El Instituto Nacional Electoral (INE) ha propuesto que los aspirantes presidenciales participen en tres debates en distintas sedes de Ciudad de México. La Comisión Temporal de Debates del INE ha aprobado un acuerdo —que aún debe ser votado por el Consejo General— en el que se establece que los encuentros se llevarán a cabo el 7 de abril, el 28 de abril y el 19 de mayo. A los ejercicios están convocados Claudia Sheinbaum, abanderada de la coalición Sigamos Haciendo Historia (Morena, PVEM y PT); Xóchitl Gálvez, de Fuerza y Corazón por México (PAN, PRI y PRD), y Jorge Álvarez Máynez, de Movimiento Ciudadano (MC).
Solo el segundo y el tercer debate son de asistencia obligatoria para los aspirantes presidenciales. Por lo mismo, esos deben ser transmitidos forzosamente por los concesionarios de radio y televisión, es decir, las empresas públicas y privadas que explotan el espectro radioeléctrico, propiedad del Estado mexicano. El acuerdo plantea que el primer debate se realice en la sede del INE, en la alcaldía Tlalpan. El segundo, en los Estudios Churubusco, en Coyoacán. El tercero, en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco, en Cuauhtémoc.
El primer encuentro llevará por título La sociedad que queremos y versará sobre educación y salud; transparencia y combate a la corrupción, y no discriminación, grupos vulnerables y violencia machista. Conforme al formato aprobado, allí los participantes deberán responder a preguntas de la ciudadanía enviadas a través de redes sociales y plataformas digitales. El segundo debate, La ruta hacia el desarrollo de México, se centrará en crecimiento económico, empleo e inflación; infraestructura y desarrollo; pobreza y desigualdad, y cambio climático y desarrollo sustentable. Allí se permitirá al público presente en el plató cuestionar a los aspirantes presidenciales.
El tercer encuentro, Democracia y gobierno: diálogos constructivos, abordará la política social; inseguridad y crimen organizado; migración y política exterior, y democracia, pluralismo y división de poderes. En este debate no habrá público y no se recogerán preguntas de la gente. Se buscará el cara a cara entre los participantes, a fin de “privilegiar la interacción entre las candidaturas, además de mostrar a las y los electores la capacidad de respuesta y templanza de las personas debatientes al momento de ser cuestionadas directamente”, ha indicado el INE.
Se ha incluido un criterio de “regionalización”, con el que se busca que los aspirantes aterricen sus propuestas y respuestas en los problemas particulares de los 32 Estados de México. Con este formato, el INE pretende dar la vuelta al hecho de que los tres debates se realizarán en la capital del país. Durante décadas, los Estados y provincias han criticado el excesivo centralismo político y de la toma de decisiones desde Ciudad de México. El centralismo es un fenómeno que se ha forjado de la mano de otro rasgo de la cultura política mexicana: el presidencialismo.
Los nuevos tiempos habían venido con un esfuerzo de descentralizar la política y dar cabida en igualdad de condiciones a los problemas regionales. En la elección presidencial de 2018, el INE organizó debates en Tijuana, Baja California; Mérida, Yucatán, así como en la capital. El programa aprobado para la elección de este año supone un paso hacia atrás.
La tradición de los debates presidenciales llegó a México en 1994, de la mano de la creación del Instituto Federal Electoral (IFE), ancestro del actual INE. La fractura del poder hegemónico del PRI coincidía con el inicio de la apertura democrática. La oposición consiguió arrebatar al Gobierno el control del colegio electoral, tras las sospechas de fraude en los comicios de 1988 (la ignominiosa caída del sistema). Los mexicanos exigían elecciones más libres y confiables. La del 94 dio aliento a la idea de que el país enfilaba por ese camino.
El formato de los debates ha ido cambiando con la época; ha ido de lo acartonado a lo flexible; de lo mesurado a lo excesivo. En el debate de 1994 participaron Ernesto Zedillo, abanderado del PRI; Cuauhtémoc Cárdenas, del PRD, y Diego Fernández, del PAN. En los debates del 2000, el candidato panista, Vicente Fox, acaparó las noticias por sus dotes de histrión ranchero y malhablado. En 2006, el abanderado perredista, Andrés Manuel López Obrador, faltó a un debate; la decisión le costó cara, pues sus contrincantes pidieron que su asiento se dejara vacío, para remarcar su ausencia. En 2012, en una decisión muy criticada, el IFE contrató edecanes con vestidos ajustados para asistir a los candidatos. En 2018, el formato se prestó para las propuestas disparatadas y los desplazamientos de los participantes en el plató. Es memorable el momento en que el candidato panista, Ricardo Anaya, se aproximó demasiado al aspirante de Morena, López Obrador, y este escondió su cartera, abonando a su discurso de que los políticos del “PRIAN” son ladrones.
Este año, la proximidad de los debates ha avivado la campaña presidencial y ha provocado intercambios entre las candidatas punteras de la contienda. Xóchitl Gálvez retó a Sheinbaum a presentarse a los debates si López Obrador “le daba permiso” (no obstante que dos de los tres debates son obligatorios). Sheinbaum replicó que no hacía falta pedir autorización para ir a los encuentros. El dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, abonó a los cruces. Dijo, irónico, que su partido iba a cerciorarse de que no se permitiera el uso de teleprompter en los debates, un dardo a la candidata opositora, que ha tenido que echar mano de ese recurso en varios de sus mítines.
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