente, se rehusaría a estudiar el fondo del asunto, lo que implicaría anular la voluntad de la mayoría de la población que otorgó un mandato constitucional al Poder Legislativo para transformar el actual régimen electoral en beneficio del pueblo de México”, publicó.
De acuerdo con el proyecto publicado por la Suprema Corte, el Congreso cometió las mismas violaciones que llevaron a los ministros a invalidar la primera parte del plan B electoral. Además, en este caso, los legisladores cambiaron la iniciativa al momento de su discusión y ambas cámaras del Congreso modificaron artículos ya votados, lo cual está prohibido por la Constitución.
